El hackeo del teléfono móvil del ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, derivó en la apertura de al menos cuatro investigaciones penales: una tramita en la Justicia porteña; dos, en los tribunales federales de Comodoro Py; y la tercera, en el Sur. Pero es probable que jamás se sepa quién cometió el pecado original, confirmaron fuentes tribunalicias al diario La Nación en las últimas horas.

Las primeras alarmas se encendieron la tarde del 19 de octubre, cuando D’Alessandro detectó que había perdido el control de su teléfono inteligente, que sólo logró recuperar unas veinte horas después. Así lo denunció ante la Justicia porteña, en lo que pudo interpretarse en un primer momento como un ataque “sim swap”, similar al que padecen miles de usuarios más.

¿Qué es un “sim swap”? La duplicación o intercambio de la tarjeta SIM del teléfono a través de diversas técnicas. Entre ellas, la llamada por WhatsApp de una persona desde un número desconocido, pero que tiene el ícono del Ministerio de Salud de la Nación o de alguna aplicación oficial como “Mi Argentina”, para informar sobre un supuesto turno para vacunarse contra el Covid-19 e indicar que le enviarán al dueño del teléfono un código por mensaje de texto que solicita que se lo pasen a quien llama para completar el trámite. Pero, en realidad, la llamada es una trampa que le permite al atacante tomar el control de parte o todo el teléfono de la víctima, revisar su contenido o llamar a sus contactos para requerir giros de dinero.

En el caso de D’Alessandro, esa fue una de las primeras hipótesis, ya que el o los hackers hicieron llamadas al exterior y enviaron mensajes desde ese teléfono. Pero con el correr de los días, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, determinó que él o los hackers están –o estaban en aquel momento- en la provincia de Misiones, compraron un chip en El Dorado, y tenían la sofisticación suficiente como para ocultar sus huellas.

“Son expertos; saben cómo entrar a un teléfono y cómo tapar sus rastros”, indicó una fuente al tanto de la investigación porteña, que registró un giro en las últimas semanas. Con la difusión pública de parte del contenido del teléfono de D’Alessandro, la pesquisa se encuadró como “difusión no consentida de material privado”. Es decir, una contravención.

En esa investigación, sin embargo, D’Alessandro se negó a entregarle a la Fiscalía el acceso total a su teléfono celular, de modo que impidió que revisaran todo su contenido y determinaran con precisión cómo y cuándo se lo hackearon, y si le implantaron algún virus o aplicación dañina.

“Eso es habitual”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal. “Cuando la víctima comprende que hay que hacer una copia completa del teléfono celular, aunque sea analizada con todos los recaudos, muchos se niegan a ese procedimiento, tanto hombres como mujeres”.

Las otras denuncias

A esa primera investigación se sumó, en tanto, otra en los tribunales federales de Comodoro Py durante los últimos días. Comenzó con la denuncia que radicó D’Alessandro junto al diputado nacional Diego Santilli (Pro), cuyo teléfono también había sido hackeado. Recayó en el Juzgado de María Servini, quien se excusó de intervenir por su cercanía a ambos.

A esa primera denuncia en Comodoro Py, sin embargo, se sumó otra que presentó el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, también por presunto espionaje ilegal, y por sorteo quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, consignó al diario La Nación.

¿Por qué lo denunció Yadarola y por qué se excusó Ercolini? Porque ambos viajaron a una propiedad del magnate Joe Lewis en Lago Escondido con junto a D’Alessandro y otros jueces y fiscales, como Pablo Cayssials, y Carlos y Juan Mahiques, y el empresario Tomás Reinke, el exfuncionario de la Secretaría de Inteligencia, Leonardo Bergroth, y dos de los máximos ejecutivos del Grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey.

Tras el apartamiento de Ercolini, su colega Marcelo Martínez de Giorgi ordenó las primeras medidas de prueba, como el rastreo de la dirección de IP desde la cual se publicó, pasado el mediodía del viernes 2 de diciembre, y se puso a la venta por US$600 el contenido de D’Alessandro, según reveló elDiarioAR. Ese rastreo llegó tan lejos como Rusia, Estados Unidos y Finlandia, aun cuando los hackers podrían estar en Buenos Aires.

A esas tres primeras denuncias, por último, se suma la cuarta en Bariloche, desde el 24 de octubre. Tramita ante el Juzgado de la jueza federal Silvina Domínguez, y se centra en la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos y la supuesta aceptación de dádivas por parte de D’Alessandro y los jueces y fiscales que viajaron a Lago Escondido.

En ese sentido, la fiscal federal con competencia en esa jurisdicción, María Cándida Etchepare, imputó a los jueces Ercolini, Yadarola, Mahiques y Cayssials, a D’Alessandro, al fiscal general porteño Juan Mahiques, como también a Reinke y Bergroth, y pidió varias medidas de prueba, también destinadas a determinar si, como consta en la denuncia, habrían utilizado facturas truchas para encubrir supuestos delitos.