Derechos ciudadanos, puja de intereses

Por Mario Wainfeld (*)

 

El gobierno anunció una medida. La oposición clamó “¡Venezuela!”. Tres juristas, elenco estable, denunciaron inconstitucionalidad. Cinco opineitors se encolerizaron, demostrando ignorancia absoluta sobre la medida. No importa cuando leas esto.

Vamos al enésimo episodio de la saga.

El Presidente Alberto Fernández instituyó como “servicios públicos” a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión paga. El primer objetivo es garantizar el acceso a toda la población. Tuiteó: “De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado”. La oposición clamó: “¡Venezuela!”.

El primer instrumento según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 es la suspensión de aumentos de dichos servicios hasta el 31 de diciembre. Las prestadoras los habían anunciado, varias llegaron a enviar facturas con nuevas tarifas para pagar en septiembre. Fernández recibió durante la semana a empresarios del sector, intentó disuadirlos, se negaron de plano.

Era el segundo incremento en el año de pandemia, queda sin efecto. El impacto inmediato aliviará a millones de ciudadanos que, por motivos evidentes, usan más el celular e Internet. Muchos están obligados porque realizan trabajo a distancia o porque tienen hijos en edad escolar que suplen, como mejor pueden, la ausencia de clases presenciales. Crece exponencialmente la demanda de particulares para mantener contacto con los afectos, para actividades culturales, para esparcimiento. La suba del consumo cuasi forzosa afecta al bolsillo de la gente común. La regulación procura protegerla.

Los precios no se congelan eternamente, pero eventuales futuras subas deberán ser aprobadas por el Estado.

Más relevante, aunque menos ostensible de entrada, es el derecho a una prestación “básica, universal y obligatoria para los que menos tienen”. El acceso a bienes indispensables en el siglo XXI constituye una de las claves de los servicios públicos. La nómina de bienes se amplía, algunos lo llamamos progreso o equidad o hasta justicia social, con perdón de la palabra.

El Gobierno interviene, toma partido en un conflicto de intereses entre las prestadoras y millones de argentinos de a pie.

Vocifere “¡Venezuela!” si quiere. O lea, escuche, repase la historia.

 

La sanata sobre el péndulo

 

La normativa restituye valores derechos consagrados por la ley “Argentina Digital” del año 2014, suprimidos por el ex presidente Mauricio Macri. La Vulgata dominante se queja: “¿Cómo es posible que las reglas cambien cada cuatro años?”.

 La primera respuesta: hay democracia, con alternancia. Quienes reniegan del “péndulo” no quieren que haya equilibrio en improbable centro sino vivir en su extremo derecho.

 

Los gurúes económicos elevan preces al cielo: “que haya políticas de Estado”. Llaman así a la eternización de las decisiones de gobiernos de derecha.

Piden amplios debates, los hubo previamente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) incluyendo foros provinciales. Macri la desguazó con un DNU a pocos días de asumir.

En el caso que nos ocupa, son más los derechos reestablecidos que las innovaciones, si tal cuestión importara.

Son numerosos los países en el que el acceso de Internet es considerado derecho esencial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo reconoce también. Abundan en el centro del mundo, Europa especialmente, Estados que reconocen como derecho esencial el acceso a la telefonía celular, un bien imprescindible en los tiempos que corren. Dejamos a los especialistas el listado.

 

La opción inexistente

 

La actual gestión estableció precios máximos para un conjunto vasto de productos, las reglas se cumplen… apenas en parte. Median escollos para que funcionarios ejerzan control activo. El público, a su vez, no puede seguir los consejos de la inefable Lita de Lázzari. La peste impone comprar en los negocios de cercanía. Peregrinar en busca de mejores precios pondría en riesgo la salud propia y la del prójimo.

Las tarifas de gas y electricidad están congeladas. En el ámbito privado, también los alquileres de viviendas.

Los combustibles líquidos mantuvieron precios durante meses, ahora se dispuso un aumento, por debajo de la inflación. Se atiende a varios objetivos: impedir la falencia de las empresas, en particular la estatal YPF. Sostener los puestos de trabajo y las finanzas de las provincias petroleras. Mantener vivo el potencial de Vaca Muerta. De cualquier manera, la suba afectará a las familias y las empresas. Se trata de optar, cualquier solución es opinable e imperfecta.

Empresas como Telecom, Cablevisión, Fibertel, Telefónica, Claro, Telecentro, protestan. El Presidente suele pedirles que sean solidarias, que acepten “no perder sino ganar menos”. El imaginario de “los grandes jugadores” desconoce o niega la diferencia que señala Fernández. Para ellos, ganar menos equivale a perder, tout court. El Grupo Clarín es titular de las tres primeras empresas de la lista, son su principal fuente de ganancias. El poder se construye también con el imperio mediático, pero el flujo de dinero no.

