El silencio de los argentinos

Por José María Varangot (*)

El llamado a silencio, tan típico de la foto de la enfermera que se ilustra junto al presente artículo, imagen argentina de la que se está cumpliendo 70 años de historia y se encuentra instalada en medio mundo a modo de recordatorio en Hospitales y Centros de Salud, metafóricamente, es un disparador de la necesidad que tenemos los argentinos de abandonar el silencio para exigir a voz alzada a la dirigencia general las correcciones necesarias para encauzarnos en otro rumbo, que no sea el de una colisión social. 

Frente a diversas y reiteradas actitudes de irresponsabilidad de los políticos, en un marco de internas feroces con grave desgaste social, quedarse callado es practicar una suerte de complicidad. Sabemos perfectamente que estamos y vamos mal. Ya no podemos permitir que desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo Nacional se argumente contra la división de poderes, se relativice a los derechos esenciales previstos en nuestra Constitución Nacional, se decida la escisión del Senado de la Nación, sólo para obtener una ventaja temporaria en el Consejo de la Magistratura o advertir el silencio de los dirigentes responsables, en momentos que se perfila la inflación más alta de los últimos 30 años, entre el 60-70% anual. 

En la reciente Encuesta Comparativa de América Latina, efectuada por una importante consultora internacional, surge que en Argentina los principales problemas son, la inflación y la inseguridad; en cambio para Brasil, es la educación. En función de ello cabe destacar, que de las mediciones PISA, respecto del nivel de conocimiento de los adolescentes argentinos, sobre un universo de 77 países, nuestros estudiantes se ubicaron entre la posición 63° y 71°; por otro lado, padecemos un nivel de deserción y retraso escolar en la Primaria del 47% y sabemos, que cuánto más deserción existe, más temprano es el contacto con la droga.

A tal punto de resignación hemos llegado que ya no nos sorprende que un municipio como el de Morón, distribuya un folleto aconsejando a la juventud respecto de la cocaína y pastillas: “Andá de a poco y despacio”. La pregunta, en función de la demostración concreta de la declinación de nuestro nivel educativo, sería: ¿Cuáles han sido las reacciones de los funcionarios del Ejecutivo o integrantes de Comisiones correspondientes, en las Cámaras del Congreso? ¿o seguimos practicando el silencio?

Esta falta de reflejos en nuestra capacidad de asombro que padecemos los argentinos, se advierte en nuestra provincia de Entre Ríos. En ese sentido, hemos asistido al trámite judicial de la causa de corrupción más importante de la historia entrerriana, y a diferencia de otras muchas causas de corrupción en la que se juzgan a funcionarios políticos, en esta oportunidad la Justicia provincial condenó al ex gobernador Sergio Uribarri y su entorno, a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Pese a la gravedad de los cargos y sus protagonistas, es lamentable la falta de posicionamiento público de parte de la dirigencia entrerriana de todos los partidos, oficialistas y oposición, durante el desarrollo de la causa que dejó en carne viva, la comisión de delitos contra la administración de nuestra provincia, que el pueblo entrerriano con su voto, le encomendara cuidar y administrar al ex gobernador y reciente renunciante embajador en Israel.

Esa misma dirigencia de Entre Ríos, en su mayoría también se mantuvo callada frente a una feroz arremetida contra la Justicia y concretamente contra la coordinadora de los fiscales Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en un intento que prospere un Jury de Enjuiciamiento, seguramente a modo de castigo por haber actuado contra muy importantes políticos entrerrianos, que efectuaron maniobras de corrupción. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, acaba de avalar a la fiscal Goyeneche, por lo tanto es de esperar que el Superior Tribunal de Entre Ríos, reconozca la inconstitucionalidad. Conclusión, que quede claro, los delitos contra la administración pública no gozan de impunidad en la provincia de Entre Ríos.

La defensa del ex gobernador calificó el fallo y la actuación de la fiscal Goyeneche, como persecución política. Cabe explicar que sólo estamos ante un caso de condena de un político que fue intendente, legislador, dos veces gobernador de la provincia, y fue hasta hace pocos días embajador argentino en Israel y, su causa tramitó en su provincia con un gobernador de su mismo partido político.

Los argentinos tenemos una percepción negativa sobre el futuro, la confianza de la ciudadanía en su dirigencia política cae estrepitosamente; incluso en el devenir de cara a las elecciones del 2023, el actual gobierno de Fernández no despierta expectativas favorables pues se trata de una alianza quebrada y desacreditada. Abandonemos, entonces, el silencio cómplice  y comencemos a exigir a quien corresponda rendición de cuentas sobre sus responsabilidades. 

(*) Abogado, productor de campo y dirigente rural de El Colorado, Santa Elena, Dpto. La Paz. Especial para ANALISIS

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