Carlos Pagni (*)

En un país con voto obligatorio, el desapego hacia la política, que a veces se convierte en irritación, hizo que 11 millones de ciudadanos, que constituyen el 30% del padrón, no concurran a las urnas. Otros 7 millones votaron por un candidato muy poco conocido, que se propone como verdugo de toda la dirigencia política, y que promete resolver la delicadísima situación de la economía con una motosierra.

Desde hace más de tres años, los analistas de opinión pública vienen detectando una masa de pesimismo superior al 70%: gente que cree que este año es peor que el anterior y mejor que el que está por venir. Cuando se pregunta a esos votantes a través de encuestas cualitativas cómo les va en su día a día, muchos de ellos se largan a llorar. Ayer el Indec comunicó que la pobreza ya cruzó la barrera del 40%, lo que supone que hay más de 18 millones de personas en esa condición. Es sobre este paisaje deprimente que irrumpió el escándalo de la Legislatura bonaerense: un sistema de contratación de personal que sirve para financiar con fondos negros a la gran mayoría de las fuerzas políticas del distrito.

Si no a todas. Un engranaje más de la maquinaria de corrupción que convierte en multimillonarios a muchísimos vecinos que ingresaron a la política para acelerar su evolución patrimonial. Un hilo más o menos perceptible que conecta las extracciones de un cajero realizadas por “Chocolate” Julio Rigau con divorcios suburbanos que cuestan 20 millones de dólares. La renuncia de “Chacho” Álvarez, el asesinato de Kosteki y Santillán, el rechazo de la Resolución 125, el motín de medio gabinete en contra de Alberto Fernández después de las primarias de 2021, desataron crisis políticas. Lo que se está cursando en este tiempo es otra cosa: es una crisis de la política. Eso es lo que hay que resolver.

La aparición de “Chocolate” recaudando en el centro de La Plata con 48 tarjetas de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, parece un episodio programado con toda minuciosidad para que quienes están desmoralizados frente al orden político corroboren esas presunciones. Pero esa operatoria no es lo más inquietante. El peor síntoma del deterioro institucional es el silencio de los responsables de la Legislatura. Ni su presidente, Federico Otermín, mano derecha de Martín Insaurralde, ni el resto de las autoridades, Adrián Urrelli, Carlos “Cuto” Moreno, Héctor Eslaiman o Fabián Perechodnik, abrieron todavía la boca, cuando ya pasaron casi 20 días del delito. Quedaron paralizados, pero no porque haya estallado un escándalo. Salió a la luz un método. Entretenidos en cruzarse reproches entre ellos, ni siquiera tienen la cortesía del cinismo. Podrían decir que colaborarán con la Justicia, que iniciarán sumarios administrativos, que revisarán la política de contrataciones, o que recortarán el presupuesto de la Legislatura. En otras palabras, echar mano de la decena de recursos retóricos que tiene a disposición un político en apuros. El reflejo fue otro: oscurecer más el panorama involucrando a dos camaristas, Juan Benavides y Alejandro Villordo, en la tramoya que había quedado al descubierto. Por supuesto, el tercer poder, el Ejecutivo, desapareció de la escena del crimen. Hasta el parlanchín Axel Kicillof se volvió mudo.

“Chocolate” fue detenido y puesto a disposición del juez Guillermo Atencio y de la fiscal Betina Lacki. Pero los jueces Benavides y Villordo relevaron al abogado del preso, Alfredo Gascón, de gestionar la excarcelación en primera instancia. Liberaron a “Chocolate” en un santiamén, apenas recibieron un hábeas corpus. La celeridad tiene una explicación bastante obvia: había que evitar que la fiscal Lacki abriera el celular de “Chocolate”. Era urgente, entonces, paralizar el expediente, por lo menos hasta después de las elecciones. ¿Quiénes podrían quedar involucrados si el contenido de ese teléfono se libera? Este campo es conjetural. Pero los reflectores apuntan hacia la dirigencia del Frente Renovador de Sergio Massa. El concejal Facundo Albini, el “Turco” Eslaiman, y el exdiputado y actual jefe de Asesores de Massa, Raúl Pérez, aparecen en todos los relatos. Pero ellos niegan cualquier vinculación con esta trama.

La denuncia que presentaron el intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel, el diputado Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talerico, que carecen de fuerza propia en la Legislatura, tiene un efecto paradójico. Benavides y Villordo quedarían expuestos a un juicio político que le iniciarían legisladores que, es muy probable, se beneficiaron con la anulación del proceso contra “Chocolate”. Más aún: esos camaristas podrían ser juzgados por una irregularidad que les fue solicitada por quienes los juzgan. Todos dependen ahora, investigados e investigadores, de que la Cámara de Casación provincial convalide la decisión de Villordo y Benavides. ¿Es lo que sucederá? “La mitad de esa cámara está ligada a Massa”, es la respuesta de un experto. Nadie puede asegurar, sin embargo, que el caso no se traslade a la Justicia Federal, acusado el Poder Legislativo bonaerense por presunto lavado de dinero. Se van completando los rasgos de un régimen comparado con el cual Macondo comienza a parecerse a Ginebra.

