Carlos Merenson
“La seguridad energética tiene un precio, y hay que
decidir si se está dispuesto a pagarlo” (Daniel Yergin).
Cada cierto tiempo reaparece en la Argentina una promesa que parece irresistible: la posibilidad de convertirnos en una “potencia energética mundial”. Antes fue el petróleo convencional, después los biocombustibles, más tarde Vaca Muerta, luego el litio, el hidrógeno verde, el cobre y ahora una combinación de todos ellos. La promesa siempre es similar: poseemos recursos extraordinarios y, si logramos atraer inversiones, estabilidad regulatoria y confianza de los mercados, el desarrollo llegará finalmente.
El reciente reportaje a Daniel Yergin, una de las voces más influyentes de la geopolítica energética global, vuelve a instalar esa narrativa. Según esta visión, la Argentina tendría una oportunidad histórica para convertirse en un actor central del sistema energético mundial gracias a sus abundantes recursos hidrocarburíferos y minerales. El desafío consistiría en generar las condiciones necesarias para que el capital internacional los explote eficientemente.
Sin embargo, antes de preguntarnos cómo convertirnos en una potencia energética, deberíamos formular una pregunta más elemental: ¿qué significa exactamente ser una potencia energética?
La expresión parece obvia, pero no lo es. En el lenguaje dominante, una potencia energética es un país capaz de producir y exportar grandes cantidades de energía o recursos energéticos. El éxito se mide en barriles, metros cúbicos, toneladas exportadas, inversiones recibidas y divisas generadas.
Desde una perspectiva ecosocial, en cambio, la cuestión es diferente. Una sociedad no es más exitosa porque extraiga más recursos sino porque es capaz de garantizar condiciones dignas de vida para su población sin destruir las bases ecológicas que la sostienen. La energía no es simplemente una mercancía. Es la condición material que permite la existencia de cualquier sistema económico y social.
La diferencia entre ambas perspectivas no es menor. Mientras una pone el foco en la capacidad exportadora, la otra lo pone en la capacidad de sostener la vida.
La entrevista refleja con claridad la racionalidad dominante de nuestro tiempo. Frente a las crecientes tensiones geopolíticas, las guerras, la inseguridad energética y la incertidumbre global, la respuesta que se propone no es otra que expandir la producción de energía y materias primas. Es decir, frente a los problemas generados por un sistema basado en el crecimiento permanente del consumo material y energético, la solución vuelve a ser más crecimiento material y más extracción.
Esta lógica presenta una contradicción evidente. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos estratégicos y el deterioro de los ciclos hidrológicos son consecuencias directas de un metabolismo económico que ya ha sobrepasado múltiples límites planetarios. Sin embargo, las respuestas institucionales continúan orientadas a acelerar el mismo proceso que generó esos problemas.
La idea de que la Argentina debe aprovechar la oportunidad para exportar más petróleo, más gas, más litio y más minerales supone que el desarrollo depende principalmente de incrementar los flujos de extracción y exportación. Pero la historia latinoamericana ofrece suficientes motivos para desconfiar de esa premisa.
Durante siglos, América Latina fue presentada como una región privilegiada por la abundancia de recursos naturales. Exportamos plata, oro, cobre, caucho, petróleo, soja y numerosos bienes estratégicos para la economía mundial. Sin embargo, esa abundancia raramente se tradujo en sociedades más igualitarias, más democráticas o ecológicamente más sostenibles.
Lo que sí produjo fue una larga historia de dependencia, especialización primaria, vulnerabilidad externa y transferencia sistemática de riqueza hacia los centros de acumulación global.
La pregunta entonces no es si la Argentina posee recursos estratégicos. Nadie lo discute.
La pregunta es quién decide sobre esos recursos, para qué se utilizan, quién captura sus beneficios y quién asume sus costos.
El precio de ser una potencia energética
Daniel Yergin sostiene que la seguridad energética tiene un precio y que las sociedades deben decidir si están dispuestas a pagarlo.
La frase parece razonable. El problema es que nunca se explicita cuál es ese precio ni quiénes deben asumirlo.
Porque cuando se habla de convertir a la Argentina en una potencia energética, el precio no consiste solamente en inversiones, infraestructura o riesgos empresariales. El precio real incluye la degradación de ecosistemas, el agotamiento de acuíferos, la alteración de glaciares y ambientes periglaciares, la fragmentación de territorios, la pérdida de biodiversidad y el incremento de emisiones que profundizan la crisis climática.
