De ANÁLISIS

Adrián Marcelo León Elberg fue citado por el defensor Emilio Fouces para declarar en el megajuicio por corrupción. Es testigo de acta, en el marco del allanamiento de agosto de 2016, cuando se secuestró el polémico disco extraíble mientras se investigaba la “causa imprentas”.

Elberg es empleado municipal, del área de mantenimiento de jardines maternales. Recordó cuando el 1 de agosto de 2016, a la salida de su trabajo, fue convocado por personal policial para presenciar el secuestro de un elemento muy discutido en el juicio oral. “Trabajaba en el jardín de la Pasarela. Cuando salí e iba por calle Racedo en moto me detuvo un policía, calculé que era un operativo de motos, pero me dijo que me quería como testigo en un procedimiento que se hacía a la vuelta”, contó.

“Ingresamos a la casa de una señora. Vi que había mucha gente, policías, y otra señora que también iba a proceder como testigo. Luego me mostraron un aparato rectangular, con color rojo y un cable. Me informaron que era disco duro portátil, me refirieron que la señora encontró el aparato en el techo de la medianera y llamó a la Policía”, relató. Acotó después que ese episodio fue entre las 11 y las 11.30 de la mañana.

Elberg describió la casa, la canaleta de donde fue sacado el aparato. Dijo que la dueña contó que su empleada encontró el disco y después de eso llamó a la Policía. Relató que en el lugar había unos diez policías federales, que algunos de ellos escribían en una computadora tipo laptop, y añadió que en el lugar había también un fiscal que fue la persona que le explicó lo que estaba ocurriendo. “La dueña de casa contó que la empleada encontró eso en el techo del patio y se lo dio a ella. Una señora elocuente para hablar. Cuando me mostraron el disco estaba embalado en una bolsa, yo nunca lo toqué. Lo tenía un oficial de policía en las manos, se lo pidió el fiscal y me lo mostró”, apuntó.

Elberg no fue el único testigo citado por los defensores para este martes. También declaró Luis Esteban Plugoboy, coordinador de la Secretaría General de la Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos, que reconoció informes ya son parte de la prueba incorporada al debate. Testificó Carola Vitar, empleada del Poder Judicial y testigo para el resguardo de información virtual; Gonzalo Fernández, testigo para el resguardo de información virtual;  Flavio Sebastián Zárate, testigo del mismo acto que Vitar y Fernández; y Román Jalil, a cargo de Recursos Humanos del Gobierno provincial.

La audiencia concluyó después de las 11.30 de este martes y se reanudará el próximo lunes. Los defensores adelantaron que continuarán la semana que viene con algunas declaraciones de imputados. De hecho, el jueves pasado habían anunciado la exposición del contador Gustavo Tórtul pero finalmente no se concretó.

Otros testimonios

Carola Vitar es empleada judicial y fue testigo del resguardo de información virtual en el marco de la causa conocida como “sueño entrerriano”. La tarea estuvo a cargo del ingeniero del Gabinete de Informática del Ministerio Público Fiscal, Guillermo Fritz. Consistió puntualmente en bajar información publicada en páginas webs, imágenes y videos de YouTube y guardarla en DVD’s. Vitar presenció ese acto que se hizo en las oficinas del Gabinete, en el edificio del MPF.

“Fui pero estuve muy poco tiempo. Estaban los fiscales Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano, el ingeniero Fritz y otros empleados. Fue poco tiempo porque mi secretaria me llamó por teléfono y me reemplazó Gustavo Gruber. Antes de irme habían empezado a bajar páginas. Recuerdo la imagen del señor Sergio Urribarri  en una de las páginas, en una propaganda, es la única imagen que recuerdo”, recordó este martes.

Fernández y Zárate declararon sobre el mismo acto que Vitar. El primero dijo que el procedimiento “se hizo correctamente”. “Había un ingeniero, de apellido Fritz, el fiscal Ramírez Montrull, el fiscal Badano”, acotó. El segundo agregó que después de la tarea le leyeron el acta y le hicieron firmar. “El acta que se condecía con el trabajo hecho”, afirmó.

Ninguno de los dos pudo aportar mayor información tal como requerían los defensores. Datos precisos sobre qué información se bajaba o puntualmente de qué páginas por ejemplo. Los dos pudieron decir que se trataba de información vinculada al exgobernador Sergio Urribarri, pero no mucho más. “Fritz hacía búsquedas en la web por orden de los fiscales, determinadas imágenes y páginas. Los fiscales le decían esa sí, esa no. El criterio no se explicó, por qué una sí y por qué la otra no”, agregó Zárate.

Por último, Román Jalil, del área de Recursos Humanos del Gobierno de Entre Ríos, declaró sobre un pedido de información realizado por el MPF. “En 2009 la Dirección General de Información Pública (DGIP) dependía de la Gobernación. En 2015, conforme la ley de ministerios 1093, se crea el Ministerio de Cultura y Comunicación y bajo su órbita funciona la Secretaría de Comunicación que incorporó todo el personal que dependía de la DGIP”, leyó del mismo informe enviado cuando el MPF lo requirió. En ese documento figura que había 86 personas dependientes de la DGIP a las que se liquidaban haberes, que pasaron a ser de la Secretaría de Comunicación. Aclaró después que con la creación del Ministerio y las adecuaciones presupuestarias, les resultó una “dificultosa tarea”.