Deuda y después

La semana política en Entre Ríos estuvo signada por el recorrido que está teniendo en la Legislatura el proyecto del gobierno para poder tomar 500 millones de dólares de deuda. Fue el tema central de los últimos días.

Recordemos que el gobierno de Rogelio Frigerio estuvo durante muchos meses criticando la deuda en dólares que tomó Gustavo Bordet y culpando a la gestión anterior por haberle dejado los vencimientos a ellos. Pero, se ve que llegó un punto en que la asfixia ocasionada por los recortes del gobierno nacional no le dejó otra opción que salir a hacer lo mismo que hizo su antecesor. Seguramente, el gobernador habrá tenido algunas promesas desde el gobierno nacional -a partir de su acuerdo político con Karina Milei para las próximas elecciones-, pero está claro que las relaciones con el poder central no tuvieron el resultado que se pretendía para esta provincia, por lo menos en estos 20 meses de gestión.

Ahí fue que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto al que le pusieron un nombre que disimula un poco toda la situación: se llama “Ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial”. En concreto, consiste en la autorización para salir al mercado a ver qué se consigue.

Porque hay que tener claro que no es que la Legislatura aprueba la ley y al día siguiente Frigerio tiene 500 millones de dólares “en la caja” y se pone a arreglar las rutas y a hacer escuelas y hospitales. No es así de simple.

Con esa autorización el gobierno recién podrá salir al mercado de capitales y ver cuánto consigue, para cuándo y en qué condiciones. En su momento, recordemos que Gustavo Bordet tuvo que viajar varias veces a Estados Unidos a convencer a los fondos de inversión para que le prestaran plata para el Estado entrerriano.

Con esos fondos lo que dice el gobierno que va a hacer es reestructurar la deuda que ya hay y que se lleva junto -con los sueldos y los gastos corrientes- casi la totalidad de los recursos disponibles. Si lo consiguen, dicen que van a tener un saldo para seguir las pocas obras públicas en marcha y arrancar alguna otra. Es decir, un poco de oxígeno.

Este tema del endeudamiento se convirtió en el eje de la discusión política de las últimas semanas. Por un lado, el gobierno habla en su defensa y critica lo que hizo en la materia la gestión anterior. Dicen incluso que no se sabe adónde fueron a parar esos dólares que se pidieron prestados.

Por el otro, el peronismo en campaña con Guillermo Michel y Adán Bahl a la cabeza salieron a cuestionar fuertemente la iniciativa y a decir que se va a hipotecar la provincia. Más incisivo estuvo el candidato oriundo de Gualeguaychú, tal vez por su conocimiento in situ cuando era un hombre clave en la estructura de Sergio Massa, que era el ministro de Economía de la Nación. Incluso la vez que se le preguntó del tema, Michel -que tuvo que negociar en el exterior con varios de estos grupos-, no duda en remarcar que los prestadores son gente difícil, compleja y sin demasiada sensibilidad a la hora de exigir los pagos. Es decir, un panorama bastante preocupante.

En el medio, faltaba la voz de un actor principal de esta cuestión de la deuda que está bastante callado y es el exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet. Al ser consultado desde el programa “A quien corresponda” (Radio de La Plaza 94.7) dijo que su gobierno usó la plata para refinanciar la deuda a corto plazo y poder desarrollar un plan de gestión. Mencionó un programa de viviendas y algunas otras obras. También dijo que él no le dejó toda la deuda a Frigerio, sino que pagó los dos primeros vencimientos y dejó “en la caja” el 70% del vencimiento siguiente, aunque ese argumento, de alguna manera, no lo considera así el oficialismo entrerriano.

Por lo pronto, el proyecto ingresó por el Senado y esta semana recibió media sanción. El bloque del peronismo expuso un poco más sus fracturas.

Con la disolución del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) para crear la Obra Social de Entre Ríos (OSER), recordemos que Nancy Miranda -de Federal- y Gladys Domínguez -de Feliciano- votaron como necesitaba el gobierno. Incluso Domínguez terminó armando un bloque unipersonal.

Con este proyecto del endeudamiento, a esos dos votos se sumaron el de Patricia Díaz (La Paz) y el de Juan Pablo Cosso (Villaguay). Estos posicionamientos chocan con lo que venían argumentando los candidatos del peronismo y para peor ninguno de los cuatro hizo uso de la palabra como para explicar por qué votaron de esa manera.

En el caso de Díaz, esposa de Domingo Daniel Rossi, no sorprende la postura. Pero, en el caso de Cosso no quedó del todo claro porque responde a Adrián Fuertes, intendente de Villaguay que está alineado con los candidatos del peronismo y, además, no tiene deuda en dólares que pudiera justificar la necesidad de una refinanciación. Incluso, en “off the record” -porque no lo habló públicamente-, Fuertes dio a entender que Cosso adoptó un criterio personal al emitir su voto, que no le consultó a nadie del peronismo de Villaguay y hasta marcó cierta distancia con el senador departamental.

