“La publicidad del conflicto jurídico privado de la familia Etchevehere es notoria. Los propios integrantes de la familia en disputa han llevado su conflicto a la esfera pública, aunque por motivos diferentes. A su vez, los actores que apoyan a una u otra parte desde la cercanía o la solidaridad, también sostienen diferentes principios generales en defensa de sus posiciones, que hacen fuertemente públicos. Y es por esto que, sobre esos principios de orden social los actores de la política y la sociedad se están manifestando, expresando una vez más, los imprescindibles debates que en Argentina deben darse”, introdujo en un comunicado de prensa el Frente Grande de Entre Ríos.

En el texto enviado a ANÁLISIS sostuvieron que “en este marco el Partido Frente Grande manifiesta su repudio y rechazo a la posición y actitudes demostradas por el ex Presidente de la Sociedad Rural Argentina y ex Ministro del Gobierno de Cambiemos, su hermano y un grupo de hacendados o propietarios rurales, los cuales han actuado públicamente con la prepotencia que caracterizó a los peores patrones de estancia de la historia argentina, instando a la violencia física, amenazando a su propia hermana Dolores, presionando, ofreciendo ‘salvoconductos’, cuestionando a la justicia, y expresando odio racial y segregacionismo”.

“Independientemente del resultado del proceso judicial mismo, sobre el cual no nos manifestamos, se hace necesario poner de manifiesto  y denunciar públicamente la gravedad que muestran los actos y las declaraciones, tanto del entorno del ex funcionario de Mauricio Macri como de algunos sectores del agro y de políticos vinculados a ellos”, agregaron. “En primer lugar porque nuevamente aparece la metodología de la acción violenta como medio de expresión ideológica, de defensa corporativa, de presión social, económica y política. La convocatoria abierta a sectores “del campo” de toda la provincia a presionar, para la resolución del conflicto, faltando el respeto de agentes de seguridad, funcionarios judiciales y de toda la organización estatal en general, nos recuerda los deplorables hechos del 2008, donde en nombre de un interés económico sectorial, sectores agrarios detuvieron por la fuerza un país entero, con resultados de pérdidas económicas e incluso de vidas”.

Señalaron que “estos sectores, que se aglutinan políticamente tras las proclamas de defensa de la República, entienden que esa República solamente les pertenece a ellos, o incluso que ellos son la República, y los demás debemos mantenernos al margen de ella, de su protección y sobre todo, de sus bienes. Muchos de ellos se creen los únicos trabajadores, los únicos aportantes  a la sociedad, como si los millones de trabajadores que no tienen propiedades, pero también se levantan a la madrugada para ir a poner el cuerpo en una fábrica, en una obra, en una escuela o en una oficina, no contaran”.

“Detrás de esta concepción segregacionista, racista y de odio, aparece el sustento de la idea de propiedad material como único principio regulador de la sociedad. Entre el “ser y tener” de Fromm, ellos eligen claramente el Tener, y por tanto creen ser lo que tienen, y como tienen mucho, creen valer más. ¿Cómo no van entonces a proclamar que lo único que importa es la propiedad privada, si eso es lo que los caracteriza como ciudadanos en una sociedad? Ni el gobierno nacional, ni el partido Frente Grande ni el Frente de Todos han cuestionado la existencia de la propiedad privada en nuestro país, y su defensa institucional, eso es una mentira que intentan instalar los opositores al gobierno de Alberto y Cristina, con el objeto de polarizar aún más la sociedad e infundir miedo a algunos desprevenidos o ingenuos” manifestaron.

Dijeron que “tampoco es verdad que la propiedad privada sea el único o el principal de los derechos en un país. La protección de la vida (y más aún la de los más humildes), la búsqueda de igualdad, la protección social, la reducción de la pobreza y las desigualdades, la protección del ambiente, son objetivos prioritarios, que justifican la existencia de las normas institucionales que regulan la propiedad. Y tampoco existe un solo tipo de propiedad, ya que la propiedad pública y su actividad tiene tal importancia en el mundo entero que es responsable de más de un tercio de los PBI de los países, proporcionando bienes públicos gratuitos que por lo general la derecha ignora o desprecia, pero que aprovecha con avidez. También la propiedad cooperativa y la propiedad comunitaria son formas relevantes de organización de los recursos materiales, y en muchos casos son también atacados por los fundamentalistas de la propiedad privada”.

Aseguraron que “el Estado como institución nació para organizar la vida en sociedad, para hacer posible y viable la convivencia, y para ello debe establecer reglas y normas, y ello también alcanza a la propiedad, la cual no puede estar por encima del Estado, pretendiendo condicionar su accionar. Cuando ello ocurre, los dueños de la propiedad se hacen entonces también dueños del Estado, y por tanto dueños del país, con todo lo que incluye. La derecha argentina, y latinoamericana en general, se la pasa despotricando contra el Estado y reclamando su retiro de la actividad de los privados, pero por lo bajo presionan todo el tiempo, muchas veces en forma muy cuestionable, para que ese mismo Estado los beneficie, los ayude, los exima de responsabilidades que todos tenemos”.

Por último añadieron que “cuando Alberto Fernández presentó la propuesta para intervenir en Vicentín, estos mismos sectores opositores reclamaron que el Estado no se meta en un proceso jurídico entre privados. Ahora, reclaman al Estado que sí se meta, pero solamente a favor de una parte, la parte que tiene. Desde el Frente Grande E.R abogamos por un país donde todos los ciudadanos tengan garantizados sus derechos, acceso a los recursos materiales, acceso a la justicia, y a que su voz sea escuchada, y donde ni el volumen de la propiedad privada, ni la prepotencia valgan más que las leyes y el interés general”.

El comunicado fue firmado por el presidente Nelio Calza; el secretario del partido Horacio Garay; y el presidente del Congreso Mauro Müller.