En un comunicado dirigido a la Bolsa de Comercio de San Pablo tras el anuncio de reestatización, el presidente de ALL, Rodrigo de Moura Camps, informó que el grupo se había enterado de la medida tomada por el gobierno nacional “por las versiones periodísticas” y que no había recibido ninguna información oficial acerca de la decisión de cancelar las concesiones otorgadas en 1999.

En la misma nota, el titular de ALL deja en claro que su empresa mantiene “derechos económicos” sobre sus filiales en nuestro país, y que se tomarán “las medidas legales que correspondan” una vez que el Estado argentino le comunique la anulación por vías oficiales.

“En vista del actual escenario político y económico de la Argentina, la compañía venía buscando potenciales inversores interesados en adquirir una participación en las concesiones de ALL Argentina”, explicó en la nota Moura Camps, quien no se privó de dejar en claro que ya no era rentable la operación de las dos líneas de cargas para el grupo.

“A ALL Argentina se tornó poco representativa a lo largo de los años en los resultados consolidados de la compañía”, enfatizó en el comunicado, que puntualiza que el año pasado “los resultados de ambas concesiones correspondieron a 6,5 por ciento del ingreso líquido” de la empresa.

Durante la conferencia de prensa brindada por el ministro Florencio Randazzo, este martes en la Casa Rosada, el jefe de la cartera de Transporte denunció “graves irregularidades” por parte de ALL que fueron detectadas tras una auditoria iniciada en noviembre, entre ellas incumplimiento de inversiones y del pago del canon por más de seis meses y abandono de ramales.

Randazzo no hizo referencia ayer a una futura compensación a las empresas a las que se les revirtió las concesiones y señaló que esta decisión no tendrá costo alguno para las arcas públicas, ya que los contratos contemplan “cláusulas muy claras” sobre los casos de cancelaciones por incumplimiento.

“Si quieren reclamar que vayan a la vía judicial”, desafió Randazzo, quien subrayó que tanto ALL como el grupo Soldati -al que se le quitó el control del Tren de la Costa- “no cumplieron con los objetivos propuestos” y que por lo tanto era lógico que se tengan que ir, consignó Infobae.