El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió a las demandas que la provincia presentó ante la Corte Suprema por las deudas que mantiene el Estado Nacional. También habló de otros temas como la usurpación de tierras fiscales.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Rodríguez Signes refirió que “el gobierno provincial demandó por la regularización de los pagos del Anses, por la deuda que tiene por el déficit previsional, y por excedentes de Salto Grande, pero no demandamos un cobro de pesos por excedentes adeudados según el cálculo vigente que eran poco más de 3.000 millones de pesos, sino que esta nueva demanda es más de fondo, ataca el modo en que la Nación argentina establece el precio que entrega Salto Grande y como es muy bajo deja a la Cafesg sin recursos para hacer las obras complementarias a la represa”.

Recordó que la provincia fue ante la Corte “tres veces más: una en carácter de demandada, otra por los fondos del Conurbano bonaerense y una tercera cuando el gobierno de Macri bajó la alícuota de IVA y Ganancias afectando la coparticipación de la provincia”.

En cuanto a la respuesta de la justicia, comentó que “la Corte no ha respondido todavía porque recién estamos en los inicios del proceso, pero en el caso de los excedentes de Salto Grande pasó que nosotros presentamos la demanda en abril y la Secretaría de Energía de la Nación comenzó a regularizar los pagos de capital, no los intereses adeudados, y hoy de capital no tiene deuda. Y respecto al Anses hubo otra acción del gobierno nacional que fue mandar las auditorias a la Caja de Jubilaciones para poder avanzar en la liquidación de lo que nosotros le estamos reclamando. No fue la Corte, pero hubo una reacción del Estado nacional de empezar a movilizar los expedientes que están detrás de estos reclamos”.

En este marco, comentó que “en cuanto a los fondos de Salto Grande, somos Entre Ríos, Corrientes y Misiones las únicas provincias afectadas, pero en el caso de la Caja de Jubilaciones somos 15 y toda hemos actuado casi en sintonía, hemos intercambiado la información y los argumentos y nos movimos casi al mismo tiempo. Con Santa Fe y con Córdoba nos movimos prácticamente a la vez”.

Consultado por las expectativas de una resolución favorable a la provincia, Rodríguez Signes informó que “el gobierno nacional acaba de dictar el decreto 969 que es un modo de sustanciar los reclamos que tienen las provincias respecto a la Nación, y tratar de organizar las deudas y los créditos recíprocos. Tengo expectativas de que en ese canal se puedan resolver algunos temas porque no es solamente Anses y Salto Grande, sino que está toda la cuestión de la obra pública contratada por la provincia de Entre Ríos, pero financiada por la Nación en base a acuerdos bilaterales y la Nación suspendió los pagos, por eso lo reclamamos administrativamente, por ahora. Tengo expectativas de que se vaya resolviendo”.

En tal sentido, recordó que “en 2015 cuando salió el fallo a favor de San Luis, Córdoba y Santa Fe por la coparticipación en un año y medio tuvimos pacto fiscal, es decir que estas acciones terminan empujando pactos fiscales para tratar de arreglar las relaciones financieras entre la Nación y las provincias. Espero que así sea”.

Sobre los montos adeudados, detalló que “por Anses son alrededor de 150.000 millones de pesos, por obras con financiamiento nacional son del orden de los 6.000 millones de pesos, y esta última demanda que planteamos –que es un poco más compleja- por Salto Grande son 170 millones de dólares aproximadamente. Estamos hablando de cifras cercanas a los 400.000 millones de pesos, que es una fortuna, para Entre Ríos deben ser más de dos masas salariales”.

Asimismo, apuntó: “Creo entender que somos los que estamos más adelantados, porque ya presentamos la demanda. Respecto a Salto Grande, corrientes y Misiones no han presentado demanda, nosotros invitamos a las dos provincias a que se incorporen a este proceso. Y con respecto al Anses, creo que Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos somos las que están más avanzadas, pero todavía el gobierno nacional no ha regularizado”. Al respecto, sostuvo que “Santa Fe se ha caracterizado por ir al frente de este tipo de reclamos, no solamente ahora sino también con otros gobiernos. Ya ganó el juicio por la coparticipación retenida del 15% en 2015 y obtuvo un retroactivo muy grande que se lo terminaron de pagar, aunque sea con bonos, a fines del año pasado y principios de este año”.

Otros temas

Consultado respecto de las denuncias producidas por irregularidades en el puerto de Concepción del Uruguay, Rodríguez Signes explicó que “respecto de las denuncias penales no he tenido ninguna noticia, lo que sí he planteado es que allí quebró la empresa que tenía el permiso para poner el depósito fiscal y hemos pedido que se licite o se otorgue otro permiso de uso urgente porque los productores de la zona –que así arranca este problema- no tienen oportunidad de hacer en la zona el trámite para exportación e importación. Es un tema estrictamente de aduana por un lado y del Instituto Portuario que administra el puerto de Concepción del Uruguay”.

Por otra parte, confirmó que “formalmente” no le pidieron opinión sobre la modificación al Reglamento de la Policía provincial que planteaba la creación de una división de investigación de delitos de corrupción. De todos modos, consideró que “hay una disposición constitucional que obliga a crear una Fiscalía Anticorrupción, la misma se creó por ley 11.000 y hay un concurso pendiente. Mi posición es que hemos recorrido un trayecto bastante largo en la historia de Entre Ríos respecto de la ubicación institucional de la Fiscalía Anticorrupción y la posición correcta es que esté en el ámbito del Poder Judicial y, en particular, en ámbito del Ministerio Público Fiscal. En mi opinión debe terminarse el concurso, designar el fiscal y regularizar esa situación”.

Usurpación de tierras fiscales

Ante la situación repetitiva de usurpación de terrenos e islas fiscales, Rodríguez Signes sostuvo que “todos los días estamos sobre el tema desde el ángulo jurídico, a veces yo me traslado a los lugares, pero no soy quien puede tomar posesión y ocupar el territorio. Por eso planteé ya en anteriores administraciones la creación de una suerte de policía del río o policía ambiental con potestad de intervenir y controlar esto, especialmente en la zona de Victoria frente a Rosario, porque ahí es donde se produce la mayor cantidad de conflicto. Frente a Victoria, San Nicolás, Villa Constitución, San Pedro, Badarero, es decir en la zona donde en Entre Ríos no hay nada, pero del otro lado del río Paraná hay poblaciones de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe en donde hay incursiones de usurpadores permanentes, y eso requiere policía”.

“Lo que hemos planteado, incluso hay un expediente que tiene el ministro Roncaglia, que los cánones que tiene que pagar aquel que ocupa un inmueble de dominio público vayan a nutrir a la Policía Ambiental, porque es necesario tener recursos para moverse en toda esa zona que es un millón de hectáreas. El ministro estaba de acuerdo con eso, pero después hay que empujar los expedientes administrativos hasta lograr que se transformen en una realidad. Todavía no es una realidad, pero nosotros estamos encima de este tema, e incluso vamos por todo y cuando vemos una injusticia muy notoria, como el caso de Puerto Alvear hacemos la denuncia penal. En Puerto Alvear y en Rosario está hecha la denuncia penal, pero la solución  pasa por una mayor presencia policial en la zona donde hay mayor presión”, concluyó.

Entre Ríos presentó en la Corte otra demanda contra el Estado nacional por Salto Grande