La historia de la venta de las tierras de la estancia El Quebracho, que perteneciera al Frigorífico Regional Santa Elena desde que era propiedad de capitales ingleses, tiene muchos capítulos.

Granja Tres Arroyo adquirió el 6 de abril de 2006 un total de 1.685 hectáreas de El Quebracho, correspondientes a dos terrenos de 1.281 y 404 hectáreas, respectivamente. El acuerdo se rubricó en el acta notarial 12.197 del entones escribano mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, e intervinieron en la operación los representantes de la firma comercial y los integrantes de la comisión liquidadora del Frigorífico Regional Santa Elena SA.

En la compra – venta se acordó que el valor de los inmuebles en conjunto era de $3.034.395,50. Sin embargo, Tres Arroyos no se hizo con la propiedad de las tierras, por cuanto estaban intrusadas según denunciaron el Gobierno y la firma en la Justicia.

La empresa pagó al momento de rubricarse el acta solamente el 10% ($303.439,55) y se estableció que el saldo de $2.730.956 se abonaría en 20 cuotas trimestrales de $136.547,8, con más un interés del 8% anual sobre el capital. Para el pago de la primera, se le otorgó a la compañía un año de gracia, por lo que su vencimiento obró el 10 de abril del 2007, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

El valor total de la hectárea establecido por el Gobierno, por entonces en manos del justicialista Jorge Busti, fue de $1.800,83 cuando ya el precio que se pagaba en el mercado por tierras de este tipo (merced al boom de la soja) superaba los dos mil dólares. Pero Granja Tres Arroyos ni siquiera tuvo que desembolsar los $1.800,83 para quedarse con la propiedad de las tierras. Como sólo tuvo que entregar el 10%, el monto que pagó en ese momento fue de $180 por hectárea.

El compromiso de la firma era que esos terrenos, sobre los cuales se tuvo que realizar un juicio de desalojo para que lo abandonen las personas que lo estaban ocupando, se iban a destinar a la cría de cerdos y a su procesamiento frigorífico, según un entendimiento que se hizo con la Secretaría de la Producción, como resultado de las tratativas iniciadas en 2005.

La puesta en marcha de esta inversión es condición obligatoria para la venta, de lo contrario la operación queda sin efecto y Granja Tres Arroyos deberá devolver las tierras, si es que no realizó al menos un 70% de lo prometido. Pero el plazo comienza a correr una vez que se desocupen los predios.

El trámite lo inició la abogada Erica Ivón Krämer, integrante de la comisión liquidadora del Santa Elena. En el expediente, la abogada Krämer representa tanto los intereses del Gobierno como de la empresa privada. Para justificar esto, la letrada citó en la presentación que hizo en octubre del 2006 una carta poder que le extendió la firma privada que, según Krämer posee “domicilio real en calle Tres Arroyos Nº 378 de Capital Federal”.

La compra que hizo la familia Etchevehere de una fracción de terreno de la estancia El Quebracho tiene una historia parecida, según un detallado informe que publicó el sitio Valor Local el 29 de octubre de 2008.

La historia arranca en septiembre de 2004, se extiende a lo largo de dos expedientes administrativos del Gobierno provincial (el 611127 de la Secretaría de la Producción y el 531991 del Ministerio de Economía) y tiene su punto más alto el 8 de junio de 2007, cuando finalmente se firma el acta (Nº 12.199) de compra venta de los inmuebles.

Allí, la empresa de los Etchevehere, Las Margaritas SA, adquirió tres lotes: uno de 55 hectáreas, otro de 246 y el restante de 68 hectáreas. El monto total de la operación se estableció en $945.179,94. La entrega fue, al igual que en la operación de Tres Arroyos, del 10%, por lo cual Las Margaritas desembolsaron sólo $94.517 al contado. El saldo ($850.662,94) se pactó que iba a ser cancelado en 10 cuotas semestrales con un año de gracia para la primera (que debió abonarse en junio de este año) y un interés del 12%, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Así, la empresa de la familia Etchevehere compró, nominalmente, a $2.500 la hectárea de la estancia El Quebracho, aunque para hacerse con la propiedad solo tuvo que poner sobre la mesa $250 por hectárea.

