Mientras sigue generando repudio que en Santa Cruz sea legal desde principios de este mes matar a zorros, pumas y guanacos, en Entre Ríos distintas organizaciones están en alerta permanente por la posible reapertura de los denominados cotos de caza.

La fecha en que habitualmente queda habilitada de manera oficial la temporada de caza menor en la provincia es a principios o mediados de mayo. Sin embargo, en 2020 y 2021 esto no ocurrió debido a las restricciones por la pandemia del Covid-19. Y en 2022 y 2023 fueron organizaciones ambientalistas las que lograron evitar la caza de cinco especies autóctonas que contaban con permiso gubernamental, gracias a la presentación de recursos de amparo ante la Justicia, que declaró inconstitucional esta práctica.

Sobre este punto, Gabriel Bonomi, integrante del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves silvestres (Ceydas) –una ONG radicada en Concordia que lleva casi 30 años trabajando en pos de la conservación ambiental–, señaló: “Habitualmente la temporada de caza se abre en mayo, pero este año tenemos dos antecedentes judiciales del 2022 y el 2023 que declaran a la habilitación de la caza de especies autóctonas en Entre Ríos como inconstitucionales y violatorios de tratados internacionales, como el acuerdo de Escazú y el Convenio de Diversidad Biológica de Río de Janeiro. O sea que tienen rango constitucional en Argentina, ya que nuestro país adhiere por ley a estos tratados”.

Este año no descartan recurrir nuevamente a la Justicia para frenar esta matanza, pero además desde Ceydas y la Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres (Ractes) lanzaron una campaña de sensibilización sobre el tema, a través de las redes sociales y sobre todo de los medios de comunicación, para evitar que en Entre Ríos se autorice la temporada de caza menor. “En principio lo que hemos decidido con el equipo de abogados es presentar un recurso de amparo, pero también probablemente realicemos otras medidas un poco más contundentes”, aseguró Bonomi a diario Uno.

Acerca de cuáles son las especies incluidas en estas resoluciones que permiten la matanza de aves, explicó: “Generalmente, cuando se habilita la temporada de caza menor en Entre Ríos, alcanza a patos fundamentalmente, esto para favorecer a los cotos de caza de la provincia; y también se habilita la caza del inambú, conocido vulgarmente como perdiz. La liebre también, pero esa es una especie que es exótica y es europea; las otras son especies autóctonas. Todos los patos son especies autóctonas y migratorias, con la gravedad que implica matar especies migratorias”.

En este contexto, los ambientalistas plantean que no hay razones válidas para permitir darles muerte a los animales por placer o por deporte. Al respecto, Bonomi señaló: “Los argumentos que se presentan son muy endebles. En 2022 se dijo que había estudios de las poblaciones, pero en realidad no existían; esto quedó en evidencia y nos ayudó a ganar el amparo. Viendo que nosotros habíamos logrado detener la temporada en 2022, el año pasado presentaron un estudio que fue pagado por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo, que es la principal promotora de la caza en el país. Ellos fueron los que pagaron a los expertos que hicieron los trabajos, sin convocar a las instituciones ambientalistas, y lo hicieron a medida, por supuesto. Esto no debe ocurrir, porque es el Estado el que está obligado a velar por la conservación de los recursos naturales del país o de la provincia, en este caso”.

“Es una responsabilidad indelegable del Estado nacional y provincial, y no lo puede delegar en terceros, y mucho menos si tienen claros intereses en que se habilite la caza”, recalcó.

Campaña de concientización

Por otro lado, Bonomi refirió: “Nosotros estamos haciendo una campaña de concientización en redes sociales, y en medios de comunicación, donde hemos hecho bastante difusión”. En este marco, subrayó: “Bregamos porque haya una participación del resto de la sociedad en la toma de decisiones en este sentido: estamos hablando del 90% de la sociedad entrerriana, o más, que rechaza esta actividad porque la considera cruel, violenta, anacrónica, irresponsable, y porque está diezmando a las poblaciones de aves autóctonas de la provincia”.

Contaminación

Al mismo tiempo, alertó sobre el saldo contaminante del plomo que la actividad genera en el ambiente, especialmente en los humedales. Sobre este punto, explicó: “Los cartuchos de escopeta que se utilizan para la caza menor tienen cientos de perdigones que son de plomo, que es un material altamente tóxico y contaminante. Al tomar contacto con el agua, y aún sin tomar contacto, porque a veces con la lluvia también quedan en el suelo seco e igualmente dispersan en el ambiente toda la toxicidad que tiene, y contaminan el suelo, el agua, las plantas, hasta los animales. Incluso se ha encontrado plomo hasta en el cultivo del arroz, en los mismos granos. Esto se detectó a través de un estudio que se hizo en algunas arroceras de Santa Fe donde se practica el turismo cinegético”.

“Esto habla de la gravedad de la situación, porque ya trasciende lo meramente ambiental y se convierte en un problema sanitario que afecta la salud de los pobladores cercanos. Además, hay un estudio de la IARC, sigla en inglés de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, en el que se indica que los componentes inorgánicos del plomo, además de ser altamente tóxicos y contaminantes, son probablemente carcinogénicos, o sea, cancerígenos, porque afectan a nivel celular a las personas y demás seres vivos”, advirtió por último.