José Alberto Jozami
Durante el primer mandato del gobernador Mario Armando Moine (1991–1995), la Provincia de Entre Ríos enfrentó un escenario fiscal complejo, caracterizado por un crecimiento sostenido del gasto corriente y una estructura estatal sobredimensionada, heredada de décadas previas.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo impulsó la Ley Provincial Nº 8706, orientada a ordenar la planta de personal del Estado, introducir criterios de racionalidad administrativa y evitar que el empleo público continuara creciendo de manera inercial y desvinculada de la eficiencia del servicio.
La iniciativa encontró una fuerte resistencia política, sindical y social, lo que impidió su plena implementación y continuidad como política de Estado.
La alternativa que no se tomó
La Ley 8706 no proponía un ajuste ideológico, sino una estrategia gradual de modernización del Estado, basada en tres ejes centrales:
1) Congelamiento de vacantes, especialmente en áreas administrativas.
2) Aprovechamiento del personal excedente o sin funciones claras, mediante redistribución de tareas.
3) Incorporación progresiva de tecnología, reduciendo la necesidad de mano de obra administrativa.
Bajo esta lógica, no existía ninguna obligación técnica ni funcional de que el empleo público creciera al ritmo de la población. Por el contrario, la modernización del Estado permitía hacer más con menos recursos humanos, sin afectar los servicios esenciales.
Escenario contrafactual
Partiendo de una planta estimada de aproximadamente 65.000 empleados públicos provinciales a comienzos de los años ´90, y suponiendo que la Ley 8706 se hubiese aplicado de forma sostenida, el escenario más razonable no sería un crecimiento vegetativo, sino una reducción progresiva basada en jubilaciones, retiros naturales y reemplazos selectivos en áreas críticas.
En ese escenario, Entre Ríos tendría hoy una planta estimada de entre 50.000 y 55.000 empleados públicos provinciales, frente a los aproximadamente 93.000 actuales.
Impacto en el ratio de empleo público
La diferencia más ilustrativa no se observa únicamente en el número absoluto de empleados, sino en el ratio por habitante, indicador clave de competitividad regional.
Entre Ríos (actual): ~58 empleados públicos cada 1.000 habitantes.
Entre Ríos (escenario Ley 8.706): ~35–38 cada 1.000 habitantes.
Santa Fe: ~42 cada 1.000 habitantes.
Córdoba: ~33 cada 1.000 habitantes.
De haberse sostenido la política iniciada en los años noventa, Entre Ríos hoy estaría alineada, o incluso mejor posicionada, que sus provincias vecinas, con un Estado más eficiente y una estructura fiscal más competitiva.
Conclusión
El análisis contrafactual muestra con claridad que la visión impulsada durante la gobernación de Mario Armando Moine fue conceptualmente correcta y anticipatoria. El problema no fue el diagnóstico ni la dirección de la política, sino la imposibilidad de sostenerla frente a resistencias coyunturales.
Tres décadas después, los datos comparativos confirman que ordenar el empleo público, modernizar el Estado y mejorar la competitividad no solo era posible, sino deseable. La historia demuestra que la alternativa que no se tomó era, en muchos aspectos, el camino más sólido para el desarrollo de Entre Ríos.
(*) José Alberto Jozami es expresidente de la Corporación para el Desarrollo de Paraná.
