Los empresarios del transporte interurbano de pasajeros responsabilizaron al gobierno provincial por un eventual crack financiero que pudieran atravesar debido a la demora en definir un incremento de las tarifas del 50 por ciento, solicitado hace un año y reiterado en marzo último, de modo de equilibrar sus números y además poder afrontar los sucesivos aumentos de salarios de los choferes, el último del orden del 26 por ciento que se fijó a principios mes.

Desde 1996 la tarifa que pagan los usuarios del servicio interurbano de pasajeros en Entre Ríos está congelada, y los sucesivos incrementos en los costos —desde la devaluación hasta ahora, las cubiertas crecieron un 170 por ciento, las unidades, un 100 por ciento, y el sueldo básico de un chofer se triplicó— fueron cubiertos con subsidios sobre el precio del gasoil que costea la Nación y que la provincia redistribuye. Pero ese beneficio sólo llega a las compañías de media y larga distancia; las firmas de corta distancia tienen una “compensación tarifaria”.

Aunque los subsidios se distribuyen con parámetros propios de Buenos Aires sin considerar las particularidades de cada región y, por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, al no existir la obligatoriedad de la revisión técnica vehicular de todas las unidades, soportan una “penalización” y se les rebaja el beneficio en un 30 por ciento, según dijo a El Diario Fernando Barzan, titular de la Asociación de Empresas del Transporte Automotor (AETA).

La semana pasada, la cámara de empresas de transporte publicó una solicitada en la que responsabilizó directamente al Gobierno por la falta de respuestas a los reclamos hechos, y anunciaron que no acatarán la obligación de aplicar aumentos en los salarios debido a la imposibilidad financiera de afrontarlos. En un durísimo pronunciamiento, AETA cargó contra el Poder Ejecutivo entrerriano por “la falta de capacidad y desinterés” para resolver “los problemas de ingresos para hacer frente a los mayores costos del sector”.

Los empresarios subrayaron que los funcionarios provinciales —una clara alusión al titular de Transporte, Daniel Paduán— están en conocimiento de esa situación, aunque “han mostrado falta de capacidad y desinterés en la gestión para resolver los problemas de ingresos para hacer frente a los mayores costos del sector”. Y añadieron: “Es vuestra responsabilidad promover las medidas necesarias para concretar las acciones que nos permitan generar los recursos para garantizar la prestación del servicio”.

“Es un esfuerzo enorme el que hace la Nación para subsidiar el combustible, pero a nosotros no nos alcanza con eso. Hay otros costos. En 1996 el gasoil estaba a 0,40; hoy está a 0,82, aplicando el subsidio, y ese mismo nivel de incremento siguieron todos los costos. Durante la convertibilidad, el salario básico de un chofer era de 594 pesos, y ahora está en 1.400. En este esquema, la recaudación no nos alcanza para cubrir los costos operativos, y así es imposible seguir operando. Se va a producir un crack en el sector porque nosotros no estamos en condiciones de pagar el nuevo aumento de sueldos dispuesto”, alertó Barzan.

Y cuestionó la “demora” del área de Transporte en gestionar el otorgamiento de subsidios para la provincia. “Pero esto lo venimos planteando desde el año pasado, y recién ahora, cuando decimos que el 6 de junio se va a parar el sector, se ocupan del tema”, bramó Barzan.

El reclamo por una modificación de la tarifa, del orden del 50 por ciento, ya fue puesto en conocimiento del gobierno en enero de 2004, durante un encuentro de AETA con el gobernador Jorge Busti. En esa oportunidad, los empresarios también le pidieron al gobernador que el Estado entrerriano “recupere” el control del sistema de transporte de pasajeros debido a la existencia de “un sistema paralelo de transporte pseudo–legal”.

Esa vez, el titular de la cámara de transporte explicó: “Es necesario que en forma urgente el Estado retome el control del sistema de transporte porque la falta de control hace que se produzcan asimetrías”.

Los choferes ya anticipan que podría haber paro

El paro de los choferes de colectivos de corta, media y larga distancia ya tiene fecha: el 6 de junio. Si para esa fecha no hay acuerdos sobre cómo aplicar el aumento de salarios que rige desde principio de mes, en cifras que rondan el 26 por ciento, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) está dispuesta a ir al paro, según anticipó su titular, Juan Carlos Dittler.

El gremio ya puso en conocimiento de la Dirección Provincial de Trabajo (DPT) la nueva grilla de salarios vigente para el sector, aunque reconoció que inmediatamente de esa gestión, el martes 24, la AETA hizo su propia presentación ante el organismo en la que manifestó la imposibilidad de hacer frente al aumento salarial para sus empleados. “Si esto es así, desde el lunes nos declaramos en estado de alerta, y analizaremos qué medidas de fuerza adoptar, con la posibilidad de aplicar un paro y paralizar los servicios”, dijo Dittler. De todos modos, la huelga sólo podrá aplicarse luego de que transcurra el cuarto día hábil de junio, ya que hasta esa fecha las empresas tienen tiempo para abonar los salarios.