Huelga decir que el DNU que nos ocupa no legisla sobre contenidos ni sobre libertad de expresión. Esa evidencia jamás será reconocida por la oposición política y el establishment económico que se pintan la cara.

En el manual de operaciones de las corporaciones prevalece la judicialización. Si algo abunda en el Poder Judicial son magistrados dispuestos a admitir medidas cautelares absurdas en defensa de intereses concentrados. Esas medidas, como las prisiones preventivas del macrismo a sus adversarios, se transforman en eternas. Funcionan como sentencias firmes, sin serlo. Posiblemente mientras se tipea esta nota, en la tarde del sábado, estén trabajando a destajo abogados amigos del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, tal vez ex socios. O gente parecida, tanto da.

 

Derechos en juego

 

Los regímenes legales inclusivos buscan compensaciones entre el poder de los grandes proveedores de servicios y los usuarios, individuales y dispersos. Mitigar las asimetrías de poder. Los contratos de adhesión, en caso de duda, se interpretan a favor del cliente.

Los prestadores de telefonía móvil e Internet marchan a la vanguardia de quejas por mal servicio. Los organismos de Defensa del Consumidor o las Defensorías Públicas registran marcas récord.

Atienden a una clientela vasta, es verdad. Pero es ilustrativo leer sus cuentas de Twitter. Proliferan hallazgos como estos:

Cliente: “Ustedes cagándose en sus clientes, un clásico”.

Respuesta: “¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Flor y voy a ayudarte ¿Podrías indicarme el DNI del titular y el detalle de tu consulta por privado así lo vemos? Te espero”.

Otra.

Cliente: “Dejen de hacerse los pelotudos”.

Respuesta: “Te respondimos por DM”.

Hay cantidades, divertido y pedagógico leer dicho material.

La parla macrista hecha y derecha. Te tuteo, le echo almíbar a la réplica, te “duermo” o mando a un callejón sin salida.

 

Transferencias de ingresos

 

La decisión presidencial es audaz porque aviva el odio de grandes corporaciones. Guarda coherencia con varias anteriores, el aluvional programa de salvataje en pandemia. Transferencias de ingresos como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o los ATP. Miles de empresas, anche de gran porte, embolsaron los subsidios sin quejarse del intervencionismo estatal. Chillaron, eso sí, cuando se les exigieron mínimas contrapartidas. Los conflictos escalaron cuando se fijó doble indemnización, cuando se prohibieron despidos sin causa o alegando fuerza mayor.

El abanico de acciones apunta a mantener fuentes de trabajo, minimizar la cantidad de despidos. Interviene en la puja de derechos entre trabajadores y patrones.

El DNU 690/2020 guarda coherencia con el resto, lo cualifica. Ingresa en la puja distributiva, redistribuye recursos. Es válido que los capitalistas defiendan su lucro. Es capcioso que usen como argumento los intereses de la contraparte.

Ni hablemos de las inversiones extranjeras, que se ahuyentarían. El neoliberalismo market friendly no las atrajo en cuatro años. Absurdo esperarlas en la “nueva normalidad”: todos los Estados agrandarán el gasto social, la protección del trabajo de sus nacionales, revisarán las relocalizaciones dispuestas en tiempos que no volverán.

 

Indignados contagiosos

 

Volvamos al principio. La oposición amanece indignada. No sabe todavía por qué, ya lo decidirá. Convoca a un banderazo contra algo cuyos alcances desconoce.

No importa cuando digas esto.

La indignación se agrava con violencia verbal y un creciente desprecio por el prójimo. El intendente de Avellaneda (Santa Fe), Dionisio Scarpin, que marchó el lunes 17 sin barbijo, abrazó a vecinas-grupos de riesgo y al día siguiente anunció padecer Covid dista de ser un caso excepcional. Expresa a una minoría intensa, irresponsable, insolidaria.

En estas horas la indignación trepa contra una norma que, como señala el académico especialista Glenn Postolski “restituye la concepción del rol del Estado como garante del derecho humano a la comunicación”. Amplía derechos, redistribuye bienes, beneficia a millones de personas. Achica los márgenes de ganancia a un puñado de corporaciones que hasta ahora se alzaban entre las contadas grandes ganadoras en medio de la debacle colectiva. Resignarán una fracción de las súper ganancias. Seguramente eso les preocupará menos que el avance de los derechos de los ciudadanos-consumidores. Pero no lo gritarán.

 

(*) Este artículo de Opinión de Mario Wainfeld se publicó originalmente en el diario Página/12.

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Por Eugenio Raúl Zaffaroni (*)  
(*) Luis María Serroels

Judiciales

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