(de ANALISIS)

Un recorrido por algunas de las condenas más elevadas de la Justicia entrerriana. Un repaso histórico que va desde delitos por narcotráfico a femicidios que merecieron la pena máxima. Como es la vida para quienes tienen sobre sus espaldas la pena de prisión perpetua y como se trabaja desde el Juzgado de Ejecución de Penas

Las personas privadas de su libertad por largo tiempo suelen tener un protagonismo destacado durante su juzgamiento. Sus crimenes están ligados a delitos graves o gravísimos que generan un fuerte interés en la sociedad.

El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) realizó un repaso por algunos de los casos más resonantes de la provincia, en un recorrido que incluye casos actuales e históricos.

Actualmente en la provincia hay tres líderes narcos condenados con penas superiores a los 10 años. Algunos de ellos no fueron castigados por delitos de narcotráfico a pesar de que su actividad clandestina se centró en el comercio de drogas.

Daniel Celis lleva 4 años y 8 meses detenido (desde agosto del 2016) y le pesa una condena de 15 años en total por tres causas en las que fue hallado culpable: el violento asalto a la estancia Tulián, la causa de la narcoavioneta y la causa de narcomunicipio. Actualmente, el lider narco solicitó la libertad condicional o, en su defecto, que lo beneficien con la prisión domiciliaria. Este pedido fue rechazado por el fiscal José Candioti y se está a la espera de lo que resuelva el Tribunal Oral Federal (TOF). 

También está el caso de Gonzalo Caudana, actualmente detenido en la cárcel de Federal con una pena en sus espaldas de 12 años de prisión. Hasta el momento, lleva 4 años de cumplimiento de la condena que recibió en diciembre del 2019 por narcotráfico. Además, tiene abierta una causa por lavado de dinero en la Justicia de Santa Fe en la que está procesado como partícipe del delito que involucra a narcotraficantes de la vecina provincia. Pide de manera insistente que lo trasladen a Paraná nuevamente.

Otro caso es el de Gustavo Barrientos, exjefe de la barra brava de Patronato sobre el que pesa una pena de 11 años a la que se llegó en un juicio abreviado en abril del 2015. Barrientos está detenido por un doble homicidio en el que reconoció su participación. Le han rechazado en varias oportunidades los pedidos de prisión domiciliarias y libertad condicional. Estuvo detenido en Paraná, fue trasladado a Ezeiza y actualmente está preso en Gualeguaychú. Goza el beneficio de salidas con un acompañante del Servicio Penitenciario, pero desde el inicio de la pandemia ese tipo de salidas están postergadas. En noviembre del año pasado, la Cámara de Casación rechazó un planteo de la defensa que apeló una decisión de la Jueza de Ejecución de Penas Cecilia Bértora.

Prisión perpetua en la provincia

Pero las penas más duras tienen que ver con delitos de muerte. La prisión perpetua -criticada por diversos juristas que se basan en el Estatuto de Roma- en realidad no existe como tal. El máximo de años que pasa una persona privada de su libertad en Entre Ríos es de 25 años.

La jueza de Ejecución de Penas de esta jurisdicción, Cecilia Bértora, habló con el programa periodístico y dijo lo siguiente: “Antes, como teníamos menor cantidad de casos, trabajábamos con un control mucho más exhaustivos porque teníamos la posibilidad de hacer controles bastante frecuentes. Lo teníamos dispuestos regularmente, cosa de que cada seis meses lo internos fueran reevaluados para poder ajustar un poco todo lo que fuera tratamiento penitenciario. Esto se tuvo que dejar de lado por la cantidad de internos, porque cuando yo llegué al juzgado había cuatrocientos y pico a cargo y en este momento hay más de 1.200. Entonces toda esta situación hace que uno tenga que reorganizar el trabajo y poner la energía donde más se necesita para poder llevar, no solamente esas condenas que en realidad son pocas, sino todas las condenas, darles un tratamiento lo más adecuado posible. Así que en ese sentido hemos tenido una pérdida en estos años por eso. Antes podíamos tener un control mucho más regular, frecuente y exhaustivo de qué pasaba con esos internos. La verdad es que son pocos y lo que se presenta con ellos es que vemos que hay una pérdida de vínculos familiares, por distintos motivos. Es muy difícil para cualquiera de los internos mantener los vínculos familiares estando presos, más aún para un interno que tiene 20, 25 años en la cárcel, incluso más, es muy difícil”.

