A través del decreto 100 fechado el 26 de enero pasado, el gobernador Jorge Busti dispuso la realización de auditorías en los entes estatales descentralizados, autárquicos y autónomos, y en la Administración Central a efectos de constatar el cumplimiento de las disposiciones realizadas por directivas y memorándums del Ejecutivo sobre contratación de personal para servicios y obra a comienzos del 2004.

La medida se tomó sobre la base de las disposiciones contenidas en las Directivas 3 y 5 GOB, así como en los memorándum P-109/2, P-110/2 y P-345/2 GOB dictados durante el año 2004, que tienen como fin lograr “que la planta de personal transitorio o la prestación por parte de terceros para ejecutar obras resultara, a partir de esta gestión de gobierno, más ordenada y regular tanto en la Administración Central como en los entes descentralizados”.

Con el propósito de controlar el estricto apego a tales disposiciones por parte de los entes descentralizados autárquicos y autónomos, el gobernador consideró “procedente” disponer la realización de auditorías, a practicarse por parte de la Contaduría General de la Provincia en los entes descentralizados, autárquicos y autónomos del Estado
Provincial, a efectos que se verifique “el efectivo cumplimiento de las disposiciones mencionadas” de las locaciones de servicios y de obras celebradas.

Dichas auditorías sean practicadas por los contadores auditores designados por la Contaduría General de la Provincia en cada uno de los entes descentralizados, autárquicos y autónomos, quienes deberán elevar un informe circunstanciado a la señora Contadora General de la Provincia al 31 de enero de 2005. En el caso del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) que no cuenta con contador auditor designado, se encomendó la realización de la auditoría en cuestión, a la señora contadora pública integrante de la Comisión Fiscalizadora Permanente del IOSPER en representación de la Contaduría General, contadora pública Teresa de Rubano.