El precandidato a diputado nacional por Podemos Entre Ríos (Partido Socialista), Juan Manuel Rossi, fijó posición sobre el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.

“Son diferencias importantes las que tenemos frente a esta decisión. Nosotros venimos planteando que la discusión sobre la Hidrovía, es una oportunidad para pensar en otro modelo de desarrollo productivo más justo y equilibrado territorialmente y, en ese debate, el rol de las provincias es central. Además, la creación de la Sociedad del Estado, que venimos proponiendo, permitiría distribuir los ingresos monetarios generados por la hidrovía entre sus socios, cuestión que el DNU no define”, mencionó.

En relación al rol del gobierno entrerriano, Rossi destacó: “El decreto demuestra la pasividad del gobernador, Gustavo Bordet, para potenciar a Entre Ríos nacionalmente con un gobierno del mismo color político. Era una gran oportunidad para que una ciudad como Victoria sea protagonista en esta nueva etapa de control y gestión de la Hidrovía. Esto iba a contribuir a reducir las asimetrías de Victoria con Rosario, y potenciarla en múltiples aspectos”, resaltó Rossi.

Y añadió: "La creación del organismo de control nos parece un paso importante. Estaba establecido en la licitación pública de 1993, por lo cual celebramos que se comience a controlar de forma real lo que sucede en nuestro río Paraná”.

Sin embargo, en relación al rol que deben tener las provincias, el precandidato socialista,manifestó: "El actual DNU no avanza sobre la federalización de la Hidrovía realmente, solamente incorpora a las siete provincias (Entre Ríos, Buenos Aires, Chacho, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe) en el Consejo Directivo del Ente que está bajo la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación”.

En base a la visión que desde el socialismo vienen trabajando, el precandidato expresó: “Nosotros proponemos la creación de una moderna sociedad del Estado con participación real de las provincias en el reparto del capital social. Es decir, que el Estado Nacional sea el principal beneficiario con el 51%, mientras que el restante 49% se reparta en partes iguales entre las siete provincias involucradas”.