Las comisiones de Seguridad, Legislación General y Asuntos Municipales del Senado desarrollaron encuentros de trabajo en el recinto, en los cuales analizaron la reforma del reglamento de la Policía de Entre Ríos, iniciativas del Superior Tribunal de Justicia provincia y modificaciones a la Ley de Régimen Municipal.

Los senadores que conforman la Comisión de Seguridad analizaron el proyecto del Poder Ejecutivo que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, por el cual se modifica el Reglamento General de la Policía aprobado por Ley N° 5.654.

Participaron de la reunión de trabajo el presidente de la Comisión, Rafael Cavagna los senadores Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos), Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Nancy Miranda y Jaime Benedetti.

El senador Cavagna señaló que hay una necesidad del Poder Ejecutivo en cuanto al tratamiento del proyecto de ley, y la intención del bloque es avanzar en ese sentido. Los senadores de la oposición plantearon algunos cuestionamientos al texto, específicamente a los artículos 5 y 7 de la iniciativa, por lo que se consensuó continuar abordando el proyecto en próximas reuniones de Comisión.

Entre otras reformas, el proyecto propone que la División Asesoría Letrada sea reemplazada por la expresión “División de Asuntos Jurídicos” y dispone que la misma dependerá directamente del Jefe de Policía de la Provincia. Además, crea la División Investigación de Actos de Corrupción y la División Análisis y Prospectiva, dependiente del Jefe de Policía de Provincia.

Legislación General: reunión junto a integrantes del Superior Tribunal de Justicia

En tanto, los integrantes de la Comisión de Legislación General, presidida por el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), recibieron al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ), Leonardo Portela; a la vicepresidenta del organismo, Laura Soage; a la vocal Gisela Schumacher y el vocal Carlos Tepsich.

En este encuentro abordaron detalles de dos proyectos de ley que tienen origen en el STJ. Uno propone la implementación, de manera gradual y progresiva, de las Oficinas de Gestión Única en los Fueros Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo. Otro propone que el agente financiero de la provincia abone un canon mensual sobre los saldos disponibles en las cuentas bancarias judiciales que son abiertas por disposiciones de los jueces y juezas en los juicios que tramitan.

Según se recordó, en el marco de lo establecido por el artículo 123 de la Constitución Provincial, el alto organismo judicial está habilitado para presentar proyectos “cuando se tratare de materias vinculadas a la organización judicial”. El proyecto llegó a la Cámara de Senadores en abril de este año.

Benedetti destacó la importancia de contar con la opinión de los integrantes del STJ sobre el proyecto y reveló que también se requirió la del Colegio de la Abogacía y la de la Asociación de Magistrados. Informó que esta última envió un documento, el que fue comentado durante el encuentro.

Estuvieron presentes los Senadores Juan Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos Por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos Por Entre Ríos y Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos)

Sobre las gestiones del Poder Judicial se expresó ante los senadores del presidente del STJ, Leonardo Portela, quien después de agradecer la invitación al encuentro de trabajo, profundizó sobre el proyecto y destacó que se trata de responder a nuevos modelos de gestión, los que se han ido aplicando paulatinamente con muy buenos resultados. Detalló objetivos y explicó los beneficios de la existencia de una referencia única durante el trámite.

Detalles de la iniciativa

El proyecto de ley apunta a facultar al STJ “a adoptar todas las medidas necesarias y conducentes para ajustar el funcionamiento de sus áreas administrativas y jurisdiccionales a la implementación gradual y progresiva de las Oficinas de Gestión Única (OGU) en los Fueros Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo, lo que incluye propuestas de reubicación o reasignación del personal y sus tareas, preservando la jerarquía y los haberes, incluso solicitando la creación de nuevas dependencias y unidades de gestión en favor del correcto funcionamiento del servicio de justicia y del respeto por los derechos y garantías de justiciables”.

Para ello se apunta a facultar al STJ al dictado de todas las normas prácticas necesarias para la aplicación de las Oficinas de Gestión Única en los Fueros Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo.

Fondos de la Justicia Provincial

El senador Dal Molín, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, comentó a los Magistrados que había otro tema, también impulsado desde el STJ, sobre el que consideraron oportuno pedir una opinión.

