De ANÁLISIS

Arrancaron las audiencias de otro juicio contra el exintendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco. Se trata de una investigación que lo llevó a juicio acusado de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.

El hecho investigado es un adelanto compensatorio de $1.500.000 a la Mutual Modelo, que quedó trunco por decisión del propio intendente.

En la causa también están involucrados Walter Rolandelli –exsecretario de Legal y Técnica del Municipio de Paraná y actual concejal- y el Miguel Picazzo –titular de la mutual-.

En sus alegatos de apertura, las fiscales Cecilia Goyeneche y Patricia Yedro aseguraron que acreditarán durante el debate el ilícito aunque aseguraron que es probable que la acusación cambie el delito a peculado.

Por su parte, la defensa adelantó que pedirán las absoluciones salvo en el caso de Rolandelli, sobre quien los abogados pidieron que ni siquiera se lo acuse. “Rolandelli sólo emitió un dictamen que no es más que una opinión y no se puede criminalizar la opinión”, destacó Rubén Pagliotto, abogado co-defensor del actual concejal.  

Pagliotto es defensor de Rolandelli junto a Damian Petenatti. Ambos defienden también al exintendente Varisco. Por su parte, a Picazzo lo defienden Emilio Fouces y Miguel Cullen.

“Estamos ante un no hecho”, expresó Cullen basándose en lo concreto: el adelanto compensatorio nunca se efectivizó y el dinero nunca salió del Municipio.

Dos testigos dieron el puntapié inicial

Eduardo Campdesuñe y Cristina Ruberto fueron los dos primeros testigos del juicio. El primero es contador general del Municipio, mientras que Ruberto fue la secretaria de Hacienda de la gestión Varisco.

Ambos intervinieron en los dos trámites que se iniciaron en el Municipio y que forman parte de la investigación. La mutual pidió un adelanto mediante una primera nota que logró avanzar en el expediente administrativo, pero que debió ser suspendido por el ingreso de un nuevo pedido que dejó nulo el anterior.

En el segundo pedido, la mutual incluyó una serie de inquietudes que tenían los funcionarios a la hora de asegurarse el cobro del dinero adelantado. Todo ocurrió en los primeros días de la gestión Varisco: entre diciembre del 2015 y febrero del 2016.

El Municipio funcionaba como un nexo entre la mutual y los empleados que accedían a financiamiento por parte de la mutual. El gobierno municipal le retenía las cuotas a los empleados y le giraba el dinero a la mutual.

En base a eso fue que solicitaron el adelanto para paliar la presunta situación crítica de la mutual en cuanto a lo financiero. Esto lo reconocieron ambos testigos, el dinero que la municipalidad le debía pagar a la mutual excedía el monto del adelanto y eso brindaría cierta garantía a la hora del recobro.

Pero para Campdesuñe esto no era suficiente y solicitó un seguro de caución. Se consultó a distintas aseguradoras que brindaron una respuesta negativa porque la ley les impide asegurar transacciones financieras.

Fue allí que Campdesuñe solicitó la intervención de Legal y Técnica que emitió un dictamen favorable, asegurando que la retención a los empleados municipales asociados a la mutual era garantía suficiente.

Los funcionarios pidieron que se incluya en el convenio la imposibilidad de transferir los créditos a terceros y que no se puedan desenganchar del código de descuento con el que la municipalidad le retenía parte de los salarios a los empleados.

Eso fue incluido en la segunda nota presentada por la mutual, evidentemente completando el pedido inicial. Sin embargo, no fue incluido en el segundo convenio firmado.

Este martes continúa el debate con la presencia de cuatro testigos.