Jorge Riani
Los intendentes justicialistas se han lanzado con inusual firmeza a reclamarle al gobierno de Jorge Busti que coparticipe el dinero que recibe por Ingresos Brutos. Amparada en una ley surgida de las entrañas de los pactos fiscales del menemismo, la provincia se queda con casi toda una recaudación que se ha triplicado en los últimos tiempos. Si bien las comunas han recibido más dinero por los fondos que gira la Nación, esperan que la provincia abra el grifo ahora, en tiempos de bonanza para las arcas entrerrianas por los notables niveles de recaudación.
De toda la gama de reclamos que el gobernador Jorge Busti ha visto apilarse en su escritorio de la casa gris, el que se sumó en los últimos días, con los intendentes de su propio partido como remitentes, fue el que más lo sobresaltó. Y no porque tenga reparos en las razones que solventan el pedido de aumento en las remesas de coparticipación, sino porque la situación roza en las fibras íntimas de un mandatario desvelado por mantener el liderazgo del justicialismo provincial.
Que los empleados de los hospitales quieran cobrar más, sí claro; que los maestros pidan acceder a la canasta familiar, es entendible; que los estatales pidan aumento, ya veremos, pero los compañeros intendentes haciendo reclamos... La cosa toma otro color.
¿Cómo juega en la interna del Partido Justicialista que los intendentes del palo sean los que levantaran la mano para pedir mayor coparticipación? ¿Cómo juega decir que sí al pedido para el futuro de la gestión? ¿Y qué influencia tiene decir que no en el juego del liderazgo justicialista? Las preguntas se agolparon en la mente del mandatario, que ha concentrado toda su energía y sus pensamientos de los últimos meses, precisamente, en forzar una reforma de la Constitución para garantizar la continuidad política.
Y en ese contexto, de pronto, los intendentes justicialistas se organizan para pedir al gobierno provincial que comparta lo que está recibiendo de la Nación y lo que recauda en el propio terruño. Como primera medida se decidió integrar una comisión de negociación con los representantes de las secretarías de Hacienda de ocho municipios, entre los que se encuentran Paraná, Gualeguay, Victoria, Concepción del Uruguay, Colón y Basavilbaso.
En rigor de verdad, los intendentes -no sólo justicialistas- han visto incrementada la cantidad de dinero que reciben mes a mes. Mientras en 2003 libraron recibos por 126 millones, el año pasado la provincia giró 182 millones, es decir que repartieron 56 millones más entre las comunas entrerrianas.
No obstante, los jefes comunales han formalizado el pedido al gobierno provincial y todo indica que no van ahorrar energía en el reclamo. Porque si bien es cierto que las arcas comunales se vieron favorecidas, no es menos cierto que la provincia se encuentra gozando de un período de bonanza, con la gran cantidad de dinero que le llega de coparticipación más la que recauda en concepto de Ingresos Brutos entre la población entrerriana.
El primer indicio firme de reclamo por parte de los intendentes justicialistas trascendió luego del encuentro que mantuvieron junto a sus secretarios de Hacienda, el pasado viernes, en el Centro Cultural de Hernandarias. En el encuentro se concentraron discusiones fuertes, propuestas de estrategias, posturas intransigentes, posiciones más flexibles, hasta que finalmente se decidió reclamar un incremento progresivo en la coparticipación de los Ingresos Brutos.
Concretamente, el pedido que quedó oficializado es que el porcentaje de coparticipación de ese impuesto, que se encuentra estancado desde 1995 en una suma fija, se eleve al 14 por ciento de lo que recaude en cada territorio comunal, de aquí a octubre próximo. Desde entonces y hasta marzo de 2006 se debe coparticipar el 21 por ciento, y a partir de noviembre del próximo año ese porcentaje debe estar ubicado en el 24 por ciento.
El pedido que los intendentes del PJ hacen no es otro que el de volver al espíritu de la ley de coparticipación, que quedó suspendida con los tristemente célebres pactos fiscales que el gobierno de Mario Moine firmó ante la atenta mirada inquisidora del entonces poderoso Presidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Moine hizo con las comunas lo que como gobernador permitió que la Nación hiciera a la provincia. Por esto mismo, es que el economista Roberto Schunk, consultado por ANALISIS, calificó al sistema de transferencia de fondos impositivos imperante desde los años del menemismo como la “ley del gallinero”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
