Por Luis María Serroels

Especial para ANALISIS

Hace falta mucha memoria para hallar desde el fondo de nuestra historia política un gobierno que, en su ambición descontrolada de poder, llegó al extremo de atacar al máximo tribunal de justicia de la Nación y agraviar gratuitamente a sus integrantes. Y que –insaciable al fin- se empecinó en domesticar jueces y fiscales inferiores, en su peregrina teoría de que el Poder Judicial debe ajustarse a los principios y postulados del Poder Ejecutivo. Ello ocurrió entre 2003 y 2015 y, como veremos luego, dejó latente tan riesgosa idea. Los huevos de la serpiente tienen larga vida.

Ni las arrugas, ni las mermas físicas ni el color de la tintura de su pelo, pudieron ser condicionantes de la excelencia que el ministro de la Corte Carlos Fayt exhibía entonces, reafirmando su largo recorrido en defensa de la ley y el derecho, hasta alcanzar un merecido prestigio internacional. Además, se hizo tiempo para formar futuros juristas en su paso por la cátedra, escribir 35 libros sobre temáticas de trascendencia jurídica, política y social, recibiendo en su larga carrera importantes premios y distinciones.

Todo ello constituyó el escudo invulnerable que lo defendió de las ofensas de la dirigencia kirchnerista, desesperada por generar vacantes en un órgano judicial del cual se había venido ufanando a partir de la integración decidida por Néstor Kirchner. Como un indisimulable plan de manejo del tribunal, se buscó ampliar el número de sus miembros para llenar los sillones con adeptos incondicionales puestos al servicio de funcionarios tachados de corrupción.

Carlos Saúl Menem, en cercanías de los 85 años de edad, se propuso volver a gobernar La Rioja y a nadie se le ocurrió cuestionarlo por su salud física y mental (aunque su verdadero obstáculo fue una condena firme de la que se protegió hasta hoy amparado en fueros parlamentarios).

Para el gobierno K, en su fuero íntimo no fue la edad lo que inhabilitaría a Carlos Fayt, sino el malestar que le originaba su lucidez como magistrado, desprovista de sometimiento al poder político.

Resultó de una ridiculez mayúscula que se atacara y cuestione a un ministro de la Corte por presunta senilidad no necesariamente traducida en achaques paralizantes, ni en una merma intelectual. Los protagonistas de la feroz arremetida contra Fayt, se aferraron a factores frágiles fácilmente desechables, en tanto se evalúe su desempeño en fallos impecables de valor jurisprudencial. Decisiones que a los integrantes de la corporación Justicia Legítima (con perceptible identificación política) les vendría muy bien revisar para enriquecerse profesionalmente).

Para una presidente que nunca había ejercido la abogacía (nadie pudo advertir su firma en trabajo alguno ni se la habría visto en los pasillos de algún tribunal) no era sencillo de resolver un asunto tan espinoso como domesticar tan alto cuerpo. No es un dato menor que Néstor Kirchner lo haya catalogado como “un lujo”.

La capacitación permanente, la especialización, esa aliada invalorable que es la experiencia y el sustento ético que acompaña cada fallo, constituyen méritos reconocidos del funcionario judicial. Buscar argumentos basándose en estólidos prejuicios etarios y lanzar repudiables ataques personales, es miserable, cuanto más si detrás está el poder político con figuras que no pueden resistir un archivo.

Hebe de Bonafini (imputada de graves delitos) llegó a proponer apoderarse por asalto del Poder Judicial, mofándose de los altos ministros de la calle Talcahuano y poniéndoles sobrenombres insolentes. En 2010 llamó a tomar el Palacio de Tribunales y en 2013 amenazó con entrar al edificio “a ver si los jueces ponen las p…”.

