Planificamos o vamos viendo

Planificamos o vamos viendo

Por Antonio Tardelli (*)

 

No es cierto que la Argentina no esté diagnosticada y que sus problemas estructurales no han sido estudiados. Lo hacen todo el tiempo los cientistas sociales. También lo hacen, con limitaciones y sin tanta dedicación, los políticos y los técnicos. Pero en general se sabe casi todo lo que es importante.

Las universidades, las organizaciones profesionales y las fundaciones, con distintos propósitos y diferentes financiamientos, producen regularmente documentos sobre una inmensa variedad de temas. Los problemas están ahí, listos para ser examinados. Aguardan para ser abordados en la agenda pública. Apenas si se requiere voluntad política.

Días después de que se divulgara una comparación entre los salarios que paga el Estado y los sueldos que abona el sector privado, un nuevo informe da cuenta del peso que adquiere el empleo público en las provincias. La primera de sus observaciones no aporta nada novedoso: el conjunto de las provincias tiene hoy más agentes estatales que hace tres años. Lo mismo se podría concluir tomando cualquier otro lapso.

En 2018, en efecto, se contaban 46 agentes provinciales por cada mil habitantes; hoy para ese mismo universo hay 52 empleados. Una pregunta pertinente es si el incremento de servidores públicos ha acarreado una mejora en la cantidad y la calidad de los servicios que presta el aparato estatal. Puede intuirse la respuesta negativa de la mayoría de la población.

Cuatro provincias se hallan por debajo del promedio nacional: son Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Se trata de los distritos más productivos, donde mayor gravitación adquiere el sector privado.

Tomadas todas las provincias en conjunto, y dividiendo la masa salarial por el número total de empleados, se concluye que el costo de cada uno de ellos públicas asciende a 70 mil pesos.

Una consultora privada, Aerarium, pudo establecer que una reforma practicada hace cuatro años a la Ley de Responsabilidad Fiscal derivó en una contracción de la cantidad de empleados provinciales. Se había determinado, entre otros puntos, que las provincias no podían incrementar su planta de personal sino en relación con su cantidad de habitantes.

En ese momento el número de agentes por cada mil habitantes descendió de 51 a 49. Pero ello, acota el documento, rigió únicamente durante un año. Las cosas cambiaron y recuperaron la tendencia predominante. Se restableció la mecánica de la contratación a repetición.

Dieciocho distritos están por encima del promedio general de 52 agentes por cada mil habitantes. Cinco provincias (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Chubut) son las que más empleados acumulan en relación con su población. En el rubro también se destacan Catamarca y La Rioja. Entre Ríos integra el grupo de provincias que menos empleados públicos ha incorporado en los últimos cinco años al menos cuando se mide la cifra de estatales en relación con el millar de pobladores.

Por otro lado, los datos datos permiten comprobar el ajuste que experimentaron los salarios públicos en los últimos años: entre 2017 y 2020 el gasto real en el conjunto del empleo público provincial se contrajo, a valores constantes, un 16,7 por ciento.

Los números están a disposición de quienes quieran rastrearlos. Para entenderlos. Para interpretarlos. Los estadísticas pueden decirnos muchas cosas, sabidas o desconocidas, asumidas u olvidadas. Los decisores, los planificadores y los técnicos podrán comparar la realidad existente con las necesidades. Podrán imaginar las proporciones ideales. Podrán proyectar las ecuaciones más virtuosas.

Es un modo –por ciento no tan habitual– de entender la gestión y concebir la política. Es lo contrario de un presente ordinario, común, que suele combinar urgencia y desaprensión. Es, en contra de toda planificación, el reino del “vamos viendo”.

 

(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS

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