Faltan policías y faltan gendarmes. Faltan fiscales y faltan jueces. Falta presupuesto y falta infraestructura. Pero, por encima de todo, falta decisión política y sustento institucional. Ese es el caldo que explica por qué Rosario está como está desde hace ya demasiados años. El ataque a balazos al supermercado de la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, que conmociona en estas horas al país provocó hasta ahora apenas otra reacción espasmódica de quienes deben aportar soluciones.

¿Cómo se explica, si no, que la ley 24.660 prohíbe de manera taxativa desde 1996 el uso de móviles en las cárceles y ordena “instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal” pero los capos criminales sigan ordenando asesinatos, balaceras y extorsiones desde sus celdas?

¿Cómo se explica, si no, que la Policía acumule una decena de jefes en Rosario durante la última década que en vez de sumar medallas en su pecho acumulan causas penales por sus vínculos con los clanes criminales?

¿Cómo se explica, si no, que los fiscales y jueces corajudos y decentes de Rosario –que los hay- tengan a veces que esperar hasta nueve meses para recibir el apoyo tecnológico que les permita acceder al contenido de un teléfono celular de un narco o de un sicario? Sí, nueve meses.

¿Cómo se explica, si no, que 19 senadores provinciales y la vicegobernadora tengan una partida presupuestaria “de Fortalecimiento Institucional” para repartir subsidios y hacer política que el año pasado fue dos veces más grande que el presupuesto de todo el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la institución que agrupa a todos los fiscales y fiscalías de la provincia? Sí, los senadores repartieron $795,9 millones mientras que los fiscales recibieron $397 millones.

Esos y otros hallazgos surgen de la investigación que durante seis meses desarrollamos con Germán de los Santos, un colega excepcional que desde Rosario cubre el día a día de la debacle. Porque el huevo de la serpiente está en Rosario misma. Lo explican sus falencias institucionales, el retiro de las fuerzas de seguridad como elemento “regulador” del crimen, sus nichos de riqueza, sus cuevas financieras y sus bolsones de pobreza, su fragilidad ante los vaivenes económicos, su corrupción extendida. Y, también, su posición geográfica privilegiada –junto a la hidrovía y las rutas 11, 9, 33 y 34- que la convierten en un embudo de conectividad del Cono Sur.

La sangre que corre por sus calles es tanta que muchos rosarinos parecen anestesiados. O acostumbrados. O prescindentes mientras los muertos eran los “otros”, “en la periferia”. Hasta que fue demasiado tarde. Y chocaron de frente con las extorsiones. Ahora la disyuntiva es simple para empresarios y comerciantes, grandes y pequeños: plata o plomo.

La sangre que corre por sus calles se explica, también, por el reparto de poder y negocios que une y separa a socialistas, radicales y peronistas desde hace décadas. Responde a los contubernios entre funcionarios de los tres poderes del Estado con los clanes criminales. Responde a los arreglos delictivos de las fuerzas de seguridad con aquellos a los que deberían perseguir. A los ductos financieros que mueven fortunas en negro del mundo agrícola y de los narcos. Responde también a lo que pasa –y se calla- en los “puertos secos” y el mercado inmobiliario. A la pobreza que agobia a vastos sectores sociales. Y al enjuague cómplice de muchos rosarinos con el hampa, para el que lavan decenas de millones de dólares al año.

Esas son algunas de las conclusiones que surgieron de las entrevistas con más de cincuenta funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, criminólogos, efectivos de las fuerzas de seguridad, víctimas y periodistas que mantuvo la nacion durante seis meses. Incluyó también inmersiones en Rosario, Entre Ríos, Corrientes, la Triple Frontera y Uruguay, y el análisis de expedientes judiciales, investigaciones académicas e informes reservados. Pero no hay respuestas -mucho menos soluciones- fáciles.

Cinco fueron los ejes que comenzaron a repetirse durante las entrevistas que se desarrollaron bajo reserva de identidad para evitar represalias o esquivar las frases protocolares: el criminal, el institucional, el social, el financiero y el policial.

