Se realizará hoy lunes a las 14 en Victoria una audiencia pública clave para definir la habilitación de la temporada de caza menor 2026 en Entre Ríos. La convocatoria, impulsada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, se da en un contexto en el que distintas organizaciones socioambientales cuestionan tanto el fondo de la política como el proceso de participación.
Desde el Ejecutivo entrerriano se plantea la instancia como parte de una estrategia de “gestión participativa y sustentable” de la fauna silvestre. Según el comunicado oficial, el objetivo es definir vedas, períodos y zonas habilitadas en base a informes técnicos, entre ellos un "relevamiento de abundancia de patos presentado por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (Catcyc)". Asimismo, se destaca la adhesión del país al Acuerdo de Escazú, subrayando la importancia de garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en decisiones ambientales.
Sin embargo, desde organizaciones de protección animal y ambiental la mirada es muy distinta. Gabriel Bonomi, integrante del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres y su Ambiente (Ceydas), cuestionó el carácter de la convocatoria y denunció un tratamiento desigual en la participación. En declaraciones en el programa radial Panorama 94.7, sostuvo que el año pasado no fueron invitados a exponer y lamentó que la audiencia incluyera únicamente voces vinculadas al turismo de caza, publicó Uno Entre Ríos.
En ese sentido, explicó que este año debieron pedir formalmente su inclusión: “En otras oportunidades no fuimos convocados a exponer. En este caso, tuvimos que presentar una solicitud formal para poder participar”, indicó. En ese sentido, consideró que este tipo de instancias debería garantizar una inclusión más amplia de los distintos actores involucrados.
Participación
Según explicó Bonomi, precisamente uno de los puntos que genera dudas es la modalidad de intervención de los distintos sectores. “Todavía no está del todo claro cómo será la participación, ni si se habilitará la posibilidad de exposiciones virtuales para algunos especialistas”, expresó.
De todos modos, confirmó que diversas organizaciones estarán presentes en la audiencia, entre ellas Arroyo Perucho Salvaje, Conciencia Animal, Luz de Libertad, Ecoguay y Ayuda Animal, que prevén exponer sus posiciones respecto a la actividad.
Debate sobre la caza menor
La habilitación de la caza menor en la provincia es un tema que año a año genera polémica. Bonomi afirmó que las especies de la zona que están en riesgo son el pato picazo, el pato barcino, el pato sirirí, el pato cutirí y la perdiz chica, entre otras. Al respecto, desde el sector ambiental, se cuestiona el impacto sobre la fauna autóctona y se plantea la necesidad de revisar este tipo de prácticas. “Se trata de aves que forman parte del patrimonio natural de la provincia. Entendemos que es necesario avanzar hacia modelos que prioricen la conservación”, sostuvo el referente de Ceydas.
También mencionó que, desde su perspectiva, la actividad que promueve la matanza de animales en la provincia está vinculada a un circuito turístico específico. “Hay un movimiento asociado al turismo cinegético, con visitantes que llegan desde otros países”, aseguró, cuestionando el modelo económico detrás del turismo cinegético, afirmando que constituye “un negocio millonario” que, a su entender, “beneficia a un grupo reducido de actores en detrimento del patrimonio natural”.
En este marco, sostuvo la necesidad de replantear el modelo turístico de la provincia. En contraposición al turismo de caza, propuso fortalecer alternativas vinculadas al avistaje de fauna y la conservación, siguiendo ejemplos de provincias vecinas como Corrientes y Misiones, donde el turismo de naturaleza se presenta como una actividad económicamente rentable y ambientalmente sostenible. “Que vengan los turistas extranjeros, pero no a matar y destruir lo nuestro, sino a quererlo, disfrutarlo y cuidarlo como lo hacemos nosotros”, remarcó.
Sede de la audiencia
Otro de los cuestionamientos que manifestaron las organizaciones ambientalistas radica en la localización del encuentro. La audiencia se realizará en la Reserva de Usos Múltiples El Potrero, en Victoria, un punto que, según Bonomi, no sería neutral. “Es un lugar donde operan cotos de caza y operadores del turismo cinegético. Allí juegan de local”, señaló, y consideró que esto podría influir en la dinámica de la participación.
Además de los aspectos procedimentales, las críticas se centran en el impacto ambiental y legal de la actividad. Desde Ceydas y otras organizaciones recordaron que existen antecedentes judiciales recientes que declararon inconstitucionales resoluciones que habilitaban la caza en 2022 y 2023. Argumentan que estas medidas vulneran compromisos internacionales asumidos por Argentina, como el Acuerdo de Escazú, la Convención Ramsar y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Asimismo, Bonomi recalcó que actualmente también se encuentra en trámite una demanda judicial contra la autorización de la caza en 2025, lo que agrega incertidumbre sobre la legalidad de una eventual habilitación para la próxima temporada.