También incluye costos sociales. Comunidades afectadas por proyectos extractivos, economías regionales subordinadas a ciclos de auge y declive, territorios convertidos en zonas de sacrificio y generaciones futuras que heredarán pasivos ambientales cuya remediación puede resultar imposible.
Pero existe otro costo menos visible. Convertirse en una potencia energética suele implicar reforzar una estructura económica basada en la exportación de naturaleza, subordinando el desarrollo nacional a las necesidades energéticas de otros países y a las fluctuaciones de mercados sobre los cuales no se tiene control.
La historia latinoamericana debería volvernos cautelosos frente a estas promesas. Hace cinco siglos, los conquistadores intercambiaban espejitos, cuentas de vidrio y baratijas por oro, plata y territorios cuyo valor real sólo ellos comprendían. Hoy ya no llegan carabelas ni mercaderes con abalorios. Llegan consultores, bancos de inversión y gurúes de la geopolítica energética ofreciendo otra clase de espejitos: la promesa de desarrollo, prosperidad y modernización a cambio de profundizar nuestra especialización como proveedores de energía y materias primas para el resto del mundo. Cambian los discursos y las tecnologías, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién se queda con el oro y quién conserva los espejitos?
Desde una perspectiva ecosocial, una nación no es más próspera porque extraiga más recursos, sino porque puede garantizar bienestar sin destruir las condiciones ecológicas que sostienen la vida. Si convertirse en una potencia energética implica comprometer fuentes de agua, degradar ecosistemas estratégicos y profundizar la dependencia extractiva, entonces el problema no es cuánto cuesta ese camino, sino si ese costo resulta aceptable.
En los debates energéticos convencionales estas cuestiones suelen desaparecer detrás de conceptos aparentemente neutros como “seguridad jurídica”, “competitividad” o “atracción de inversiones”. Pero toda decisión energética implica una decisión política sobre territorios, ecosistemas, comunidades y generaciones futuras.
Cuando se habla de Vaca Muerta se habla también de agua, emisiones y dependencia fósil. Cuando se habla de litio se habla de salares, acuíferos y comunidades andinas. Cuando se habla de cobre se habla de montañas, glaciares y cuencas hidrográficas. No existen recursos sin territorios ni extracción sin consecuencias.
En otras palabras: la diferencia entre una potencia energética y una colonia energética no está en la cantidad de recursos que exporta, sino en quién decide sobre ellos y con qué finalidad.
El verdadero problema es que el concepto mismo de “potencia energética” pertenece a una época histórica que está llegando a sus límites.
Durante dos siglos la expansión económica estuvo asociada a una creciente disponibilidad de energía fósil barata. Esa abundancia permitió construir la civilización industrial moderna y sostener la ilusión de un crecimiento indefinido. Hoy sabemos que esa ilusión choca contra límites biofísicos cada vez más visibles.
Por eso el desafío del siglo XXI no consiste en producir más energía para sostener el mismo modelo de desarrollo. Consiste en reorganizar nuestras economías para garantizar bienestar, justicia social y democracia dentro de los límites ecológicos de los que depende toda sociedad humana.
La pregunta estratégica para la Argentina no debería ser cómo convertirse en una potencia energética mundial, sino cómo utilizar sus recursos, sus capacidades tecnológicas y su riqueza natural para construir una sociedad más justa, autónoma y resiliente. Después de cinco siglos de extracción orientada a satisfacer necesidades ajenas, el desafío no consiste en exportar más energía sino en dejar de funcionar como una colonia energética y comenzar a decidir soberanamente para qué, cómo y en beneficio de quién se utilizan nuestros recursos.
La seguridad energética tiene un precio, dice Yergin. Es cierto. Pero también tiene un precio ignorar los límites ecológicos, degradar los territorios y profundizar una inserción internacional basada casi exclusivamente en la exportación de naturaleza.
La cuestión no es si existe un precio. Toda decisión histórica tiene costos y consecuencias. La cuestión es decidir quién los asume, quién se beneficia y si aquello que se obtiene a cambio justifica aquello que se pierde.
Porque el futuro no dependerá de la cantidad de energía que seamos capaces de exportar, sino de nuestra capacidad para construir una sociedad que pueda prosperar dentro de los límites de la Tierra.
(*) Carlos Merenson es ingeniero forestal. Fue secretario de Ambiente de la Nación; y de la planta profesional del exMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
