Por Suhelis Tejero (*)

Con sus campañas contra los medios independientes, los gobiernos de varios países de América Latina comienzan a amenazar la libertad de prensa. ¿Puede replicarse el extremo de Nicolás Maduro y Daniel Ortega de bloqueos y cierres de medios?

El presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó hace unos días el cierre de la agencia estatal de noticias Télam, una medida que parece el punto de partida para desmantelar la red pública de medios en Argentina, a la que ya tiene intervenida. Ante el Congreso de su país, el mandatario también estigmatizó a la prensa al señalarla como el sustento de un sistema “corrupto y putrefacto” del que los medios viven gracias a “la pauta oficial y a formadores de opinión ensobrados (comprados) que miran para el otro lado o que eligen cuidadosamente a quién acusar y a quién no”.

En México, al otro extremo de la subregión, las filtraciones de datos personales de los periodistas han estado en el tapete durante este año. En enero, un aparente hackeo al sistema informático del Gobierno reveló los datos personales de más de 300 comunicadores que cubren “La Mañanera”, la conferencia de prensa diaria que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Como si fuera poco, un mes después, el propio mandatario publicó el número de teléfono de Natalie Kitroeff, corresponsal del diario The New York Times en ese país que, para colmo, es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. AMLO confesó que no fue un error y que lo volvería a hacer porque, por encima del derecho a la privacidad y la protección al ejercicio periodístico, están “la autoridad moral, la autoridad política” del presidente.

Y esta semana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a los medios RCN y Caracol de “embrutecer a la sociedad” y de querer desprestigiarlo. “Cuando uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana”, dijo el mandatario durante un acto público.

La estrategia de descrédito desde el poder no es nueva ni exclusiva de Argentina, Colombia y México. Otros países, como Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y, más recientemente, Bolivia y El Salvador, reflejan cómo el poder político puede golpear a los medios por diferentes vías hasta hacerlos desaparecer.

León Hernández, profesor del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), no duda en considerar esas acciones como parte de una estrategia de control político para generar miedo, “porque donde hay miedo puede haber autocensura y también censura”. Advierte que “hay un decaimiento profundo de las estructuras democráticas en lo institucional”, y esto ha permitido que algunos mandatarios, sin importar su tendencia política, “hayan incurrido en una estrategia de desprestigio contra medios y periodistas, con la intencionalidad clara de generar una relativización de la verdad, de cambiar las estructuras de confianza y credibilidad de los medios para afectar el tejido de la conformación de la opinión pública”, dice Hernández.

El índice de libertad de prensa que cada año presenta la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) muestra que la subregión, lejos de mejorar sus niveles de libertades y protección al periodismo, todavía enfrenta graves problemas. El reporte de 2023 indica que prácticamente en toda América Latina se presentan situaciones que van desde trabas sencillas hasta amenazas realmente serias. Apenas cuatro países registraban niveles satisfactorios de libertad de prensa en América Latina y, curiosamente, uno de ellos era Argentina.

Justamente, apenas Milei anunció el cierre de Télam, Reporteros sin Fronteras no perdió tiempo para advertir que el desmantelamiento de los medios públicos supone un riesgo real para el pluralismo en Argentina. “Es un duro golpe al periodismo y al derecho a la información. Pedimos que se suspenda esta brutal decisión”, dijo Artur Romeu, director de la Oficina de RSF en América Latina, mediante un comunicado publicado hace unos días.

En la nación sureña no ha sorprendido la medida en sí, sino su virulencia. Milei tenía las amenazas contra el sistema público de información y los ataques contra la prensa como parte clave de su repertorio desde la campaña electoral, algo que ha mantenido ya en el poder. La presidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Paula Moreno, reconoce que sobre todo le impactó lo rápido que ha marchado la agenda del Gobierno contra los medios.

Añadió que, además, han visto cómo los ataques del presidente a los periodistas -a veces nombre y apellido- han provocado agresiones, sobre todo en las redes. Por eso, le preocupa especialmente que los insultos oficiales trasciendan a “situaciones impensadas de violencia” para los periodistas, así como autocensura e, incluso, censura. Incluso, Moreno cree que el propio Milei no dimensiona el alcance que puede tener el llamar mentirosos o comprados a los periodistas.

“Por el rol que nos toca en el proceso democrático, el ejercicio periodístico merece respeto, tanto como nuestra democracia. Desde ese lugar nos parece muy grave la catalogación de periodistas ensobrados o mentirosos, como todas las generalizaciones. No hay manera de contrarrestar lo que diga el presidente porque la relación es asimétrica”, enfatizó Moreno.

Pero si en Argentina llueve, en México hay una tormenta. Allí los ataques y las filtraciones oficiales toman una connotación todavía más grave, pues ya de por sí es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el oficio, con un saldo de 163 periodistas asesinados y 32 desapariciones entre los años 2000 y 2023, de acuerdo con Artículo 19, la organización internacional de defensa de la libertad de expresión. El control territorial que ejerce el narcotráfico en varias regiones, además de su infiltración en las estructuras públicas, ha provocado que los crímenes contra los trabajadores de la prensa queden impunes. Por eso, las campañas de desprestigio contra la prensa que protagoniza AMLO desde la presidencia mexicana ponen todavía más presión a una situación bien complicada.

