De que la historia la escribe los que ganan no hay dudas. En este caso, la historia del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) se comenzó a escribir en 2002, luego de una gran crisis en Misiones, principal zona productora de esa tradicional infusión. Ese organismo mixto nació paraclaramente regular ese mercado y evitar abusos contra los pequeños y medianos productores de yerba. Por eso fijaba precios de referencia para evitar el quebranto de los colonos.
En la primera versión de la historia, la de aquellos años, a la Ley 25.564 que creó el INYM siguió un decreto reglamentario, el 1240/2002 firmado por Eduardo Duhalde y Roberto Lavagna, que en su artículo 8° establecía: “El INYM deberá implementar las medidas que resulten necesarias y convenientes para facilitar el equilibrio entre la oferta y la demanda de la yerba mate y derivados”. Es decir que avalaba que se aplicaran mecanismos de intervención en los mercados.
Javier Milei, como siempre dice, llegó para barrer con aquella historia. Y por eso en la versión reescrita bajo su formato, este martes dictó un nuevo decreto reglamentario, el 812/2025, que no solo corrige el anterior sino que va en un sentido totalmente antagónico, publicó Bichos de Campo.
Ahora el artículo 8° de aquella primera reglamentación fue reescrito y ordena: “El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”.
Es decir que ahora, los ganadores en este tramo histórico en la Argentina, le prohíben a un organismo que nació para intervenir y buscar equilibrios, directamente que intervenga.
En este reinterpretación de la historia yerbatera, en los considerandos del nuevo decreto se llega a omitir gran parte de la realidad, que es una manera elegante de mentir y construir un relato propio. Dice en su justificación el decreto firmado por Milei, junto a Manuel Adorni y Luis Caputo que la ley 25.564 creó el INYM “con los objetivos de promover y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de yerba mate y derivados en sus diferentes modalidades de consumo y usos”.
Esa es solo una parte del texto escrito en 2002. Cualquier manual de historia yerbatera o los diarios de la época dirán todo lo contrario: la verdad es que el INYM se creó como órgano mixto justamente para intervenir en los procesos de formación de los precios pagados al productor. Y de hecho, aquel decreto reglamentario que ahora se modifica hacia la versión libertaria establecía taxativamente que ese organismo mixto (creado por ley pero administrado por una comisión integrada por todos los sectores de la cadena) tenía “la facultad de acordar semestralmente el precio de la materia prima”. Y que para ello “es necesario determinar las condiciones y estándares de calidad que serán tenidos en cuenta para la determinación de dicho precio”.
De hecho, fijar un precio orientativo para la hoja verde (materia prima de la yerba mate) y la yerba canchada (primer proceso industrial) fue a lo que se dedicó el INYM durante más de veinte años de historia: cada seis meses, una vez en marzo y otra en octubre, el directorio se reunía para tratar de acordar un precio de referencia que cubriera los costos del colono y contemplara cierta rentabilidad. Como casi nunca lograban ponerse de acuerdo, la ley contemplaba que debía laudar el secretario de Agricultura de la Nación, previo informe de costos elaborado por el INTA.
Intervenir en el mercado es lo que el INYM hizo en sus dos décadas de vida, hasta que en diciembre de 2023 asumió este gobierno enemigo de este tipo de políticas y violó de facto la ley, sin necesidad de modificarla. Así dejó de laudar los precios a partir de marzo de 2024. ¿Cómo hizo? Simplemente dejó vacante el puesto del Presidente del INYM y, sin conducción formal delegada por el Poder Ejecutivo Nacional, no había nadie para convocar a aquellas sesiones para definir precios. La complicidad de ciertos sectores de la cadena (sobre todo los molinos, que compran la yerba canchada) fue clave, pues los precios dejaron de establecerse. Y por supuesto, el secretario de Agricultura Sergio Iraeta ni se inmutó y mucho menos cumplió con su obligación de laudar ante la falta de acuerdo. ¿Total a quien carajo le importa la supervivencia de los tareferos y los colonos?
Por este motivo hay una denuncia penal presentada en los tribunales de Comodoro Py que debe estar cajoneada, porque no ofrece novedades. La impulsaron sectores representativos de la producción de Misiones y apunta directamente contra el presidente Milei. Le endilgan justamente el desobedecer una ley.
Antes el gobierno había intentado modificar el sentido del Instituto Yerbatero con algunos artículos de la Ley Bases 70/2023. Pero como no era tan claro el texto, ahora recurrió a este decreto.
Desde que el INYM dejó de establecer precios de referencia, lo que sucedió es que los precios de la yerba pagados al productos se desplomaron. Los colonos dicen estar trabajando a pérdida, ya que el INYM estimó costos de producción cercanos a 450 pesos por kilo de hoja verde y ellos a gastas estuvieron cobrando entre 250 y 300 pesos todo este año. Pero lejos de solidarizarse o preocuparse por la situación de la ruralidad misionera, el gobierno nacional festeja esta reducción de los costos de la materia prima, pues quita presión inflacionaria a pesar de que esa rebaja nunca se trasladó al consumidor.
Ahora, en el nuevo decreto, Milei y sus ministros parecen querer “blanquear” el trabajo sucio hecho hasta ahora para evitar que el INYM cumpla con su función primordial (intervenir en el mercado regulando los precios de la materia prima). Por eso reescribieron el artículo 8° de aquel decreto reglamentario en sentido opuesto a la versión original.
“Entre los principales objetivos del Gobierno Nacional se encuentra alcanzar una administración pública al servicio de los ciudadanos en un marco de eficiencia, eficacia y calidad para lograr responder con mayor celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad. A tales fines, resulta necesaria una modernización del IINYM, de manera que focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo”, establecen ahora los libertarios.
Y sin más vuelta, porque la historia la escriben los que ganan, en el artículo 2° del decreto correctivo, el presidente estableció además: “Instrúyese al INYM a que en el plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la presente medida, releve y adecue toda normativa dictada por el citado Instituto Nacional que contradiga lo establecido en el artículo 8° del Decreto 1240 del 12 de julio de 2002”. Claro que a la versión reescrita de ese artículo y no la original.
La normativa libertaria además deroga los artículos 9°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del aquel primer decreto de Duyhalde y Lavagna.
El 9° le permitía establecer políticas en busca de un equilibrio entre oferta y demanda de yerba mate. Y el resto tenían que ver justamente con todo el proceso para la fijación semestral de un precio mínimo que asegurase la subsistencia de los productores.
Ni las provincias yerbateras (en especial Corrientes, pero también Misiones, que tiene el 75% de la producción y una vasta población de 15.000 pequeños productores) han puesto reparos serios a esta avanzada liberalizadora. Y el Congreso Nacional, pese a que existen proyectos de ley en ese sentido, no ha tenido tiempo de discutir sobre el asunto.
Porque todos vamos a ser liberales ahora. Porque lo ordena el gobierno por decreto. Y el que gana, se sabe, reescribe la historia a su gusto, al menos hasta que llegue un nuevo gobierno.
