El conflicto por el financiamiento universitario sumó datos aportados por un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Allí se indicó que el presupuesto vigente para las universidades nacionales en 2026 consolidaría una reducción acumulada del 45,6% en términos reales respecto de 2023, lo que refleja la magnitud del ajuste que atraviesa el sistema educativo superior.
El cálculo surge de proyectar el crédito presupuestario actual, estimado en $4,87 billones, frente a la inflación esperada para el período.
De acuerdo con el análisis, el nivel de recursos disponible para las casas de estudio queda muy por debajo del poder de compra que tenían antes del recorte aplicado desde fines de 2023, publicó BaeNegocios.
La disputa por la ley de financiamiento universitario
El núcleo del conflicto gira en torno a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso. Su aplicación, sin embargo, fue suspendida por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 759/2025.
Mientras la Justicia ordenó al Estado cumplir con la norma, el Gobierno envió en febrero de 2026 un proyecto de modificación. Según el informe técnico, la iniciativa oficial busca "cristalizar y consolidar el ajuste presupuestario" aplicado al sistema universitario.
Dos escenarios opuestos
El estudio compara dos escenarios posibles: la aplicación de la ley insistida por el Congreso y el proyecto impulsado por el Ejecutivo.
Si se hubiese implementado la ley original, el presupuesto universitario habría registrado un aumento real del 35,1% respecto de 2025, lo que lo habría dejado apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023, permitiendo recuperar casi completamente el poder de compra previo al ajuste.
En cambio, el proyecto del Gobierno plantea una suba nominal que, al contrastarse con la inflación proyectada, implicaría una caída real del 14,2% frente a 2025.
La diferencia entre ambos esquemas es significativa: el presupuesto planteado por la Casa Rosada resultaría 36,5% menor al que correspondería bajo la ley sancionada originalmente por el Congreso.
Salarios: el núcleo del ajuste
El informe del CEPA destaca que los salarios representan el 86,9% del presupuesto universitario, por lo que los recortes impactan directamente en docentes y trabajadores no docentes.
Entre 2023 y 2026, el gasto salarial se redujo 43,2% en términos reales, mientras que la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde noviembre de 2023 alcanza 34%, según los datos relevados a enero de 2026.
Este deterioro ubica a la mayoría de los cargos del sistema universitario en niveles críticos frente al costo de vida.
Con una Canasta Básica Total (CBT) de $1.360.299, únicamente los docentes titulares con dedicación exclusiva y los niveles más altos del escalafón no docente superan la línea de pobreza.
Una recomposición que no alcanza
El proyecto oficial contempla un aumento salarial del 12,3% para 2026, dividido en tres cuotas de 4,1%. Sin embargo, el informe advierte que esta recomposición quedaría por detrás de la inflación.
Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación acumulada hasta septiembre de 2026 alcanzaría 20,3%, lo que implicaría una nueva pérdida del salario real cercana al 3,4% respecto de diciembre de 2025.