Asimismo, la jueza destacó y se esperanzó con la reciente reforma a la Ley de Ejecución de Penas en la provincia, que plantea nuevos objetivos y desafíos: “Ahora con esto que ha habido una reforma legislativa, poniéndose en práctica de a poquito, desde este año, con la Ley 10.866, ha habido algunos cambios que creemos son positivos. Por ejemplo, la defensa oficial está trabajando para que algunos internos puedan recomponer o reencontrarse con algunos vínculos, cosa que si en algún momento tienen la oportunidad de salir o conseguir una conmutación de pena, que es la fijación de pena, tengan un arraigo social donde poder asentarse y alguien con quien ir. Porque si van a pedir un trámite para que les conmuten una pena para poder salir ¿a dónde? No tienen bienes, no tienen trabajo, no tienen vínculos sociales, entonces creo que la defensa en eso está haciendo un trabajo interesante. Obviamente a cuentagotas, pero creemos que eso puede ser muy productivo”, aseguró.

El informe analizó varios de los casos más importantes de la provincia que han tenido una pena de prisión perpetua. Por ejemplo, Adrián Ávalos quien está cumpliendo la pena máxima por haber matado a su pareja y la hijastra de ella. El caso de Ávalos es polémico ya que cuando cometió el femicidio (agosto del 2011) estaba en libertad condicional por una causa en la que había sido juzgado por violación en La Paz y sobre el pesaba una condena de 9 años y 8 meses. 

Uno de los casos históricos es el asesinato del empresario de medios paceño Juan Carlos Malvasio en 1999. José Piñeiro y Raúl Sosa fueron condenados a la pena máxima en 2001 por haber sido encontrados responsables del crimen. En la actualidad, Piñeiro tiene prisión domiciliaria otorgada durante el año pasado por ser considerado grupo de riesgo en el marco de la pandemia aunque esta decisión está recurrida por la querella. Cabe recordar que Piñeiro estuvo fugado durante 570 días en 2005. Por su parte, Sosa solicitó prisión domiciliaria pero le fue rechazada mientras que inició los trámites de salidas sociofamiliares durante el mes de abril de este año. Tanto Piñeiro como Sosa han mostrado buena conducta durante su estadía en la cárcel.

Otro caso de relevancia fue el asesinato del exbasquetbolista Enzo Benedetich en manos de su esposa Liliana Rivas. Sobre la mujer pesa la pena máxima desde 2014 por el hecho que ocurrió el 26 de septiembre del 2009. Actualmente está con prisión domiciliaria, originalmente por el cuidado de su hija y solicitó que se renueve el beneficio para cuidar a su padre que está enfermo. Durante su estadía en la cárcel, también demostró buena conducta.

Pablo Actis está condenado por el femicidio de su pareja Agustina Turano en agosto del 2014. La condena de Actis fue revisada y confirmada por tribunales de alzada a pesar del reclamo de la defensa. Es una de las personas privadas de su libertad que no tiene ningún registro de mala conducta en su estadía en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

Un crimen que tuvo repercusión nacional fue el asesinato de Fernando Pastorizzo en manos de Nahir Galarza. La mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua en julio del 2018. El hecho ocurrió el 29 de diciembre del 2017 en Gualeguaychú. Tuvo muy bajas calificaciones en su conducta dentro de la cárcel y en el último tiempo ha decidido bajar el perfil público que tuvo durante varios meses.

Uno de los que está próximo a obtener el beneficio de la prisión domiciliaria es Miguel Capobianco, condenado a prisión perpetua por el homicidio de su pareja Dalma Otero en marzo del 97. El entonces dirigente de Patronato fue encontrado el responsable intelectual de la muerte pero nunca se halló quienes fueron los autores materiales del crimen. En su momento, obtuvo salidas pero se le revocaron por incumplimiento.

Por último, uno de los casos en los que el condenado a prisión perpetua ya goza de su libertad tras el cumplimiento de la pena máxima es el expolicía Carlos Balla. En mayo del 2019 Balla finalizó su tiempo detenido y salió en libertad tras haber pagado la condena por el homicidio del escribano y funcionario del IAPV Rubén Calero en 1991.