De ANÁLISIS
Se desarrolló la última jornada de audiencias en donde se discutió la remisión a juicio de la causa que investiga el pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros a la administración de Sergio Urribarri.
Casi no hubo discusiones en una jornada que cerró la admisión de pruebas y en donde las partes terminaron de precisar qué es lo que quieren que se tenga como evidencia a la hora de realizarse el juicio oral si así lo considera el juez de Garantías Julián Vergara.
El magistrado ahora deberá resolver si están dadas las condiciones de avanzar hacia el juicio oral tras más de un año de audiencias de la remisión a juicio. Según explicó el propio Vergara en la audiencia de este lunes, no hay plazos establecidos para su resolución, pero adelantó que intentará resolver "lo más rápido posible".
"Sería casi irresponsable resolver en 10 días los planteos que se realizaron durante meses. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, entre los 15 y 20 días dependiendo de la agenda de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA)", expresó el juez que se encargó de controlar el cumplimiento de las garantías durante esta etapa del proceso judicial.
Cabe recordar que la demora de estas audiencias tuvo que ver con que los abogados defensores intentaron apartar a Vergara del proceso por considerar que podía ser un juez parcial. Sin embargo, en la jornada de este lunes el abogado de Sergio Urribarri, Miguel Cullen, le agradeció públicamente a Vergara "por haber escuchado con atención todas nuestros planteos durante todos estos meses".
En esta última jornada, Vergara escuchó principalmente al abogado Ignacio Díaz realizar una serie de planteos que no hicieron a la cuestión de fondo. Tras estos planteos procesales y de incorporación de prueba, Vergara clausuró las audiencias y se expresó respecto a los plazos en los que resolverá si la causa está en condiciones de llegar a juicio oral.
La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri.
En un audiencia que se realizó en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron cuánto se pagó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas que manejaba Diego Cardona Herreros.
Los cálculos son en base a un informe contable elaborado en el marco de la investigación que quieren ventilar en un juicio oral y que acumulados superan los $12.000.000 en concepto de dádivas, según la profusa evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).
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