Imagen de archivo del senador Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos – Diamante).
La discusión sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos volvió a ocupar el centro de la agenda política provincial. Esta vez fue el senador Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos-Diamante) quien aportó un elemento histórico para reforzar el debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional: la declaración de emergencia económica y financiera que dispuso el gobierno provincial en 1995, apenas dos años después de la sanción de la ley que dio origen al régimen jubilatorio actualmente vigente.
El legislador dio a conocer una serie de antecedentes que, según planteó, demuestran que los desequilibrios estructurales de la Caja no son un problema reciente ni atribuible a una sola administración. En ese sentido, recordó que la Ley Nº 8732, sancionada el 11 de agosto de 1993, estableció las bases del sistema previsional provincial que continúa en funcionamiento. Sin embargo, el contexto económico y financiero obligó al Estado entrerriano a adoptar medidas excepcionales en un plazo sorprendentemente corto.
“Hay un dato que resulta particularmente revelador: la Ley Nº 8732, que dio origen al régimen jubilatorio vigente, fue sancionada el 11 de agosto de 1993. Apenas dos años después -el 18 de agosto de 1995- el gobierno debió declarar la emergencia previsional mediante la Ley Nº 8918 e implementar medidas extraordinarias para sostener el sistema”, señaló Vergara.
La referencia no es menor. La Ley Provincial Nº 8918, aprobada durante una etapa de fuertes restricciones fiscales en el país y en las provincias, declaró la Emergencia Económica y Financiera del Estado Provincial e incluyó disposiciones específicas destinadas a reducir el déficit previsional.
Entre las medidas adoptadas se dispuso un aumento del aporte previsional de los trabajadores activos hasta alcanzar el 17 por ciento de los haberes, con la posibilidad de sumar dos puntos porcentuales adicionales durante un período determinado. Paralelamente, se estableció una contribución solidaria y extraordinaria para jubilados y pensionados, incluidos los retirados policiales, mediante una escala progresiva que oscilaba entre el 5 y el 13 por ciento para los ingresos más altos.
La norma también facultó al Poder Ejecutivo a incrementar hasta en dos puntos porcentuales adicionales esas contribuciones extraordinarias si las condiciones financieras así lo requerían.
Para Vergara, estos antecedentes desarman el argumento de quienes presentan la discusión previsional actual como una iniciativa inédita o impulsada exclusivamente por la administración provincial en funciones. “Esto demuestra que las dificultades estructurales de la Caja fueron advertidas prácticamente desde sus inicios. El problema previsional no nació ahora ni es patrimonio de un gobierno determinado”, afirmó.
La referencia histórica adquiere una clara dimensión política. En momentos en que el oficialismo provincial impulsa debates vinculados al financiamiento de la Caja y a la necesidad de revisar algunos aspectos del sistema, la oposición peronista ha cuestionado la posibilidad de avanzar sobre derechos adquiridos o modificar condiciones previsionales. Frente a esas críticas, Vergara buscó exponer que fueron gobiernos justicialistas los que, en distintos momentos, reconocieron públicamente la existencia de desequilibrios y promovieron reformas para corregirlos.
“Algunos intentan presentar cualquier discusión sobre la sustentabilidad previsional como algo inédito. Sin embargo, la historia demuestra que cuando les tocó gobernar y enfrentar una crisis profunda, quienes hoy cuestionan estos debates adoptaron medidas incluso más severas para preservar el funcionamiento del sistema”, sostuvo el senador.
El legislador fue más allá y recordó que la emergencia de 1995 no constituyó un hecho aislado. Según señaló, dos años después el gobierno encabezado por Jorge Busti impulsó un proyecto de reforma previsional que contemplaba modificaciones estructurales destinadas a corregir los desequilibrios financieros de la Caja.
La mención de aquellos intentos de reforma apunta a instalar una mirada de largo plazo sobre un problema que atraviesa distintas gestiones y ciclos económicos. El déficit previsional, la relación entre aportantes y beneficiarios, el financiamiento estatal y el peso creciente de las erogaciones jubilatorias forman parte de una discusión recurrente en Entre Ríos desde hace décadas.
En ese marco, la intervención de Vergara busca trasladar el eje del debate desde la coyuntura política hacia la evolución histórica del sistema. “Lo que muestran estos antecedentes es que durante décadas distintos gobiernos reconocieron la existencia de un problema estructural. La verdadera discusión no es si hay que debatir la sustentabilidad del sistema, sino cuánto tiempo más se decide postergar las soluciones”, concluyó.
La reaparición de estos antecedentes históricos agrega un nuevo capítulo a una discusión que promete profundizarse en los próximos meses y que involucra no solo cuestiones financieras, sino también definiciones políticas sobre el modelo previsional que la provincia pretende sostener hacia el futuro.
La Ley 8918
