Por A.S. (*)

Anoche se conoció el despliegue de efectivos realizado por la Policía de Entre Ríos (y denunciado desde el gremio docente) donde se movilizaron 14 efectivos policiales y varios móviles para “controlar” a cinco docentes que pintaban. Ahora se supo que en la mañana de este martes, la fuerza de seguridad se acercó a la sede de ATPADIS para averiguar si en efecto estaban autorizados a realizar la pintada. ¿Quién decidió que la fuerza de seguridad se ocupe de estas cosas en lugar de lo que realmente debe hacer?

¿Para qué está la Policía de Entre Ríos? ¿Acaso para averiguar quiénes son los dueños de los kioscos de sustancias ilegales que hay en todos lados? ¿Tal vez para controlar los robos incesantes en toda la ciudad, en especial en escuelas e instituciones (la última fue hace pocos días en San Vicente, pero nadie está libre en Uruguay)? ¿Por ahí, en una de esas, para investigar algunos de los numerosos casos impunes en la historia reciente entrerriana, empezando por el de Flavia Schiavo, o para encontrar a la familia Gill, esfumada por completo hace 22 años? ¿Quizás para dar con el paradero de Enrique Fabiani, el hombre desaparecido hace dos meses y del cual nada se sabe hasta el día de hoy?

No. Parece que no.

Si uno analiza los hechos sucedidos ayer y hoy en Concepción del Uruguay, pareciera que la Policía de Entre Ríos está a disposición del poder político, para frenar pintadas que cuestionen al Gobierno Provincial. Y para proveer material que permita disuadir a “protestones” como los de Agmer, el principal gremio docente de Entre Ríos, para enjuiciarlos por “daños a la propiedad” y que no sigan expresando su disconformidad con las políticas salariales y previsionales de ajuste de la gestión de Rogelio Frigerio.

Y no es exageración de esta redacción.

En la noche de este lunes 5 de agosto, en momentos que un grupo de docentes enrolados en Agmer Uruguay repintaban paredones con las consignas de sus reclamos, fueron interceptados por un desmesurado número de efectivos policiales (14, en varios móviles) que les pidieron sus nombres y sus DNI, algo que no le corresponde a la fuerza de seguridad, salvo, claro, ante la sospecha de un delito en curso. Desde Agmer interpretaron estas acciones como un intento claro e inequívoco de amedrentamiento, y emitieron un comunicado repudiando lo ocurrido y responsabilizando al Gobierno entrerriano.

¿Para qué andaba la policía indagando la filiación de esos cinco docentes (sumamente conocidos por toda la comunidad uruguayense, ya que todos ellos son o han sido parte de la conducción gremial)?

Detrás de esta estrategia de amedrentamiento, es sensato suponer que hay alguna orden política, de la estructura del Ministerio de Gobierno del cual depende la fuerza de seguridad.

Una respuesta plausible se conoció hoy, cuando se supo que en la mañana de este martes 6 de agosto, la fuerza de seguridad se acercó a la sede de ATPADIS (la asociación de bien público propietaria de las paredes donde se estaba haciendo la pintada) para averiguar si en efecto el gremio docente estaba autorizado a realizarla.

La insólita situación permite entender mejor adónde apunta el uso político arbitrario de la Policía. Si la gente de ATPADIS respondía que no, seguramente allí habrían encontrado elementos para hostigar legalmente a esas cinco personas, y por supuesto, a Agmer.

Porque hay fallos en la Argentina que establecen desde hace tiempo que pintar grafitis sin autorización en una propiedad privada es delito, que se puede enjuiciar como “daño simple” o “daño agravado”. En Entre Rios, varios años atrás, en 2007 se procesó por el delito de “daño agravado” a tres jóvenes acusados de pintar las palabras “Amor”, “Paz” y “Argentina”, y dibujar el símbolo de la paz, además de algunas flores y corazones, en un viejo tanque de guerra Sherman que estaba sobre la ruta número 11, en el ingreso a la localidad de Oro Verde, a unos diez kilómetros de Paraná.

Para el Derecho Civil, cualquier pintura que se haga en una pared o construcción sin permiso del dueño es un perjuicio al frentista y éste puede demandar al autor para cobrar una indemnización por daños y perjuicios, pero pocos lo hacen. El gasto del trámite judicial supera a la probable indemnización, que como mucho va a equivaler a lo que cuesta volver a pintar la pared. Pero es diferente cuando es el propio Estado el que impulsa la acción, porque claramente la motivación no es el daño a la pintura preexistente.

El episodio no tuvo ninguna consecuencia grave, pero genera preocupación. No solo porque la policía debe estar ocupada en otros menesteres. Sino también porque nadie pude suponer que una movida de este tipo ha surgido de la iniciativa de algún policía, aunque sea jerárquico. Detrás de esta estrategia de amedrentamiento, es sensato suponer que hay alguna orden política, de la estructura del Ministerio de Gobierno del cual depende la fuerza de seguridad.

¿Dará alguien explicaciones por este absurdo episodio, que enrarece el clima en nuestra provincia y que va en contra de las más básicas garantías a la libertad de expresión y al derecho a reclamar?

(*) Artículo publicado originalmente en El Miércoles Digital.