Al respecto Pedro Cárdenas, oficial de Protección y Defensa de Artículo 19 México, dijo que han observado que los gobiernos abusan de la tribuna pública para estigmatizar a los periodistas críticos a quienes catalogan como adversarios o enemigos, lo que contribuye al clima de violencia. “Si bien la violencia se viene arrastrando de gobiernos anteriores, este tipo de discursos no ayudan a reducirla y, por el contrario, generan un efecto cascada en donde ahora no solo Presidencia, sino también autoridades locales e inclusive actores privados, utilizan estos discursos para justificar su violencia contra la prensa, diciendo que están siendo pagados por alguna oposición política”, señaló.

Aseguró que, por eso, en los últimos años el promedio de violencia se ha mantenido porque los gobiernos no han generado políticas públicas integrales para prevenir la violencia contra la prensa y proteger a los periodistas. Pero, además, Cárdenas alertó sobre las filtraciones de los datos de los periodistas y el hecho de que AMLO justificara que su autoridad política y moral estaba por encima de la legislación mexicana en materia de la protección de datos personales.

El estado de la censura

Otros países de la región como Cuba, Nicaragua y Venezuela llevan mucho más camino recorrido en agresiones y violaciones a las libertades de expresión y de prensa. Esos gobiernos autoritarios suelen rodearse de un blindaje legal contra el periodismo porque permite la persecución judicial. A mediados del año pasado, el de Cuba logró algo increíble: reforzar más de 60 años de andamiaje jurídico contra la prensa con la Ley de Comunicación Social, que entrega al Gobierno poderes aún más amplios que los ya existentes para controlar o cerrar medios independientes.

En Venezuela, desde sus inicios, el presidente Hugo Chávez acusaba insistentemente a los medios de haberse aliado con los opositores y de ser enemigos de su revolución. En 2001, la Ley de Contenidos, luego convertida en Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte), sirvió como la base legal para justificar el cierre de medios.

Con decisiones administrativas emitidas por los reguladores de telecomunicaciones, el gobierno de Chávez cerró decenas de canales televisivos y de emisoras radiales, incluyendo la televisora RCTV, en 2007. Desde 2003 han dejado de operar casi 300 radioemisoras por órdenes del chavismo.

Y el actual presidente Nicolás Maduro no ha bajado el tono: grupos cercanos al chavismo han comprado medios independientes, mientras el gobierno bloquea medios digitales y canales de televisión extranjeros. El caso más reciente es el de la emisora alemana DW que ya no se puede ver en la televisión venezolana por órdenes del gobierno, luego de que emitió un reportaje en el que criticaba la gestión de Maduro.

En Nicaragua el régimen de Daniel Ortega también ha desplegado un discurso de odio contra la prensa que ha incluido detenciones, destierros y exilios forzados, así como censura, cierres de medios y confiscaciones. El Gobierno no ha dudado en insultar duramente a los periodistas, a quienes ha calificado de siervos, esclavos, vividores, vendepatrias y mentirosos. Desde 2018, cuando estallaron las protestas que radicalizaron al Gobierno, se han contabilizado unas 1.200 agresiones contra la prensa.

Hernández, de la UCAB, indica que esas campañas de desprestigio tienen una intencionalidad clara: despedazar la base de credibilidad de los medios al generar una sociedad polarizada en la que solo valen los extremos. Y el peligro de esto, a juicio del comunicólogo, es que se rompa el espacio de entendimiento social.

Bolivia, desde las sucesivas presidencias de Evo Morales, también ha vivido una campaña de desprestigio contra los medios que no se detuvo en la actual administración del presidente Luis Arce. Las tácticas oficiales han ido desde proferir insultos hasta reducir la pauta publicitaria estatal como mecanismo de presión política. Incluso el Gobierno produjo un documental titulado “El Cartel de la Mentira”, como llaman a los medios desde el poder. Y no todos están en capacidad de soportar algo así. A mediados del año pasado, el periódico Página Siete debió cerrar sus operaciones luego de que un corte de la publicidad estatal provocó una fuerte estrechez económica de la que no pudo recuperarse.

Y más recientemente, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha ultrajado a periodistas y ha señalado a los medios de ser sus enemigos por los reportajes críticos que han publicado sobre los acuerdos de su gobierno con las pandillas. Como medida concreta, aprobó una reforma del Código Penal que establece penas de prisión de hasta 15 años para periodistas que publiquen información producida por pandillas y que pueda generar pánico o zozobra a la población.

Lo grave de las campañas de descrédito no solo es que provocan una merma de las libertades, sino también un enfrentamiento continuo entre el poder y los medios, que lleva a una menor convivencia social. De este modo, varios gobiernos de América Latina que ya traspasaron los límites del autoritarismo, se consolidan como los dueños de la verdad absoluta, hasta considerar que quienes no siguen sus dictados son traidores a la patria. Y otros, que no han llegado a esos extremos, parecen dispuestos a jugar con fuego. Porque sin periodismo libre no puede haber siquiera un remedo de democracia.

(*) Publicado en Connectas.org