Por Manuel Lazo

(Desde Gualeguaychú)

El juez de Paz de Gualeguay, Sebastián Eduardo Salem, que en breve será sometido a un Jurado de Enjuiciamiento por la denuncia de violencia de género laboral y acusaciones de falta de idoneidad realizadas por la abogada Sabina Almada, secretaria por concurso de dicho Juzgado, fue nuevamente denunciado ante el Superior Tribunal de Justicia.

En este caso fue la abogada María Carolina Almeida, integrante del mismo Juzgado, quien lo denunció por el maltrato y hostigamiento que sufre desde el año pasado, inclusive durante el período en el que cursaba la gestación de un niño. La presentación fue remitida al Juzgado de Enjuiciamiento dispuesto en el curso del corriente año para que decidir la situación del Juez Sebastián Salem.

María Carolina Almeida fue entrevistada por psicólogos y psiquiatras de la Oficina de Violencia de Genero del Superior Tribunal de Justicia (STJ), cuyo diagnóstico derivó en la elevación de dicha denuncia a las que ya existen contra el Juez de Paz de Gualeguay.

No deja de llamar la atención que el stj por acuerdo del 12 de mayo se haya manifestado sobre “la gravedad de la situación”, disponiendo otorgar licencia a las abogadas para preservar su salud psíquica y física y designando una persona de sexo masculino. La decisión es considerada, como mínimo, ajena a los más elementales principios de igualdad y contraria al derecho de las profesionales a desarrollar su trabajo en condiciones y ámbitos sanos y libres, sin distinción de sexo, y sin tener que soportar ejercicio de violencia alguna en su contra. Resulta llamativo también que la designación provisoria de la Secretaría se encargue a alguien de sexo masculino, lo que supone el claro reconocimiento del propio STJ sobre una problemática de género que resulta repugnante a los tiempos que vivimos.

Antecedentes

En el primer semestre del año pasado, la Revista ANÁLISIS publicó los primeros datos que permitieron poner a la luz los conflictos de poder que anidan en las sombras del órgano judicial más próximo a los ciudadanos que son los Juzgados de Paz.

De ese modo revelamos los problemas que entrañaba la designación como Jueces de Paz de personas a las que se premiaba con altos haberes pese a ser incapaces de aprobar los exámenes de ingreso frente a profesionales que habían obtenido los primeros lugares en los concursos dispuestos para tal fin por decisión del entonces Presidente del STJ Emilio Castrillón. El ex presidente del Superior Tribunal de Justicia, se mostró siempre interesado en modificar el nocivo esquema de Jueces designados a propuesta de los intendentes locales adelantándose a los problemas que inevitablemente acarrearía la disparidad de conocimiento entre jueces “a dedo” y secretarios por concurso.

El pasado 20 de mayo, más de un año después de la primera denuncia presentada por la abogada Almada, prestaron juramento los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, conformado por tres miembros del Superior Tribunal, dos legisladores, y dos abogados de la matrícula de la provincia. Según el procedimiento, el STJ eleva al Jurado de Enjuiciamiento los antecedentes y la totalidad de las pruebas aportadas al realizar las denuncias, incluyendo los testimonios que en el curso del corriente año se acumularon contra el Juez de Paz de Gualeguay. Dicho Juzgado deberá abocarse ahora a tratar la situación de Salem sobre quien pesan numerosas acusaciones por actos susceptibles de ser encuadrados como violencia de género y hasta por falta de idoneidad en el ejercicio de sus funciones, según las declaraciones y documentos aportados al STJ por letrados y agentes judiciales que trabajaron y trabajan con el Juez de Paz.

El conflicto incluye la presentación frustrada del propio Salem ante la Fiscalía de Gualeguay pretendiendo reprochar conductas a una de su colaboradoras. Las denuncias fueron rechazadas por el Fiscal actuante al considerar no solo la inexistencia de conducta punible alguna sino que también habría considerado poco menos que inentendible el accionar del Juez y ajeno a los mínimos conocimientos de derecho. Es decir, que a sus problemas actuales, el Juez de Paz carga ahora con el peso de haber denunciado sin fundamentos a una colega.

