Jorge Campos es abogado constitucionalista, ex fiscal de Estado y senador mandato cumplido por la UCR de Entre Ríos. Un hombre de mucha historia, coherente y respetado por propios y extraños a lo largo y ancho de la provincia.

En el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) repasó los hitos más sensibles de la realidad política y judicial de la provincia y lamentó que “cuando se quiere investigar al poder político se tienen muchas dificultades e inclusive se corre el riesgo de sufrir las consecuencias”.

- ¿Qué le preocupa de la realidad?

-Yo creo que acá tenemos problemas de pobreza, problemas de desempleo. Tenemos el triste privilegio de tener la ciudad más pobre del país como es el caso de Concordia, como lo dicen los índices de las propias estadísticas oficiales. Me preocupa también la actividad judicial. Obviamente, he sido abogado y en estos momentos con 54 años de matrícula. Y me parece que entre las cuestiones que, fundamentalmente, hay que resolver es la de devolverle a la gente la confianza en el Poder Judicial. Hoy, el Poder Judicial tiene ser siempre un valladar para los atropellos; un valladar para las corrupciones, para los desbordes. Y eso se traslada en una especie de vacunación en la población, siempre en búsqueda –vuelvo a insistir- en esas esperanzas que las veo poco flácidas.

-Percibe que existe una crisis en la estructura judicial o quizás esto esté amplificado o son solo desavenencias.

-Las desavenencias en el ámbito del Poder Judicial no son extrañas o ajenas, cuando hablamos de lo técnico. Ustedes saben que el Derecho es una disciplina, como todas las Ciencias Sociales, que tiene mucho de opinión. Incluso, aspira a la realización de valores y esos valores con el tiempo son inmutables y otros son variables. El problema es cuando las desavenencias son de tipo personal o responden a otro tipo de intereses, entre los cuales incluyo a los políticos. Creo que por allí pasa uno de los grandes problemas en estos momentos.

- ¿Usted nota que todavía existe mucha incidencia política en determinados vocales del Superior Tribunal de Justicia? ¿A eso se refiere?

-Me refiero a que, si efectivamente eso no ha sucedido o si ha sucedido, no se han preocupado mucho en disimularlo. Porque me parece, incluso el caso como el recientemente realizado contra la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción (Cecilia) Goyeneche, me parece que allí incluso se está avanzando en contra de aspectos fundamentales del Derecho objetivo. No estamos hablando si me gusta o no me gusta, si soy partidario de esto o de otro; lo cual es opinable pero no deja de ser opinable. Estamos con un régimen judicial concreto. Tenemos garantías constitucionales como el debido proceso; principios básicos como son los de la división de Poderes que tienen que ser respetados en todas las épocas, sobre el riesgo de decir la República es una befa y estamos en cualquier otra cosa.

-Usted entiende que hoy hay vocales del Superior Tribunal que deberían dar un paso al costado en función de su cantidad de años en el cargo o considera que esa es una decisión personal que la pueden tomar cuando quieran más allá de que puedan estar más de tres décadas en el cargo.

-Yo creo que sí. Como en todos los órdenes de la vida y particularmente de la función, la renovación es saludable. El Derecho va modificándose con el tiempo, a través de los influjos exteriores. Hoy, el aspecto tecnológico es totalmente distinto al que podía existir en mi época, por citar una cuestión. Entonces, la actualización, la modernización hacen muy bien a las instituciones y, por eso, en muchísimas oportunidades –poco históricas, ya- nos hemos manifestado siempre en contra de las reelecciones. Acá, en el caso del Superior Tribunal y de los jueces hay una estabilidad vitalicia, en tanto y en cuanto no incumplan sus deberes. Pero, me parece, que llegado a una determinada época debería producirse una adecuada selección y siempre teniendo presente la jerarquía académica y la calidad moral de los participantes.

-Alguna vez el gobernador Gustavo Bordet en algún reportaje que le hicimos, reconoció que tal vez los vocales en el Superior Tribunal de Justicia no deberían estar más de diez años.

-Sí, sí. Alguna vez se discutió ese tema, en el sentido de un tiempo y luego una especie de ratificación. Una reválida o reiteración de la aprobación escalizada por vía del acuerdo constitucional. Creo que sí, que eso le hace muy bien; salvo aquellos de grandes aptitudes como pudo haber sido en su momento el doctor (Carlos) Fayt en la Corte Suprema, pero no es el caso de Entre Ríos.

- ¿Cómo siguió el juicio a Sergio Urribarri?

