Un relevamiento de ANÁLISIS detectó que427 abogados con la matrícula habilitada para litigar, son empleados, contratados del Estado, funcionarios o incluso están en cargos electivos. ¿Hay incompatibilidades laborales, de horarios e intereses? En este informe, los casos actuales más evidentes y algunas perlitas olvidadas.
¿Cómo hacen para cumplir con el empleo por el cual cobran un sueldo nada despreciable? ¿En qué momento se ocupan de las gestiones como profesionales liberales? ¿Cómo compatibilizan las audiencias judiciales -que suelen ser intensas y extensas- con las tareas diarias en una oficina pública? ¿Litigan en asuntos que perjudican o interesan al Estado siendo, al mismo tiempo, custodios del correcto funcionamiento los poderes públicos?
ANÁLISIS detectó 427 abogados de la provincia con la matrícula vigente para litigar en tribunales como profesionales liberales que, además, son empleados o contratados de alguna repartición estatal. Incluso, varios de ellos están desempeñando cargos de jerarquía o funciones electivas, son intendentes, concejales o legisladores.
Los datos están disponibles para cualquier ciudadano, son públicos. Todo el padrón del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), como las nóminas de algunas de sus seccionales son accesibles en la web. Es necesario cruzar los registros. La información también está publicadaen los boletines oficiales, donde constan las designaciones, nombramientos, contrataciones, estabilidad o pases a planta; loslistados de personal en las páginas de varios organismos; los archivos de información fiscal. Y los registros de litigación en la Mesa Virtual del Poder Judicial o en el listado de mediadores. Hay quehurgar. Sobre todo cuando se trata de casos poco conocidos.
Pero están aquellos profesionales que gozan de gran popularidad en la comunidad, que habita las oficinas de la administración pública, política, los tribunales y los medios. Se trata de profesionales que sostienen un equilibrio delicado entre la función pública y el ejercicio profesional liberal y prolífero.
Algunos datos
Hace poco más de un año, el CAER comunicó que tenía unos 4.700 profesionales matriculados. Para este informe, se delimitó una base de 913 abogados entrerrianos sobre el total antes mencionado. Menos de la mitad del campo analizado, específicamente 392 letrados, no tienen la matrícula vigente porque detentan alguna función en el Poder Judicial, lo cual implica una incompatibilidad absoluta con el ejercicio liberal de la profesión.
Hay una porción pequeña de la base de 913 abogados, más precisamente 94profesionales detectados que no trabajan dentro del Poder Judicial pero tampoco tienen la matrícula habilitada en el CAER. Entre ellos justamente se encuentran abogados con alguna función dentro de la administración pública provincial: están en el Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf); en la Fiscalía de Estado; en algún hospital, en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER); la Dirección de Catastro, entre otras áreas públicas. Pero no son quienes pueden estar en incompatibilidad.
Y hay otra porción de la base de datos analizada para este trabajo que agrupa a los 427 abogados con la matrícula vigente en el CAER, que sí detentan una función pública. Están empleados en el Tribunal de Cuentas (TdC), en la Dirección de Trabajo, en la Contaduría General, en la Fiscalía de Estado, en la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el Ministerio de Producción, en el Registro del Estado Civil y la Capacidad de las Personas, en la Policía de Entre Ríos, en la ATER, municipalidades, Secretaría de Obras Públicas, Caja de Jubilaciones y Pensiones, Copnaf, Dirección de Fiscalización, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, concejos deliberantes, Boletín Oficial, Dirección de Inspección de Personas, Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades, Ministerio de Salud, Instituto Autárquico de Planeamiento, Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Secretaría de Arquitectura, Gobernación, Instituto de Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser), Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), entre otras múltiples jurisdicciones de la administración pública provincial.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1155, del día 17 de octubre de 2024)