El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde rápidamente se llamó a una sesión especial para darle ingreso. Se especuló que el oficialismo iba a intentar un tratamiento sobre tablas, pero aparentemente no había seguridad de tener los dos tercios necesarios. Se necesitaban 23 votos, Juntos por Entre Ríos tiene 18 diputados y necesitaba sí o sí el apoyo de todos los diputados de los bloques libertarios, que son 5. Lo que circuló es que no había seguridad plena respecto de Carlos Damasco y Liliana Salinas y se optó por no correr riesgos ni llevarse una sorpresa.

Al final terminó pasando lo que tenía que pasar y el proyecto fue girado a las comisiones de Legislación General y Presupuesto que por la tarde se reunieron y escucharon al ministro de Economía, Fabián Boleas.

Esta mañana hubo otra reunión de las comisiones, con dictamen y el PJ no acompañó. Fue todo un poco exprés, pero al menos se cuidaron con las formas y hubo algo de debate e información.

Ahora se llamará a otra sesión especial en las próximas horas. Con dictamen, es suficiente con la mayoría simple que el oficialismo tiene asegurada en la Cámara de Diputado. La autorización a endeudarse será ley y el gobierno podrá salir a buscar los fondos que tanto necesita.

A Frigerio -ya lo hemos dicho- no le está yendo del todo bien en la gestión. A las dificultades para conformar un equipo de gobierno eficiente se suma el grave problema que no es solo de Entre Ríos, que supone la falta de recursos para todo, producto especialmente de las decisiones de Javier Milei respecto de las provincias.

En ese contexto, poder contar con recursos para no tener que paralizar las obras en marcha y poder hacer nuevas, es vital. Sobre todo, atento a un escenario electoral en el que el gobierno quedó desdibujado en el acuerdo con La Libertad Avanza a cambio de un buen resultado, pero que ahora con los escándalos que salpican a Javier Milei y su entorno ya no parece tan buena idea.

Acotamos: la firma Suizo Argentina que aparece como rozada en esta historia está operando con algunas agencias de la Obra Social de Entre Ríos desde hace unos meses, aunque sería en forma tercerizada, a través de otra empresa, que sería Feraval. Al parecer, serían insumos descartables para los afiliados. Desde el gobierno se desmiente una contratación directa. Por lo menos en dos agencias del OSER en la provincia aparecieron productos con la marca Suizo Argentina, tal como ha pasado en numerosos territorios de nuestro país.

El Presidente, que hoy siguió de gira por la Provincia de Buenos Aires previo a las elecciones de septiembre -donde reaparecieron los violentos y se cansaron de tirarle piedras-, sigue insistiendo en que “existe una operación política” en torno a los pedidos de coimas de sus funcionarios. E insiste en que los audios no son reales y que se lo demostrará en la Justicia. Habrá que ver qué pasa en los próximos días. Por lo pronto, la Justicia no tiene en foco a los audios, sino que está viendo lo que está alrededor de esos audios.

Volviendo a la deuda pública, las idas y vueltas y las contradicciones entre lo que se dijo de un lado y del otro sobre el proyecto y sobre el endeudamiento del gobierno anterior deja en claro algo que venimos diciendo en estos días: es urgente instrumentar un mecanismo de control ciudadano accesible que permita ver en tiempo real a qué se destinan los recursos, sobre todo, los que se piden prestados y comprometen las finanzas públicas a lo largo de los años.

Alguno dirá que en el presupuesto eso figura, que aparece en balances, pero a lo que me refiero es a algo accesible en términos de información pública.

Transparencia verdadera no tanto en los discursos, sino que con un “clic” todos podamos ver día a día en qué se gastan este tipo recursos. No que los números estén escondidos en planillas indescifrables. Frigerio prometió transparencia en su campaña y cuando hizo los discursos iniciales de su gobierno remarcó -una y otra vez- ese aspecto como una instancia saliente de su administración. Y también deberá exigirla a los otros Poderes: a la Legislatura y a la Justicia, donde los vocales del Superior Tribunal de Justicia se corporativizaron recientemente para blindar información pública sobre las ausencias de una integrante; que sigue desaparecida de sus actividades normales en Tribunales, porque continúa de campaña por el país y el mundo, mostrando “su imagen” para ver si puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a sus trabajos judiciales irrelevantes, sus inexistentes libros y sus fallos redactados por sus colaboradores directos.

En estos últimos días fueron varios los referentes entrerrianos del Derecho que se pronunciaron en contra de la decisión del Alto Cuerpo (que antes había respondido con detalle y de modo amplio otro pedido de información pública) y les recordaron a los supremos sobre el deber de informar, tal como lo exige la Constitución entrerriana. Es un derecho ciudadano inalienable que resguarda la transparencia y el control social. Es una obligación indelegable de los Poderes del Estado. La falta de transparencia no solo es un incumplimiento legal sino una erosión silenciosa de la confianza ciudadana en la Justicia.

(*) Esta columna de Opinión fue el Editorial que se compartió en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) del miércoles 27 de agosto de 2025.