Los terrenos de El Quebracho pertenecieron originalmente a Establecimientos Argentinos de Bovril Limitada, sociedad de capitales ingleses que explotó el Frigorífico Santa Elena desde 1903 hasta 1973. Ese año transfirió la planta y sus propiedades a la Bovril Argentina Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Agrícola y Ganadera que a su vez vendió el complejo en 1977 a la firma Frigorífico Regional Santa Elena, empresa que fue estatizada en 1984 durante el primer gobierno de Sergio Montiel (1983 – 1987) y fallidamente privatizada en las postrimerías del primer mandato de Jorge Busti (1987 – 1991) en una operación en la que intervino el City Bank y el grupo Huancayo (Frigorífico Rioplatense) bajo la denominación Euromarche.

Tiros, líos

Pero cuando los Etchevehere tomaron bajo su mando las tierras adquiridas en El Quebracho se encontraron con una situación de hecho que resolvieron a punta de pistola, y que llegó para su resolución en la Justicia, que terminó condenándolos.

Esa otra parte de la historia está contada en un fallo del 27 de abril de 2020 dictado por la Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná.

La sentencia sobre el Campo El Quebracho

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El fallo lo firman los vocales Valentina Ramírez Amable y Virgilio Alejandro Galanti, con la abstención de Andrés Manuel Marfil.

José María Morcillo interpuso una demanda contra los socios de Las Margaritas, el hoy difundo Luis Félix Etchevehere y su hijo, Juan Diego Etchevehere en la que pidió un resarcimiento económico por los daños producidos por un valor de $359.960. La Justicia le dio la razón.

“Fundó su pretensión en los daños que le ocasionó el desapoderamiento ilegítimo que habrían perpetrado los accionados, invocando su calidad de adquirentes de la superficie de un inmueble rural adquirido a un tercero (Frigorífico Santa Elena), campo éste que se encontraba arrendado por el actor”, dice el fallo en un detalle del estado de situación del conflicto.

Morcillo explicó que el 10 de enero de 2005, en conjunto con Pío Tomás Tyrre, celebró un  contrato de arrendamiento accidental con el señor Ángel Roberto Ríos, en su carácter  de rector de la Escuela Provincial de Nivel Medio Nº 151 Agrotécnica Paraje Quebracho, por el cual se les cedió en arrendamiento por el régimen accidental de cosecha, por las campañas 2005/6; 2006/7; 2007/8; 2008/9 y 2009/10, fracciones o lotes de terreno por un total aproximado de 65 hectáreas de las cuales la institución educativa resultaba poseedora. El plazo de duración del contrato expiraba el 31 de mayo 2010.

Pero la ocupación de ese predio terminó del peor modo: Morcillo expulsado a punta de pistola por orden de los Etchevehere, destacó el portal Entre Ríos Ahora.

Así, contó que el 12 de julio de 2007, se apersonó en el predio arrendado a fin de controlar la evolución del cultivo de lino que allí había sembrado, y se encontró con el campo tal cual lo esperaba: todo normal.  Sin embargo, dos días después vuelve al predio y al intentar ingresar nuevamente, no lo pudo hacer “dado que terceras personas, por ese entonces desconocidas, habían procedido a colocar candados y cadenas en los accesos. Requirió a un escribano que lo constate”, según se lee en el documento judicial.

