La política de vivienda del gobierno kirchnerista recibió, desde un primer momento, severos cuestionamientos de la oposición y de los organismos de control, como la AGN, los cuales alcanzaron su punto más alto cuando estalló el escándalo Schoklender. Este caso desnudó las arbitrariedades y los millonarios desvíos de fondos públicos en la construcción de viviendas que tuvo a su cargo el programa Sueños Compartidos, promovido por Sergio Schoklender, mano derecha de Hebe de Bonafini en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, según señala LaNación.

Según el titular de la AGN, Leandro Despouy, la ejecución del Plan de Vivienda Techo Digno -el objeto de la última auditoría- guarda sugestivas similitudes con el caso Schoklender. "Este informe de la AGN sobre el plan Techo Digno, al igual que los programas Sueños Compartidos y Fortalecimiento del Hábitat en Jujuy, que hemos auditado previamente, presentan las mismas observaciones", advirtió Despouy, quien detalló que se detectaron "demoras injustificadas en el otorgamiento de los títulos de propiedad, manejos clientelares en las adjudicaciones de las obras y falencias en la construcción de las viviendas".

Para Despouy, la política de vivienda del gobierno kirchnerista "ha sido un fracaso". "Los programas se llevan adelante sin la adecuada rendición de cuentas y se incumplen los estándares mínimos de calidad de las viviendas sociales, perjudicando a las personas más vulnerables", alertó.

El objeto del informe de la auditoría de la AGN fue el programa Techo Digno, que depende del Ministerio de Planificación Federal. Lanzado en 2009, es uno de los planes más importantes de la cartera que conduce Julio De Vido, no sólo por su magnitud presupuestaria -este año se le destinaron $ 5500 millones-, sino por su relevancia política, pues el reparto de las obras y su consecuente financiamiento dependen del grado de cercanía de las provincias y de los municipios al gobierno nacional.

El programa, acorde con los datos de la auditoría, demostró no haber sido demasiado eficaz. En efecto, de las 130.000 viviendas previstas en el lapso de los ejercicios 2008-2011 se terminaron 89.880, el 69 por ciento.

Para realizar su informe, la AGN tomó una muestra del programa y se focalizó en los planes ejecutados entre 2009 y 2012 en Tucumán y en los municipios de Ezeiza, José C. Paz, Florencio Varela y La Plata, en la provincia de Buenos Aires. De todos ellos, el 95% incurrió en demoras en la ejecución e incumplió los plazos previstos en los convenios respectivos.

Por otra parte, el informe precisa que en 68 de las 91 obras que componen la muestra, el monto del contrato fue redeterminado en sus precios.

Principales problemas

Las conclusiones centrales del informe son las siguientes:

Ejecución financiera de las transferencias de fondos: el control es dificultoso pues el seguimiento de los desembolsos por certificaciones de obra, de la redeterminación de precios y de su consecuente rendición de cuentas es realizado por distintas áreas separadas sin interrelación.

Obras: se constataron incumplimientos de los estándares mínimos de calidad. Los entes ejecutores (provincias y municipios) no realizan las inspecciones suficientes.

Demoras: las falencias en la gestión se evidenciaron en demoras significativas en el avance de las obras y en la existencia de viviendas paralizadas. Esto deriva en consecuencias como el desgaste de los materiales expuestos por el paso del tiempo, el riesgo de intrusión y vandalismo, la generación de mayores costos y el aplazamiento para la adjudicación de las viviendas a los destinatarios.

Beneficiarios: se carece de parámetros objetivos para la selección de las familias que acceden al beneficio.

También se advierte que el 88% de las rendiciones de cuentas de los fondos nacionales recibidos por parte de los entes ejecutores fueron incompletas. Y hay, además, una deficiente implementación del sistema de recupero de cuotas.

El informe de la AGN no sólo señaló las serias irregularidades en el manejo de los fondos del plan Techo Digno y la falta de control por parte de las autoridades, sino que también advirtió sobre las severas deficiencias en la construcción misma de las viviendas.

En este sentido, el trabajo de auditoría advirtió que la Secretaría de Urbanismo y Vivienda, que depende del Ministerio de Planificación, "no exigió que los Entes Ejecutores (provincias y municipios) requirieran a las contratistas el cumplimiento de los estándares mínimos en las obras".

Las viviendas revisadas por la AGN forman parte de una muestra que comprende los planes ejecutados en Tucumán y distintos municipios de Buenos Aires. En su recorrido, los técnicos de la Auditoría detectaron "deficiencias en el acondicionamiento térmico de las viviendas, lo que afecta el uso racional de la energía". Asimismo, advirtió que "las carpinterías empleadas no son las recomendadas por los estándares y debilita la vida útil mínima de las viviendas".

Por otra parte, alertó que las viviendas carecen de "elementos de seguridad contra intrusiones" y que los aleros no tienen la dimensión suficiente para prevenir las consecuencias de las malas condiciones climáticas.