La denuncia efectuada el 7 de marzo de este año por Silvina Soledad Murúa, coordinadora provincial de los comedores que funcionan en el departamento Concordia, derivó en los últimos días en un paso concreto: las declaraciones de imputados.

El legajo tramita bajo el número 3075/24. Están acusadas una empleada de planta permanente y otra suplente del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Entre Ríos, ambas con funciones en instituciones escolares de Concordia; una vicerrectora titular y una rectora titular en diferentes escuelas de la capital del citrus.

A todas se les imputa lo mismo: “peculado”, delito previsto en el artículo 261 del Código Penal, en carácter de autoras materiales.

Las cuatro pasaron por tribunales el 5 de septiembre último, donde el titular de la Fiscalía 3, José Martín Núñez, a cargo de la investigación penal preparatoria, les notificó de la acusación que pesa en su contra. Invitadas a expresarse, todas se proclamaron inocentes.

Las acusadas efectuaban las compras en la misma distribuidora, cuyo dueño habría aportado pruebas relevantes para la investigación.

Fiscalía les imputa maniobras parecidas. Les atribuye haber solicitado y recibido mensualmente del proveedor el dinero no gastado asignado a la compra de insumos para el comedor. En la contabilidad se hacían figurar compras simuladas, con facturas del distribuidor, como si en efecto los alimentos habían sido adquiridos y consumidos, pero, en los hechos, las imputadas –sostiene la denuncia-, en acuerdo con el comerciante, se apropiaban de los importes en efectivo.

En uno de los casos, el procedimiento habría sido en ocasiones diferente, puesto que la denunciada habría pedido que le llevaran los alimentos pero no a la escuela sino directamente a un kiosco de su propiedad, ubicado a una cuadra y media del establecimiento.

Entre las pruebas reunidas figuran informes de Sidecreer, cuyas tarjetas son utilizadas para las compras de los alimentos; entrevistas con el distribuidor y, muy especialmente, capturas de pantalla de los WhatsApp que intercambiaban las cuatro imputadas y el propietario del negocio que las abastecía. 

En algunos de esos intercambios, aparecerían planillas de Excel con una columna asignada a “excedentes”, denominación dada al dinero en efectivo que presuntamente quedaba en poder de las acusadas. También habría mensajes en los que se acordaba la entrega de alimentos para fiestas navideñas y de año nuevo.

Fiscalía les imputa el peculado por cifras diferentes. En un caso serían 1.800.000 pesos. Otra se habría quedado con $ 4.500.000. En el tercer caso, el dinero en juego sería de 1.400.000 pesos y en la última de las acusadas el importe del perjuicio a las arcas públicas ascendería a 1.800.000 pesos.

Aunque en la fiscalía de Núñez reina un absoluto hermetismo, en despachos provinciales que siguen de cerca la marcha de la investigación no descartan que la lista de imputados se amplíe a nueve personas. Es más, sospechan que las maniobras descriptas en los cuatro casos investigados podrían haberse replicado en muchos más, configurando un sistema ilegal para desviar fondos de los comedores hacia la política, aunque por el momento la Justicia no cuenta con pruebas que respalden tal suposición.

Fuente: ElEntreRíos