No cedió en su intento por retomar el control del campo arrendado. Volvió el 18 de julio “y comprobó que se habían afincado tres personas quienes le impidieron el acceso intimidándolo con escopetas portadas por cada uno de ellos, situación que lo llevó a formular una denuncia penal”.  En su relato en la Justicia, Morcillo cuenta que “resultó despojado de la tenencia de los campos e impedido de llevar a cabo su proyecto productivo hasta la finalización de la campaña 2009/10 como estaba pactado en el contrato vigente, habiendo sido la parte demandada -el difunto Luis Félix Etchevehere como presidente de la sociedad anónima accionada y Juan Diego Etchevehere como accionista de dicha sociedad- quien impartió la orden a los Sres. Franco y Robirosa para que rompiesen primeramente y colocasen luego puertas, cadenas y candados en el campo que arrendaba el actor y su co-arrendatario Tyrrel”.

En su relato, dijo que “a consecuencia del despojo, los demandados destrozaron el lino que estaba sembrado, lo que fue constatado por escribano público”, y afirmó que  en la escritura de compraventa del inmueble en cuestión, un predio mayor dentro del cual se encontraban las parcelas arrendadas a Morcillo y Tyrrel, se aclaró que “la vendedora conjuntamente con el Superior Gobierno de Entre Ríos, se obligaban a realizar el trámite de lanzamiento de los intrusos y/o ocupantes por cualquier título que se encontrasen en los inmuebles, mostrando ello que la Compradora tenía conocimiento, aceptaba y autorizaba los procedimientos de lanzamiento que serían efectuados en forma conjunta y mancomunadamente por los contratantes”.

En vez de un trato diplomático, los Etchevehere ingresaron a punta de pistola y “se apropiaron de los insumos que el actor guardaba en el predio, destrozaron la vivienda existente, arrancándole puertas y ventanas y demoliendo parte de la construcción, lo que motivó que Luis Félix y Juan Diego Etchevehere fueran procesados por el delito de usurpación y daño”.

Morcillo demandó a Las Margaritas SA y pidió el pago de indemnización por los siguientes daños: a) daño emergente consistente en el sembradío de 35 hectáreas de lino que Juan Diego ordenó romear. El rinde promedio de lino era de 1,2 Tn./Ha., cotizando a $1.000 la tonelada lo que arroja un daño de $42.000. b) lucro cesante, por las campañas que restaban hasta la finalización del contrato por $267.960; c) daño moral: $50.000, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

En el trámite judicial, los Etchevehere contestaron la demanda y dijeron que Las Margaritas había comprado tres fracciones de campo al Frigorífico Regional Santa Elena, linderas a otro inmueble propiedad de la compradora, denominado establecimiento Casa Nueva, al que se anexó el bien adquirido y que “el escribano constató que el campo y las viviendas que estaban en su interior se encontraban libres de ocupantes”. El escrito judicial agrega: “La codemandada Dolores Etchevehere fue declarada rebelde”.

Los jueces Ramírez Amable y Galanti rechazaron la apelación que planteó Las Margaritas y confirmó la condena en su contra a pagarle a Morcillo un resarcimiento económico por haber destrozado su sembrado.

Ese campo, Casa Nueva, propiedad de Las Margaritas, es el que Dolores Etchevehere, en litigio judicial con sus hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, entregó en parte a la Fundación Artigas, en la que participa el movimiento social liderado por el dirigente Juan Grabois y que motivó una denuncia penal por usurpación que tramita ahora la Unidad Fiscal de La Paz, con patrocinio del abogado Rubén Pagliotto.

En alianza con Grabois y como parte de la presentación de la Fundación Artigas, Dolores Etchevehere decidió ceder el 40% de las tierras que posee en Entre Ríos a grupos de campesinos que responden a la organización que lidera Grabois, el Movimiento de Trabajadores Excluidos. “He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden. Un cuarto de la sucesión de los Etchevehere. Esa porción es para reparar el daño que se hizo. El proyecto comienza hoy, 15 de octubre. Hoy plantamos la primera semilla en la tierra que soy propietaria por derecho natural, derecho que me permite utilizarlas desde ahora mismo”, anunció la única hija mujer de Luis Félix Etchevehere.