¿A qué viene todo esto? A que la actual presidenta de Justicia Legítima (¿cuál vendría a ser la ilegítima?), Cristina Caamaño, la semana pasada pidió que se realice una nueva reforma constitucional “para que el Ejecutivo no nos pueda endeudar otra vez” y tras cartón subrayó: “hay que democratizar la justicia, hacer ingreso democrático, evitar las presiones”. Durante la reforma de 1994, la entonces convencional Cristina Kirchner advirtió que se estaba haciendo una Constitución para 50 años. Si la señora Caamaño se concentra en esta postura, resulta necesario refrescarle la memoria. Sabido es que el kirchnerismo hizo un manipuleo vergonzoso del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué no revisar la detestable protección que los fueros le obsequian a los corruptos?

Recordemos el caso de la titular del Ministerio, Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó, designada para reemplazar a Esteban Righi cuando éste se acercaba peligrosamente al ex presidente Amado Boudou, quien pretendía apropiarse de la empresa Ciccone Calcográfica (nada menos que la exclusiva impresora de billetes para el Banco Central).

Esta funcionaria, que más adelante fue imputada por cometer irregularidades en la compra de un edificio para su organismo, fue instalada -según el ex Fiscal Manuel Garrido- para garantizarles impunidad a quienes saquearon el Estado, incluyendo las maniobras de Boudou.

Garrido fue forzado por Néstor Kirchner a renunciar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, porque había posado su atención en causas que comprometían al matrimonio K, siendo el hilo conductor de esta medida la investigación de Righi. Los Kirchner terminaron sobreseídos en tiempo récord por el juez venal Norberto Oyarbide, quien luego confesaría haber sido amenazado de muerte y nadie se inmutó.

El probo e incorruptible fiscal José María Campagnoli sufrió la persecución de Gils Carbó hasta separarlo del cargo “por procurar la verdad dentro de su función”, como dijo el fiscal de la Corte Santiago González Guarcalde. Campagnoli salió limpio de esta persecución (entre otras cosas, investigó a Lázaro Báez y familiares de una ministra). El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público fue arbitrario y su decisión resultó repudiada por prestigiosas instituciones vinculadas con el derecho. El no ser bien visto por el matrimonio Kirchner significaba una latente amenaza. Según el art. 128º de la Carta Magna de 1994, la función de Campagnoli es la de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad y esto era lo que molestaba a la Casa Rosada.

El kirchnerismo nunca pudo sacarse el polvillo generado por la designación en 2003 como ministro de la Corte Suprema del procesista Eugenio Zaffaroni, quien en 1976 había jurado fidelidad hacia los postulados básicos del proceso militar más abyecto que registra nuestra historia y al Estatuto que reemplazó nuestra Carta Magna, rechazó hábeas corpus por desaparecidos. Hoy asesora a Cristina Fernández ¿Conoce todo esto la jueza Caamaño?

Ella no se circunscribe a una simple reforma constitucional, sino que busca que se le incluya una parte donde se amplíe el número de los miembros de la Corte para permitir desnivelar la mayoría en favor del poder político. Y de paso desprenderse de jueces inferiores que hoy incomodan a los involucrados en delitos de corrupción y a los cuales denostó sin disimulo. La manipulación que sucedería tras las elecciones sobre los jueces federales, con la vista posada en especial sobre la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, teñirían muy feamente la independencia de los magistrados.

“Fue un mal gobierno. Toda su acción institucional es deplorable; todo lo que hizo en materia judicial es deplorable; toda su intromisión en la Justicia es deplorable; lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que hizo con la llamada “democratización de la justicia”; todo es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable”.

Quien se expresaba así ante la agencia de noticias DyN en 2015 refiriéndose a Cristina Fernández, era Alberto Fernández, actual candidato a Presidente de la Nación en la fórmula que comparte con ella. Años antes la había aplaudido cuando ella firmó el Decreto vetando la ley del Congreso que fijaba el 82% móvil para la castigada clase pasiva. Y que en 2008 apoyó la Resolución 125 contra los productores del campo, a quienes hoy les promete lo que no sabe hacer. Y sorprende diciendo que “atender la pobreza no es dar plata a los pobres para que sobrevivan”, siendo que los gobiernos K no hicieron otra cosas, sosteniendo planes para disfrazar los índices de desocupados. El Indec de Moreno los consideraba “empleados”.