Quién es el juez acusado

Tal como lo revelara oportunamente la Revista ANÁLISIS, el Juez Salem, que paradójicamente desempeña su labor en la ciudad en la que violaron y asesinaron cruel y cobardemente a Micaela García, se presenta como un “Replicador”, título que el STJ da a quienes deben trabajar por erradicar la violencia. En contrapartida, carga hoy con dos denuncias de violencia de género laboral y ante su pedido de personal para desempeñarse en el Juzgado de Paz, habría obtenido la cerrada negativa de los titulares de otros Juzgados y de los propios empleados judiciales.

Las antipatías contra Salem provendrían no solo de su comportamiento sino también de su falta de ascendencia en el universo judicial. Tras haber fracasado en sus exámenes para ingresar como empleado judicial, se presentó a varios concursos en el año 2018 para intentar ser designado Secretario de Juzgado de Paz. El 5 de julio de 2018 lo hizo en Gualeguaychú donde se seleccionaría a los futuros Secretarios de los Juzgados de Paz de primera, segunda y tercera categoría de la jurisdicción. El puntaje allí obtenido sería aplicable también al Juzgado de Paz de Gualeguay. Del mismo participaron decenas de abogados de toda la provincia, dentro de los cuales la abogada Sabina Almada, una de las actuales denunciantes, con seis años de experiencia en el Poder Judicial y especializada en Derecho de Familia y Mediadora entre otros antecedentes, obtuvo el primer lugar, según la Resolución STJ Nº 678 del 13/9/2018, en tanto que Salem no alcanzó a reunir el puntaje mínimo exigido por el STJ en materia de conocimientos. Sin embargo, días después, Salem quien desde hacía siete años se desempeñaba como Juez Interino de Gualeguay tras la muerte de la abogada Fernanda Artaza, pese a reprobar el examen como Secretario, fue designado Juez de Paz titular de Gualeguay a propuesta de un órgano político. La terna se eleva desde la Municipalidad de cada ciudad, metodología que la Constitución entrerriana aun permite, otorgándole derecho a un elevado sueldo que a la fecha superaría los doscientos mil pesos en bruto. Así, el aplazado fue designado Juez ante el asombro de los abogados que ejercen sus funciones en Gualeguay.

Desde la comodidad de sus funciones, Salem no se priva de participar en competencias de triatlón dejando muchas veces en acefalía el Juzgado, sin conocerse si efectivamente informó de su alejamiento de la ciudad como está obligado hacerlo ante el STJ. La impunidad con la que el Juez se maneja llega hasta el límite de publicitar sus servicios profesionales particulares, lo que constituye una flagrante violación con las normas que pesan por su condición de Juez, donde su matrícula se presume suspendida como corresponde y percibe por ello un plus salarial que abonan los contribuyentes. En ocasiones esta cifra iguala o supera a la percibida por antigüedad.

Resulta sencillo concluir en la necesidad de que la política, y también las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, puedan restañar estos daños, ya que ese Juez fue propuesto por “alguien”, tal vez el mismo “alguien” que por alguna razón que ignoramos, sostiene su permanencia. El actual Juez de Paz fue propuesto y designado de una terna que se elevó desde Gualeguay ya que a diferencia de quienes lo rodean, no llegó por concurso, pues los antecedentes, que son públicos y cualquiera puede consultarlos, revelan que nunca aprobó los exámenes para ingresar al Poder Judicial.

En un tiempo en el que se le pide a la sociedad un esfuerzo, muchas veces difícil de lograr la vida judicial parece discurrir por otro carril. Cientos de miles de pesos se gastan anualmente en cursos, premios, viajes, pasajes de avión, invitación a disertantes y viáticos para funcionarios judiciales que luego posan para las fotos en Jornadas sobre Violencia de Género, igualdad laboral y otras yerbas, de lo que son mudos testigos hoteles de primera categoría con ágapes, reservas y secretos.

Mientras ello ocurre, en la práctica, las medidas judiciales contra las personas acusadas de violencia corren a la velocidad de la luz para los ciudadanos comunes y a paso de tortuga cuando se trata de integrantes de la propia corporación. Resta preguntarse qué sentirán los padres de Micaela García con estas conductas denunciadas en la ciudad donde se cometió el atroz femicidio de su hija y donde las prebendas o los esfuerzos por ocultar otros hechos de violencia que involucran a integrantes de la corporación inútilmente han tratado de ser tapados en los últimos meses.