El juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, dio detalles del desarrollo de la investigación para dar con el paradero de los cinco integrantes de la familia Gill, desaparecidos hace 17 años en Crucecita Séptima.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Acosta confirmó que las excavaciones “dieron resultado negativo” y admitió que “es una medida en la cual teníamos alguna moderada expectativa en razón de que la testimonial que nos aportó la información nos pareció bastante creíble y fundada”.

De todos modos, señaló que “esto es una búsqueda, y como toda búsqueda tiene que continuar y se sigue trabajando en la causa”.

Sobre el trabajo del EAAF, explicitó: “Respecto de este punto (a la vera del arroyo) ya quedó agotado pero el Equipo de Antropología Forense seguirá trabajando con nosotros y en ese sentido vamos a continuar el desarrollo del expediente, entrevistando gente como se venía haciendo y buscando información o datos que nos pueda servir para orientar la causa”

En cuando a la continuidad de la investigación, apuntó que “en principio las entrevistas o re-entrevistas se hacen con personas que ya pueden haber aportado a la causa y con nuevas personas, no tenemos un criterio restrictivo; y si creemos que hay algún dato que no cierra o que se puede aportar algo más, entrevistamos de nuevo a las personas no es una testimonial formal sino con visitas más bien informales y si hay algun dato nuevo se realiza la testimonial formal”.

Consultado puntualmente el testimonio de Jacinto Aller, un gomero de La Picada que hace 17 años dijo haber visto a la familia yéndose de viaje, Acosta recordó que “respecto al dato que aportó en aquello momento el Juzgado trabajó la hipótesis de que se hubieran ido de la provincia pero también los resultados fueron negativos y se dio por agotado ese testimonio”.

Lejos de dar por concluida la investigación, Acosta aseveró que “es una búsqueda en la que seguramente vamos a tener más resultados negativos que positivos, pero la gravedad del caso justifica que sigamos trabajando y buscando información, para que toda persona que sepa algo pueda llegar a aportar al Juzgado, donde garantizamos la confidencialidad y si no quieren dar identidad también puede ser anónimo”.   

Teniendo en cuenta que al momento de la desaparición en 2002, la hija mayor del matrimonio Gill tenía 14 años –con lo cual hoy tendría 31- y el más pequeño tenía dos –es decir que hoy tendría entre 19 y 20 años-, el magistrado evaluó que “suponiendo que se hayan ido, los chicos hoy en redes sociales habrían dado algun indicio, se podrían haber comunicado con sus amigos de la infancia o con alguna persona de la zona”. “Es una hipótesis que no descartamos y permanentemente trabajamos y si tenemos algun dato rápidamente nos trasladamos hasta ese lugar”, reiteró.

Consultado por la búsqueda de la familia en Uruguay, sostuvo: “Tengo entendido que en aquel momento el personal afectado realizó diversas incursiones en diversos lugares del país, no recuerdo si buscaron en Uruguay pero dentro del país se recorrieron diversas provincias y permanentemente sigue habiendo oficios a diversos organismos, como Migraciones o  Gendarmería, pero que lamentablemente han dado resultado negativo”.