El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos), quien además es secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, defendió este lunes el artículo que él pidió incluir en el proyecto de Presupuesto 2023 para que los integrantes del Poder Judicial paguen Ganancias. Y aclaró que “no es una ofensiva contra nadie”.

En diálogo por AM 750, el legislador oficialista explicó que “el artículo sobre el pago de Ganancias de los jueces se basa en el principio de que somos todos iguales ante la ley”. Asimismo, sostuvo que “hay jueces que superan los dos millones de pesos mensuales, pero no quieren perder este privilegio de no pagar el impuesto”.

“Acá hay una fuerte defensa corporativa de los jueces y de algunos medios. Emitimos dictamen el jueves pasado y este martes lo trataremos en el recinto. Algunos diputados de la oposición como los legisladores formoseños Fernando Carbajal (quien fue juez federal) y Ricardo Buryaile, apoyaron expresamente la idea”, señaló Casareto, quien además afirmó que “la Corte Suprema está dividida respecto a la cuestión, porque algunos miembros están siendo presionados por la presión mediática de ir en contra de una iniciativa del oficialismo”, publicó Parlamentario.

En tal sentido, el diputado entrerriano sostuvo que “hay muchos jueces provinciales que tampoco pagan el impuesto a las Ganancias”. Por otro lado, hizo referencia a la criticas que recibió desde medios televisivos y expresó: “Que me peguen desde los medios de comunicación hegemónicos me pone contento”.

Respecto al tema, el legislador manifestó: “Este es un tema que lleva 80 o 90 años en la Argentina, desde la década del 30. Hubo otras discusiones similares en los 90, entonces lo que hay que decir es que las leyes van evolucionando: antes no pagaban impuestos los presidentes y ahora pagan; antes no pagaban los legisladores y ahora pagamos; antes no pagaba ningún juez, ahora paga una parte de los jueces del país”.

En el final, el diputado Casareto manifestó que “los jueces tienen un privilegio que a esta altura de la historia argentina es inaceptable”, y concluyó: “Hay 237.000 millones de costo fiscal por el privilegio del Poder Judicial”.