El Gobierno provincial le abrió una instrucción sumaria a un agente del hospital San Miguel de San Salvador que en diciembre de 2021 fue condenado a seis años de prisión efectiva por el delito de violación. Le reclamó la devolución de una suma de dinero pagada en concepto de sueldos que ascendió a casi 500 mil pesos.

La apertura de la investigación administrativa se conoció a través del Boletín Oficial del 12 de abril y apunta a Luis Edgardo Gans Berguñan, quien purga su condena en la Unidad Penal N° 3 de Concordia. En el comunicado oficial se consignó que el 11 de noviembre de 2022, a través del decreto N° 3.949, la ministra de Salud Sonia Velázquez aprobó la apertura del sumario contra el agente y el reclamo de sueldos pagados.

De acuerdo al decreto, la dirección del nosocomio informó que el agente se encuentra detenido tras ser condenado por abuso sexual con acceso carnal el 6 de diciembre de 2021. Y que la sentencia la dictó el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia.

Lo cierto es que, mientras estuvo detenido, el hombre siguió cobrando su sueldo. Esa particular situación motivó que el Estado le reclame la devolución del dinero percibido hasta julio de 2022, cuando se habría detectado la irregularidad.

Se especificó que anoticiados de que el empleado se encuentra preso, el Departamento Liquidaciones del Ministerio de Salud realizó un cálculo provisorio de "lo adeudado por el agente en cuestión estimado hasta el día 31 de julio de 2022, ascendiendo lo adeudado a la suma de $ 484.902,82, más los intereses a devengarse hasta el momento que se haga efectivo el pago, según la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina (BNA)".

"Que al tomar intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, ha dictaminado que conforme constancias de autos corresponde disponer la instrucción de un Sumario Administrativo al agente Luis Edgardo Gans Berguñan, Legajo N° 194.090, por encontrarse su conducta presuntamente incursa en la causal de cesantía prevista en el artículo 71° Inciso f) de la Ley 9755 -Marco de Regulación del Empleo Público en la Provincia", se agrega en el decreto, según registró Uno.

Dicho artículo estipula la expulsión del empleado público sobre quien pesa una sentencia condenatoria por un delito doloso no referido a la administración pública.

Finalmente, se dio intervención al Ministerio de Salud para que intime al agente condenado a que en un plazo de 30 días "proceda a la devolución de la suma de $ 484.902,82, más los intereses a devengarse hasta el momento que se haga efectivo el pago, según la Tasa Activa del BNA". A juzgar por la fecha del reclamo, se estima que el dinero ya tuvo que volver al Estado.

(Uno)