El criminal. Por tamaño, densidad y características, Rosario se convirtió en un enclave ideal para que pequeños clanes criminales crecieran y se diversificaran. Los ayudaron los focos de pobreza, desempleo y desindustrialización, y la baja incidencia en Rosario del empleo público como colchón social. Así fue cómo el clan Alvarado y la familia Cantero, factótum del clan Los Monos, avanzaron al ritmo de su ambición y la desidia o complicidad estatal. Pasaron del robo de automóviles al narcomenudeo, las extorsiones, la trata, los asesinatos y el lavado de activos.

El eje institucional. El sistema institucional santafesino es anticuado, empezando por su Constitución. Abundan las voces que reclaman actualizar todo el sistema, pero las mezquindades políticas bloquean los intentos. Ese pantano lleva a componendas espurias entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por ejemplo, para seleccionar jueces, fiscales, policías y titulares de organismos de control, y para remover a aquellos que quieran investigar al poder y a sus aliados criminales, en un círculo vicioso sin fin.

El eje social. Hay barrios enteros de Rosario que fueron abandonados por el Estado, que dejó de proveer seguridad y contención social. Son zonas asoladas por la pobreza, el desempleo y la precarización, donde los vecinos se cansaron de llamar a la policía ante un robo, por ejemplo, pero los patrulleros jamás llegaron. Los criminales llenaron ese vacío. Organizan comedores comunitarios y talleres de oficios, pagan sepelios y hasta proveen un remedo de seguridad, mientras ordenan asesinatos y secuestros, extorsionan comerciantes y regentean el narcomenudeo, el tráfico de armas y la trata de personas.

El eje financiero. Centrar el narco en los barrios más carenciados de Rosario es un insulto. El negocio mueve US$9 millones al mes en la provincia y genera ganancias por US$5 millones cada treinta días, según estimaciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). ¿Cuánto de ese dinero se lava y se reintroduce en el circuito legal? Un relevamiento de los expedientes judiciales muestra que financieras, inmobiliarias, constructoras y mutuales controladas por la clase alta rosarina participan en el lavado de los clanes criminales más sangrientos. ¡Si hasta crearon un dólar para ellos en el mercado negro: el dólar “banana”!

El eje seguridad. Las fuerzas provinciales y federales dejaron de actuar como “reguladores” del delito. Y Rosario vivenció una “feudalización” de su territorio y de las cajas recaudatorias. Sobran ejemplos de policías y penitenciarios que trabajan para los narcos, de políticos que protegen a agentes corruptos, y de presos que planifican crímenes desde sus cárceles con un par de llamadas. ¡Si hasta los agentes del servicio penitenciario les entregan teléfonos celulares por 30.000 pesos! Pero hay más y peor: muchos oficiales de policía son promovidos a cargos superiores por los narcos. Sí, los narcos eligen a muchos jefes policiales.

Este combo, que oscila entre lo mortífero, lo mezquino y lo patético, causó que Rosario sea el rostro más visible de una situación que se repite en otros puntos del país, como el Conurbano bonaerense, aunque con menos espectacularidad. Porque sólo en Rosario, un hombre caminó tranquilo hasta la garita de seguridad de los tribunales federales, a las 3.20 de la madrugada, en pleno centro de la ciudad, desenfundó su arma y disparó, impune.

Pasó el miércoles 28 de septiembre pasado. Y el Estado reaccionó como suele reaccionar cuando no sabe qué hacer: de manera espasmódica y efectista. Convocó a una unidad antiterrorista para que desembarque en la ciudad. Cinco meses y dos días después, otro episodio de alta exposición –la balacera al supermercado de la familia Roccuzzo- obligó a la clase política a reaccionar, otra vez. Pero el Presidente apenas pudo balbucear una frase sintomática de la situación: “Algo más habrá que hacer”.

Sí, claro, mucho, muchísimo más hay que hacer. Pero requiere, por encima de todo, decisión política y sustento institucional.

(La Nación)