-Por vía de los medios de comunicación. Creo que hubo una investigación profunda, detallada con participación del periodismo de investigación como el que ustedes con mucho mérito han estado desarrollando. Creo que desde el Ministerio Público y de los fiscales se recopilaron elementos importantísimos de prueba y se llega a una conclusión que, desde mi punto de vista, es acertada aun cuando podrá discutirse el más o el menos, es decir, la cuantía de la pena.

-A su entender lo que ocurrió después: el juicio y destitución de Goyeneche, ¿fue una “vendetta” de lo que sucedió con Urribarri o no?

-Mire, lo que sí puedo decir es que hablar de “vendetta” es ya incorporar actividades y comportamientos mafiosos. Lo que sí puedo decir y no tengo ninguna duda de ello, es que el procedimiento seguido por el Jurado de Enjuiciamiento, al desplazar al fiscal y al Ministerio Público por un acto del Jurado de Enjuiciamiento, es absolutamente ilegítimo. Con lo cual estamos enviciando totalmente el procedimiento desde el arranque. Y cuando digo ilegítimo me estoy refiriendo a que la Ley Orgánica del Jurado de Enjuiciamiento, que es anterior a la reforma (constitucional) del 2008 y cuya autoría me pertenece, no contempla esas facultades. Es decir, estamos incorporando o haciendo ejercitar al Jurado de Enjuiciamiento facultades del tipo legal e inclusive constitucional que no tienen. Eso afecta totalmente la validez del procedimiento y algo que sí está reconocido y que es el debido proceso.

-Usted fue en su momento el abogado defensor del contador Morel, que fue vocal del Tribunal de Cuentas y termina con su destitución. Luego llega Oscar Rovira a la Fiscalía de Investigaciones y sufrió un embate muy fuerte desde la política y años después, a la doctora Goyeneche le pasa lo mismo. ¿Cuánta similitud vio en esos tres escenarios?

-Creo que los une a los tres, antes de hablar de similitudes, los une un vínculo y es que cuando se quiere investigar al poder político se tienen muchas dificultades e inclusive se corre el riesgo de sufrir las consecuencias. En el caso de Morel le pasó con el sonado caso de las cajas de alimentos (sobre lo que nunca hubo una condena); al doctor Rovira al cual nosotros y digo nosotros porque presidía la Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales le dimos la aprobación para que ejerciera esa fiscalía y que también le soltaron la mano porque empezó a investigar al propio gobierno de Sergio Montiel. Y, en definitiva, aparece acusado por la propia Fiscalía de Estado del gobierno de Montiel. Y en el caso particular de la doctora Goyeneche, tengo la expectativa, la esperanza; si bien acá las cosas suceden con un tiempo bastante largo y prolongado, la Corte va a revocar ese fallo.

-Pero lo entiende como que hay mismo mensaje: no meterse con el poder político, sino se termina en esa situación.

-El poder político muchas veces, en vez de tener sus propios méritos, sus propias capacidades para proyectarse, para desarrollarse como dirían los antiguos filósofos, “para el bien común”, buscan protegerse. Lamentablemente, hay gente que habla de las responsabilidades, pero no les gusta someterse al control de sus responsabilidades.

-Queda claro que lo sucedido a la doctora Goyeneche es por lo que se había avanzado en la causa por los contratos truchos del Poder Legislativo, es decir, un desvío de casi 53 millones de dólares en un período de diez años.

-Me parece una enorme tropelía. Creo que es un negocio realmente feroz. Me parece también que todos los mecanismos de control fallaron o porque no se preocuparon o porque miraron para otro lado; pero es una suma demasiado poderosa, demasiado cuantitativa y un procedimiento, diría yo, de fácil contralor si efectivamente hay interés en hacerlo.

-Son demasiadas pocas las excepciones de la oposición para objetar esta situación y si bien existieron algunos pronunciamientos, fueron muy escasos. ¿Cómo está viendo el rol de la oposición en este tema?

-Yo creo que la oposición está perdiendo una oportunidad brillante para poner a resguardo muchos de los intereses de la provincia que manifiestan defender. La oposición tiene un rol, precisamente, ya que hablamos de organismos de control, un rol clave. Y ese control no se reduce solamente a decir dos o tres diatribas en un reportaje, sino también a operar a través de los mecanismos constitucionales. En ese punto de vista y en lo que respecta inclusive a la provincia la veo (a la oposición) con cierta laxitud; a lo mejor preocupados por otros intereses; pero creo que debiera obrarse de una manera más profunda, más sistemática, con más decisión. Porque eso, además, no solo es útil a las instituciones, sino de ejemplo. Y sirve de ejemplo porque se está avanzando contra algo que no solamente está destruyendo las estructuras institucionales, sino que le está quitando a la gente la esperanza, le está quitando el reconocimiento a un montón de gente y, particularmente, con lo cual me preocupa mucho, a la juventud.