“El propio presidente de la Nación y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que no sólo se han visto involucrados en el tráfico ilegal de armas sino también en actividades como las investigadas, que han conducido a causar de un estrago de magnitudes inusitadas destinado, cuanto menos, a encubrir esta actividad ilícita”, se señala en uno de los párrafos del escrito.

Los querellantes Ricardo Monner Sans, Horacio Viqueira y Aukha Barbero cuestionan que la Cámara “ha entendido, con error, que debía operar como Tribunal Oral y ello se advierte porque la estructura del pensamiento de la mayoría apunta a ‘absolución o condena’ sobre la base de requerir pruebas sustantivas.
Sustantivas pruebas que se corresponden con el pensamiento y la estructura del juicio oral y de ninguna manera con este momento o estadio procesal”.

“La concepción de la autoría mediata a través del uso de una estructura organizada de poder, resulta plenamente aplicable en la especie toda vez que la estructura jerárquica de la Dirección General de Fabricaciones Militares y de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, posibilita a quien se encuentre en su vértice o cuadros jerárquicos subordinados, al uso de todo o parte de la fuerza bajo su mando en la comisión de los hechos ilícitos”, indicaron los apelantes.

Imputados

En el expediente fueron imputados los oficiales del Ejército retirados Jorge Antonio Cornejo Torino, Edberto González de la Vega, Diego Gatto y Carlos Franke, y el civil, ex subinterventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), Norberto Emmanuel, todos bajo la carátula de “estrago doloso agravado por la muerte de personas”, publicó Perfil.