Hay que demorarse un instante en la firme conducta de López Murphy: fue también quien llevó a la Justicia las presuntas irregularidades en la compra de automóviles que realizó AySA, la empresa que controla Malena Galmarini, la esposa de Massa. La de los vehículos de una adjudicación directa por 9000 millones de pesos a la concesionaria Lumiere, que algunos en la compañía vinculan con Patricio D’Angelo, gerente general de Galmarini. La familia D’Angelo tiene extensas ramificaciones que llegan al Boca Juniors de Román Riquelme. La investigación que pidió López Murphy quedó en manos del juez Ariel Lijo. Galmarini se enfadó diciendo que “nosotros cuidamos la compañía y hacemos las cosas como corresponde”. Igual hay algo raro: en cuatro años Galmarini reemplazó a seis síndicos.

Si las trapisondas que desembocan en las manualidades de “Chocolate” involucran al candidato a presidente de Unión por la Patria, ¿por qué quienes compiten con él no hacen campaña con esta saga? Patricia Bullrich realizó declaraciones por requerimiento periodístico. Su candidato a senador en la provincia, Maximiliano Abad, es el presidente de bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara donde se encendió la hoguera. Presionado por la interna de su partido y por la prensa, se negó a opinar sobre el escándalo y se limitó a decir que “acompañaría” cualquier investigación. Ni pensar en tomar la iniciativa. Llamativa contradicción con Eugenia Talerico, que lo acompaña en la lista para el Senado. Hay un detalle incómodo: dos hijos del abogado de “Chocolate”, Jerónimo y Alfredo Gascón, son empleados de la Legislatura, contratados por Juntos por el Cambio. Lo reveló anoche el portal El Disenso. Nada que objetar. Sólo coincidencias. Abad es, además, el presidente de la UCR bonaerense, que también se replegó en el mutismo. Pero ¿por qué ensañarse con los radicales? ¿Acaso Máximo Kirchner, presidente del PJ de la provincia, dijo algo? De pronto todos se volvieron monjes de clausura.

Más notorio es el silencio de Javier Milei. En una construcción de literatura fantástica, lo que sucedió en La Plata podría ser visto como una maquinación perfecta de Milei. ¿Se podría imaginar una demostración más contundente de las miserias de esa “casta” que tanto le repugna? Pero el candidato de la ultraderecha guarda silencio. Su bancada emitió un tímido comunicado confiando en que la Justicia investigue el episodio, 18 días después de que “Chocolate” fuera detenido y cuatro días después de su liberación.

El contraste entre la timidez de las condenas públicas y la estridencia del episodio es difícil de explicar. Salvo que se admita que la exacción de fondos públicos a través de la contratación de personal que, a cambio de tener jubilación y obra social, está obligado a devolver su sueldo, alcanza a la gran mayoría de los legisladores. También podría ser cierto que ese procedimiento de financiación clandestino se extiende, más allá de los contratos que firman los legisladores, a los que realiza cada bloque. En el caso de La Libertad Avanza, el circuito del que forma parte “Chocolate” podría ser uno de los canales a través de los cuales el massismo habría financiado las listas de Milei, complicidad sobre la que existen cada día más indicios. Aquí es donde se volvería significativo el antiguo vínculo entre el jefe de Asesores Pérez y el dirigente Sebastián Parejas, que trabaja con Milei después de haber militado con Massa. Pero Pérez niega que su amistad con Parejas haya servido para estas componendas.

El submundo que emerge con el caso “Chocolate” pone en tela de juicio muchos lugares comunes de la superficie. El interrogante más obvio se abre sobre el proyecto de Milei. No hay por qué dudar de la sinceridad de su repudio hacia la dirigencia política. Pero en La Plata empieza a demostrarse, por decir lo menos, la enorme dificultad de cualquier empresa de regeneración. La mejor forma que tendría La Libertad Avanza de empezar a reemplazar a la “casta”, sería dejar ser parte de la “casta”.

También aparecen dudas gigantescas sobre la polarización intransigente entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. En la zona de las efectividades conducentes la grieta se sutura para que unos y otros puedan comer del mismo plato. Para advertir que esa rivalidad es intermitente no hace falta detenerse sólo en las fechorías de “Chocolate” y sus mandantes. Massa se divierte poniendo en evidencia a cada rato que ha perforado a la principal oposición gracias a infinidad de dirigentes a los que tiene atrapados en una telaraña de intereses.