Se trata de un proyecto de ley que obliga al Agente Financiero de la provincia a pagar, al Superior Tribunal de Justicia, un canon mensual sobre los saldos disponibles en las cuentas bancarias judiciales abiertas por disposiciones de los jueces y juezas provinciales en los juicios que tramitan.

La iniciativa del Superior Tribunal entrerriano, apuntando a ejercer de manera eficaz y eficiente el servicio de justicia, intentando dar respuesta a las demandas de la sociedad en su conjunto, despliega acciones para fortalecerse.

No está ajeno a todo eso lo relacionado a los recursos con los que se puede contar para hacerlo. Se explicó en la reunión que se aplica un mecanismo similar en otras provincias.

En Entre Ríos se ha iniciado un proceso de modernización administrativa, informática y también edilicia, buscando avanzar en la aplicación de métodos modernos, ajustados a normas de calidad. Se resalta desde el STJ que se trata de un “plan de gestión integral, que incluye la consolidación de políticas sobre cuestiones de género”.

Se busca, explicaron sobre ambos proyectos, mayor celeridad en los procesos con el uso de tecnología, lo que requiere inversiones y una renovación constante aprovechando además lo existente.

Para todo ello es necesario contar con recursos presupuestarios y financieros.

Oportunamente se logró la sanción de la ley 10.870, “que autorizó al STJER a disponer de los intereses generados por los fondos existentes en cuentas judiciales de aquellos expedientes concluidos o paralizados, y que estando en condiciones de ser requeridos por quien tiene derecho a los mismos, no fueron solicitados para su percepción en el plazo de tres (3) años”.

El senador Dal Molín agradeció los comentarios de los integrantes del STJ y adelantó que seguramente volverán a requerir opinión sobre este y otros temas.

Asuntos Municipales: Se acordó dictamen para una modificación a la ley de Régimen Municipal

La Comisión de Asuntos Municipales se reunió en el recinto de la Cámara Alta con el fin de considerar el proyecto de ley redactado en la anterior conformación del Senado. En relación a la designación de los jueces de faltas, se aplicaría un procedimiento de oposición y antecedentes.

Estuvieron presentes en el encuentro el presidente de la Comisión, Rafael Cavagna junto a los miembros Gustavo Vergara, Rubén Dal Molín y Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos).

Al respecto, Cavagna manifestó que “tomamos el proyecto del ex senador Armando Gay con vigencia parlamentaria” y en este sentido subrayó que “hay una línea en la provincia de poder concursar la mayor cantidad de cargos posibles”. Los senadores intercambiaron experiencias sobre el tema de la selección de los jueces para los municipios, hablaron de priorizar la transparencia, y que la idea es trabajar, producir y avanzar, por lo que acordaron firmar el dictamen favorable para luego ser tratado en sesión.

El texto del proyecto contempla modificar el artículo 119° de la ley N° 10027, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior, los Municipios podrán crear Tribunales de Faltas Municipales, lo que estará a cargo de jueces titulares designados por el Departamento Ejecutivo Municipal previo acuerdo por la mitad más uno de los miembros del Concejo Deliberante”.

Además, indica que “la designación del Juez de Faltas debe realizarse a través de un concurso público de antecedentes y oposición, que garantice el cumplimiento del requisito de idoneidad. A tal objeto, el municipio podrá solicitar la intervención del Consejo de la Magistratura de la Provincia”.

“Será inamovible mientras dure su buena conducta y cumpla con sus obligaciones legales. Podrá ser removido, por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante respectivo, cuando no observe buena conducta, no cumpla con sus obligaciones legales, cometa delito doloso o por inhabilidad física o mental, aplicándose en estos casos el procedimiento establecido para las sanciones y remoción de los concejales, previa instrucción de un sumario por el que se garantice debidamente el derecho de defensa”, detalla el texto.

Dentro de los fundamentos se lee que teniendo en cuenta el artículo 119° de la ley de Régimen Municipal, que otorga como facultad del Concejo Deliberante la de designar en los jueces de faltas, a propuesta del Presidente Municipal, y que el ejercicio de esta competencia ha sido dispar en la mayoría de los municipios, pero en pos de homogeneizar se considera necesario establecer el mecanismo de elección.

Se propone entonces se aplique un procedimiento de oposición y antecedentes, considerando que el mismo concurso es el mecanismo para demostrar las personas idóneas para el cargo, conforme a un criterio objetivo.