Un importante grupo de organizaciones y entidades entrerrianas difundió un documento en el que hacen público su rechazo al proyecto que busca modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 vigente desde 2010 en todo el territorio nacional, y que obtuvo adhesión de la provincia de Entre Ríos en 2016 a partir de la Ley Provincial Nº 10.445.
Al respecto, advierten que “se trata de modificaciones que de ninguna manera pueden interpretarse como mejoras o actualizaciones, sino que implican el retroceso en la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de salud comunitaria que nuestra ley articula como pilares innegociables. Además, ataca las fuentes y las responsabilidades en el financiamiento para que pueda ejecutarse”.
En el documento señalan “los principales puntos que el proyecto del Ejecutivo Nacional pretende imponer, advirtiendo además que no se están abriendo canales legítimos de consulta a las instituciones y organizaciones que formamos parte del campo de la salud pública, la salud mental y la defensa de la salud como un derecho humano para la vida digna y en comunidad”.
En ese marco instan “a que el Ministerio de Salud Provincial -autoridad de aplicación de toda la normativa en materia de salud mental- pueda pronunciarse respecto de la necesidad de defender el marco normativo vigente, así como avanzar en la plena implementación de sus postulados. Esto implica la designación de presupuesto real para el sostenimiento y multiplicación de los dispositivos con base en la comunidad incluidos en el Artículo 11 de la Ley 26.657, así como el reconocimiento de condiciones de trabajo y salariales dignas para quienes sostenemos cotidianamente los abordajes en salud/salud mental”.
“En una provincia que duplica la tasa nacional de suicidios, con regiones que incluso llegan a cuadruplicar las cifras nacionales, con un aumento significativo de personas en situación de calle, con recortes en materia de educación, discapacidad, desarrollo social y productivo, donde la emergencia habitacional y alimentaria escala a niveles extremos de desamparo y sufrimiento, y con un sistema de salud colapsado y desbordado en su demanda; defender y cumplir las leyes que procuran construir condiciones de vida dignas y deseantes, debe ser un posicionamiento ético-político que marque el rumbo de nuestra provincia”, definieron.
A continuación, el documento completo:
