Natalia Buiatti
El 13 de septiembre de 2012, a través de una investigación del director de esta revista, se pusieron en conocimiento público los abusos cometidos por el cura Justo José Ilarraz en el Seminario Menor de Paraná. El trabajo provocó un fuerte cimbronazo en toda la región e incluso tuvo una importante repercusión internacional. La Procuración General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), a cargo de Jorge García, inició una investigación de oficio. Entre la profusa prueba que colectaron durante años los investigadores judiciales, existe una pesquisa interna (1995/1996) que ordenó realizar el entonces obispo Estanislao Esteban Karlic -ahora cardenal-, después de que algunos chicos se atrevieran a denunciar los vejámenes que sufrieron.
Pero esa no fue la única situación a través de la cual, la cúpula religiosa local tomó conocimiento de los abusos del cura Ilarraz. El propio Juan Alberto Puiggari durmió, durante años, en la habitación contigua a la de Ilarraz, donde se cometieron violaciones casi a diario.
Y no sólo Puiggari, otros sacerdotes también oyeron o vieron situaciones por demás extrañas en el trato que Ilarraz prodigaba a sus pequeños seguidores espirituales. En algunas oportunidades, lo sorprendieron mientras “jugaba” con los niños casi desnudos en su habitación privada o en el extenso dormitorio donde ubicaban decenas de camas para los chicos. Otros sacerdotes se enteraron por los fuertes rumores que corrieron como reguero de pólvora en la comunidad católica.
Varias denuncias y situaciones de extrema gravedad quedaron asentadas en los documentos clericales que, hasta la apertura de la investigación judicial, fueron guardados bajo siete llaves, escondidos y ocultados en perjuicio de esos niños y sus familias. Y ese ocultamiento de los documentos también tiene que leerse junto al silenciamiento que se coaccionó a los menores. Se los hizo a jurar para mantener “en secreto” los abusos.
El 15 de septiembre de 2010, un grupo de curas jóvenes de Paraná envió una carta al entonces monseñor Mario Maulión -hoy arzobispo emérito de esta Diócesis y radicado en Rosario-. A través de la misiva, los religiosos pusieron en conocimiento a su superior de los abusos cometidos por sacerdotes y alertaron especialmente sobre el caso Ilarraz. Aprovecharon esa oportunidad para manifestar su preocupación sobre el “silencio de las autoridades eclesiásticas” y porque podía ser “interpretado por nuestra feligresía como un acto de encubrimiento o complicidad”. “Creemos que tarde o temprano el caso va a salir a la luz y tememos por el impacto negativo que pudiera tener para la fe de nuestros creyentes y la confianza que depositan en nosotros. Nos parece que prolongar el silencio, a la larga, pueda dañar mucho más la imagen de la Iglesia en Paraná, que reconocer los sucesos y nuestra parte de responsabilidades en los mismos”, le escribieron a Maulión.
Las constancias son abundantes y diversas. Ninguno de los jefes de la Iglesia local puede arrogarse haber desconocido lo que sucedía. Pero nadie lo denunció. Prefirieron el silencio, eligieron encubrir a Ilarraz, sabiendo que el daño provocado en los chicos era irreparable, conociendo -en muchos casos de primera mano- que se había quebrado la humanidad de esos niños que debían proteger y acompañar en su desarrollo personal y espiritual.
El encubrimiento institucional
“Cuando comenzó la investigación judicial, se tomaron denuncias y se incorporaron elementos al expediente, como el mismo documento que varios sacerdotes le hicieron llegar a Puiggari, o esa carta de arrepentimiento que le entregó Ilarraz a Karlic con el pedido de perdón. Desde ese momento, el inicio de la causa, pedimos que se investigue el delito de encubrimiento, en principio por monseñor Karlic. A esto lo digo porque ya desde ese momento avizoramos que las personas abusadas le habían manifestado a él lo sucedido”, asentó el querellante Marcos Rodríguez Allende en diálogo con este medio.
(Más información en la edición gráfica número 1076 de la revista ANALISIS del jueves 19 de abril de 2018)
