DE ANÁLISIS

Luego del motín registrado el martes en la cárcel de Concepción del Uruguay, y la huelga de hambre que llevan adelante un grupo de internos de la Unidad Penal N°1 de Paraná, letrados de la matrícula del Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) elevaron una nota a la ministra de Gobierno provincial, Rosario Romero, en la que le solicitaron realizar un relevamiento de los pabellones y escuchar las demandas de los internos. Todo este escenario se da en el marco de la pandemia por el COVID-19, por la cual el gobierno nacional decretó el pasado 20 de marzo el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país.

Así, tras la nota presentada el 24 de marzo, este viernes los abogados de la matrícula local Miguel Ángel Cullen y Rubén Pagliotto fueron convocados por el juez Pablo Barbirotto en el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, junto a delegados judiciales. En ese ámbito, firmaron un acta de presencia luego de realizar una recorrida en los pabellones de la cárcel de Paraná para relevar las demandas de los internos. En el penal, además, se reunieron con el director de la UP, Octavio Ifrán, y con el jefe de la División Tratamiento Correccional, Valentín Gómez Polito. Según se pudo saber, en principio, el Colegio de Abogados convocó a Cullen y éste lo sumó a Pagliotto. Ambos abogados vienen de trabajar juntos en la causa narcomunicipio, en la defensa de Sergio Varisco, donde el intendente resultara condenado a prisión domiciliaria, que cumple en su casa de fin de semana de calle Don Bosco.

De acuerdo al informe de Cullen enviado por audios a sus colegas, a los que accedió ANÁLISIS, los reclamos de los internos en Paraná son tres: “Absoluta lentitud y denegatoria injustificada de los beneficios; hay un reconocimiento al Servicio Penitenciario, por lo menos es lo que nos dijeron de todos los pabellones, ellos focalizan el problema en el Juzgado de Ejecución, hay una queja constante con los equipos técnicos que hacen los informes, que son calcados unos con otros. Y la huelga de hambre en realidad era por eso, no por falta de insumos”, explicó el letrado. Y agregó que los detenidos advierten “que hay gente que está con enfermedades crónicas que no están siendo atendidos o derivados a su domicilio; entienden que ya hay algunos que están con las solicitudes planteadas por los abogados defensores. Hay que ver cómo lo podemos encarar desde lo general para no caer en casos particulares”.

Respecto de la cuestión edilicia, acotó: “Ya sabíamos que no son las mejores, no obstante eso en esta pandemia está muchísimo más limpio el penal, dentro de lo que se puede”. Agregó que harán “un informe de cada pabellón”, y destacó: “Muy buena predisposición de la gente, salvo el primero que estuvimos que fue el de Petaco Barrientos, que fue el más conflictivo si se quiere, pero después de una hora y media de hablar con él nos hicieron un listado de cómo están en el pabellón”.

En un segundo audio, Cullen contó que Ifrán y Gómez Polito comentaron que el pedido de insumos realizado por los letrados ya estaba cumplimentado. “Lo que tiene que ver con nuestra petición concreta de falta de insumo de higiene nos aseguraron que ya está cumplido y tienen todos los elementos, y que el Servicio Penitenciario alargó los horarios de 8 a 18 horas para que cualquier familiar pueda llevar lo que sea necesario sobre este tema”.

En tanto, sobre la situación generada en Concepción del Uruguay, explicaron: “Lo que sucedió concretamente es que la Defensoría General dio una instrucción a todos los defensores que cada uno de los pacientes mayores de 60 años o con enfermedades preexistentes o factor de riesgo reclamen y pidan la domiciliaria o, si les corresponde, la condicional. Eso generó que los internos creyeran que ya tenían que salir, como si hubiese un decreto y era algo un poco automático. Hoy la situación más o menos se controló, y en la Unidad Penal de Paraná el 50% aproximadamente (de los internos) está en huelga, no reclamando insumos sino las salidas”, agregó Cullen.

Seguidamente, comentó el malestar por no poder cumplimentarse, a quienes corresponda el beneficio, las salidas, dada la situación de cuarentena obligatoria en el país. “Se está tratando de aplicar que esas salidas que no se cumplieron se puedan acumular después de la cuarentena. Incluso hasta la posibilidad de un plus por cumplir la cuarentena”, acotó finalmente.

La nota elevada a la ministra de Gobierno

La reunión y recorrido de este viernes tuvo lugar tras la nota presentada por los abogados Alejandro Canavesio, Carlos Omar Pacher -presidente y secretario del CAER, respectivamente-; Franco Azziani Cánepa; Andrés I. Bacigalupo; Leopoldo C. Cappa; Boris Cohen; Miguel A. Cullen; Emilio Fouces; Julio Federik; Humberto Franchi; Marciano Martínez; Guillermo R. Mulet; Rubén A. Pagliotto; Damián Petenatti; Marcos Rodríguez Allende; Sandra Sánchez; Maria de los Milagros Serra Cullen; Patricia Valín; Guillermo O. D. Vartorelli; Iván C. Vernengo y José R. Velázquez. Todos ellos constan como firmantes en el escrito, según pudo saber ANALISIS.

Se trata de letrados que, como ellos lo destacan: “Cotidianamente ejercemos defensas de ciudadanos en conflicto con la ley penal, y por intermedio del presidente de esta institución, ante información que da cuenta de cierto malestar en la población carcelaria (condenados y con Prisión Preventiva) de la UP1, manifestamos nuestra preocupación frente a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19”.

“Los especialísimos y excepcionales cuidados preventivos que la situación obliga a poner en práctica parar evitar la propagación del virus, nos responsabiliza a exigir la urgente actividad conjunta del STJER, a través de su Sala Penal o de quienes designen, el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y las autoridades del Ministerio de Salud que se comisionen, a fin de llevar adelante las medidas de relevamiento necesarias y pertinentes en todas las Unidades Penales de la Provincia de E. Ríos”, expresaron luego.

Y subrayaron: “Las autoridades nombradas en el acápite anterior, deberán actuar en cada uno de esos establecimientos carcelarios con el objeto de constatar “de visu” que se estén cumpliendo todas las medidas preventivas de rigor, desde la provisión de elementos de higiene y de mitigación del virus (alcohol u otros similares), como aquellas que prescriben distancias mínimas entre las personas, toda vez que el hacinamiento de internos como la precariedad de las condiciones de habitabilidad son una realidad incontrastable en las unidades carcelarias”.

Además, recomendaron “mantener entrevistas con uno o dos presos por pabellones, de tal suerte de conocer por boca de los mismos la real situación de su alojamiento”, lo cual se cumplimentó este viernes.

“Entendemos que se trata de un sector de la población muy vulnerable y que por su sola condición de personas, merecen toda la atención de nuestras autoridades, máxime en situaciones críticas y complejas como las que estamos atravesando”, recalcaron.

Y fundamentaron que el reclamo que realizaban “encuentra sustento normativo en el digesto constitucional como en pactos y tratados internacionales”. “También, creemos que el expreso y urgente requerimiento que estamos haciendo, se compadece plenamente con las atinadas, oportunas y ejemplares medidas tomadas por nuestro gobierno nacional”, acotaron.

“Descontamos que esta solicitud será eficientemente atendida y que ello contribuirá a la paz social y a preservar el derecho a la vida”, expresaron los letrados, al tiempo que destacaron: “Es nuestra intención e interés participar de cada una de las inspecciones que se realicen en los establecimientos carcelarios”.