La abogada Silvina María del Luján García se presentó de forma espontánea en la Justicia y dijo ser inocente de las sospechas que recaen sobre la función que cumplió hasta el viernes 22 de enero: titular del Juzgado de Faltas N° 3 de Paraná.

“Entiendo que la mejor forma de aclarar esta situación y recuperar el buen nombre es la verdad real, como una forma de salvaguardar la historia intachable de uno, tanto como persona y funcionaria”, dice el escrito que presentó ante el Ministerio Público Fiscal con el patrocinio del abogado José Velázquez.

García trabajó hasta el 22 de enero. El lunes 25 iniciaba sus vacaciones. Ese día 25, “cerca del mediodía, me notificaron del decreto 91, que responde al expediente N° 20748/2020, firmado el 22 e enero por el director general Sergio Daniel Bergara, el secretario de Legal y Técnica del Municipio, Pablo Testa, y el intendente Adán Humberto Bahl.

Como informó Entre Ríos Ahora, el intendente Bahl ordenó la realización de una información sumaria en el ámbito del Juzgado de Faltas N° 3, y decidió echar a la titular de ese juzgado, Silvina María del Luján García, al dejar sin efecto “la designación dispuesta por decreto N° 66/15 de fecha 18 de diciembre de 2015”, durante la administración de Sergio Varisco.

Pero además, la Municipalidad de Paraná radicará, este lunes, una denuncia penal por una serie de hechos sospechados de corrupción que ocurrieron en el Juzgado de Faltas N° 3 y que quedaron al descubierto en noviembre último cuando un ciudadano se presentó a recuperar un vehículo secuestrado en un operativo de tránsito y habló de pagos por izquierda y libre deudas otorgados en forma exprés, hechos que salpican la gestión de la ahora exmagistrada. En esos casos, dicen desde el gobierno de la ciudad, hay implicados empleados del área de Tránsito.

García ocupaba la titularidad del Juzgado de Faltas N° 3 en forma provisoria y su situación fue siempre motivo de conflictos, el más notorio fue consecuencia del enfrentamiento entre la exviceintendenta Josefina Etienot y el exintendente Sergio Varisco. El Concejo, a pesar de la insistencia de la administración Varisco, nunca le dio aprobación a su designación como jueza de Faltas. El argumento: la existencia de una demanda por parte de tres abogadas que cuestionaron el concurso en el que García terminó en primer lugar para asumir el Juzgado de Faltas N° 3.

El decreto N° 91 toma los argumentos de un dictamen del secretario Legal de la Municipalidad, Pablo Testa, y señala que “si se procedió a su nombramiento interino, se entiende que el Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo correspondiente debería remover del cargo preventivamente a la Dra. Silvina María del Luján García (…) al aparecer indicios de una ausencia de buena conducta y ceñimiento a aspectos legales” por parte de la magistrada.

La medida se adoptó en el marco de una investigación que tuvo un inicio azaroso en el ámbito de la Municipalidad de Paraná. Sucedió que un ciudadano, Tomás Valentín Banegas, llegó a la Mesa de Entradas del Juzgado de Faltas y pidió un turno “para la devolución de su vehículo, retenido el 14 de noviembre”.

Todo se disparó a partir de la presentación de un ciudadano que fue a reclamar un vehículo secuestrado por inspectores en operativos de rutina de control de tránsito.

Cuando se presentó a pedir que le devuelvan el vehículo retenido en un operativo, el 20 de noviembre, los empleados le informaron a Banegas que debía abonar una multa de $61 mil. La perplejidad se hizo lugar cuando el hombre contó que el 3 de septiembre de 2020 había podido recuperar una moto retenida sólo con el pago de $10 mil “a un empleado del Juzgado de Faltas sin más detalle; y que desea volver a arreglar lo que debía”.

La abogada García realizó la presentación espontánea ante la Unidad Fiscal de Respuestas Rápidas el martes 26 de enero.

“Va de suyo –plantea el escrito de la ahora exjueza de Faltas- que tal vez uno normaliza que los conflictos políticos se traducen en la iniciación de sumarios administrativos, pero cuando se trata de poner en conocimiento a la Justicia de una notis criminis (en latín, poner en conocimiento una situación para que se investigue eventual delito- en el que uno es inocente, le causa a uno una voluntad inusitada de que esto se aclare lo más rápidamente posible”.

Y agrega: “Entiendo que la mejor forma de aclarar esta situación y recuperar el buen nombre, es la verdad real, como una forma de salvaguardar la historia intachable de uno, tanto como persona y funcionaria”.

El escrito llegó a manos del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Respuestas Rápidas, y luego derivado a la Fiscalía Anticorrupción.