Con una picardía inagotable, cercana al sadismo, el candidato oficialista obliga a gente muy experta y jerarquizada a tener que dar explicaciones. En plena campaña electoral, consiguió que dos gobernadores radicales Gustavo Valdés y Gerardo Morales, en vez de denunciar la utilización de las políticas públicas para hacer proselitismo, concurran a una ceremonia en Salta para firmar un convenio sobre energía solar. Al día siguiente Valdés y Morales aparecieron en la prensa amiga de Massa como eventuales socios del gobierno de unidad nacional que el candidato promete realizar si se impone sobre Milei y a Bullrich. Los dos gobernadores debieron salir, como era de esperar, a desmentir. Massa sonríe.

Igual que delante de Emiliano Yacobitti, diputado radical, líder de la corriente Evolución. El candidato peronista lo indujo, por decirlo de alguna manera, a dar quorum para que se apruebe la reforma del Impuesto a las Ganancias, a cambio de cederle la creación de tres universidades. ¿Camaradería del club Roldán, que con tanta gracia anima el alegrante Diego Lepera? Seguro hay otra explicación: como suele pasar con los sindicalistas, los intereses arraigados en ese mundo de la educación superior suelen ser para Yacobitti mucho más poderosos que cualquier alineamiento partidario. La última distracción de campaña de este dirigente radical se produjo durante una entrevista con Alejandro Fantino, en la que afirmó que le gustaría llegar a un acuerdo para designar a un nuevo Procurador General y cubrir la vacante que dejó Elena Highton en la Corte Suprema de Justicia. Lo interesante de ese entendimiento con el peronismo, que Yacobitti defiende desde antiguo, es que dijo quererlo “ya”. Un mensaje mucho más conveniente a la promesa de Massa, constituir un gobierno multipartidario, que al draconiano antikirchnerismo de Bullrich, la candidata de Yacobitti. Mientras tanto, estas simpatías más o menos veladas, generan fisuras en Evolución, donde el exitoso santafesino Maximiliano Pullaro anticipó que, en un eventual ballotage entre Milei y Massa, jamás votaría por el candidato kirchnerista.

La capacidad de Massa para activar contradicciones en el campo adversario se apalanca con facilidad en el poder que le otorga ser el ministro de Economía. Al conservar ese cargo consigue que hoy la CGT se movilice para agradecer al Congreso, pero sobre todo a él, la modificación del impuesto a las Ganancias. El ministro se lo hizo agradecer también por los trabajadores neuquinos, que ayer lo recibieron en Plottier. Un acto multitudinario, facilitado porque el secretario general de ATE provincial, Carlos Quintriqueo, dispuso un conflicto imaginario por el cual los empleados estaban autorizados a asistir a una asamblea sindical. La asamblea era, en realidad, el acto de Massa.

En esa ocasión, igual que en todos sus discursos, Massa se presenta como el único candidato que defiende un modelo productivo capaz de garantizar el trabajo. Esa autopercepción queda desmentida cada día más por los datos de la economía que él conduce. Las importaciones están paralizadas. La deuda del Banco Central con las empresas que han comprado bienes o insumos en el exterior asciende a 40.000 millones de dólares. Este pasivo puede provocar un problema judicial en cualquier momento. Se debe a lo siguiente: el Enacom dispuso que la adquisición de franjas del espectro radioeléctrico para operar la tecnología 5G costará 350 millones de dólares, que podrán ser pagados a la cotización oficial. Es decir: cualquiera de las empresas de telecomunicaciones que compite, Telecom, Telefónica o Claro, puede traer dólares desde el exterior, que en mercado libre valen más de 770 pesos, y adquirir los 350 millones de dólares por 365 pesos. Un nuevo dólar: el dólar 5G.

En el Banco Central existe una enorme reticencia a admitir esta operatoria, que podría desencadenar denuncias penales de quienes no consiguen las divisas para cubrir sus deudas en el exterior. Más allá de este inconveniente, la licitación organizada por Massa fue objetada en la Justicia mendocina por la cámara de Infraestructura Digital Argentina. Una de las numerosas objeciones planteadas por la entidad es que el concurso del Enacom establece condiciones que impiden a las pymes ingresar en el negocio. La presentación judicial afirma también que la premura en todo el proceso obedece a urgencias fiscales y a la necesidad de hacer propaganda electoral. La necesidad de Massa de resolver este negocio con premura desafía lo establecido por el artículo 15 bis de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prohíbe vender activos públicos o donaciones en el último semestre de un período presidencial. La operación más ambiciosa que se propuso Massa para toda su gestión también llegó a los tribunales.

(*) Publicado en La Nación.