Reforma previsional: el espejo de las otras provincias

Se llama “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” y combina dos clases de medidas que el propio Poder Ejecutivo distingue: las coyunturales, pensadas para contener en lo inmediato el rojo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y las estructurales, que apuntan a las causas de fondo y, según el mensaje oficial, recién empezarán a producir efectos verificables con el correr de los años. El proyecto firmado por Rogelio Frigerio y que viene tratando de consensuar diferentes puntos Gastón Bagnat, titular de la Caja, declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial hasta el 31 de diciembre de 2027, plazo que el Ejecutivo podrá prorrogar por decisión fundada, y modifica de manera permanente la Ley 8.732, que rige la materia desde 1993.

El gobierno insiste en dos garantías que repite a lo largo del mensaje: ningún jubilado actual verá disminuido su haber ni perderá derechos adquiridos, y se mantiene el régimen de movilidad atado a las paritarias del sector público, de modo que los haberes seguirán actualizándose según la evolución salarial de los activos. Sobre esa base, el oficialismo plantea que el debate legislativo es una invitación al consenso. La reacción de los gremios, en cambio, fue inmediata y crítica, y anticipa una discusión áspera en la Legislatura.

El mensaje que acompaña el proyecto trae los números con los que el Ejecutivo construye su diagnóstico. A enero de 2026 el sistema cuenta con 66.222 beneficiarios —entre jubilaciones, pensiones y beneficios de leyes especiales— frente a 120.592 aportantes activos. La relación quedó en torno a 1,82 aportantes por cada beneficiario, un indicador que el propio gobierno señala como crítico: hace dos décadas era sensiblemente mayor. Entre 2003 y 2026 la cantidad de beneficios creció un 105,2 por ciento, al pasar de 32.269 a los 66.222 actuales.

El haber promedio bruto de jubilados y pensionados era, a enero de 2026, de 1.557.070 pesos, mientras que el salario promedio bruto de los activos se ubicaba en 1.387.920 pesos. Esa relación, del 112,2 por ciento, es una de las facetas que el Ejecutivo considera más alarmantes: en promedio, un pasivo cobra más que un activo. Por escalafones, el sistema está dominado por el sector docente, que representa el 38 por ciento de los beneficiarios; le siguen la administración central, con el 27 por ciento —con fuerte peso de Salud—, los municipales con el 11,7 por ciento y la Policía con el 11,5 por ciento.

El dato más contundente es el del déficit. En el primer trimestre de 2026, las contribuciones personales y patronales sumaron 196.266 millones de pesos, mientras que las erogaciones por jubilaciones y pensiones alcanzaron 331.867 millones. El rojo operativo del trimestre fue de 135.601 millones de pesos, es decir, unos 45.200 millones mensuales que debió aportar el tesoro provincial. Traducido por beneficiario, el Estado puso 681.059 pesos de cada haber, financiados —según el razonamiento oficial— por el conjunto de los entrerrianos, muchos de los cuales no son beneficiarios del régimen. La serie histórica que presenta el gobierno refuerza la idea de un deterioro sostenido: el déficit operativo promedió 6,5 pesos por cada 100 de recursos corrientes entre 2011 y 2015, trepó a 7,8 en el quinquenio siguiente y llegó a 9,2 entre 2021 y 2025.

Medida por medida

En lo inmediato, la emergencia habilita un aporte personal extraordinario sobre los salarios más altos, con una escala progresiva que arranca en el 1 por ciento para sueldos nominales superiores a tres millones de pesos y llega al 8 por ciento para los que superan los 16 millones; quedan exceptuados quienes ganan menos de tres millones. El gobierno calcula que ese aporte le significará a la Caja unos 400 millones de pesos mensuales; alrededor de 5.800 millones al año. A la vez, eleva en tres puntos los aportes patronales de todos los empleadores del sistema, incluidos los municipios y comunas adheridos, lo que aportaría unos 4.000 millones anuales adicionales. El proyecto también autoriza al Ejecutivo a fijar topes a los beneficios que superen los quince haberes mínimos y a establecer aportes solidarios a cargo de los propios jubilados mientras dure la emergencia.

El corazón estructural de la reforma está en los cambios a la Ley 8.732. La edad para la jubilación ordinaria común se eleva a 65 años con 35 años de aportes, frente a los parámetros vigentes y los 30 años de servicio actuales. Para quienes ingresen a aportar después de la sanción de la ley, la edad será directamente de 68 años. La suba es gradual: recién empieza a regir a los cinco años de sancionada la norma, avanza a razón de seis meses por año calendario y se consolida en 2046. El haber inicial pasa a calcularse como el 82 por ciento del promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones —veinte años—, una base de cálculo mucho más extensa que la habitual. La movilidad permanece atada a las paritarias, pero se aplica con un desfasaje de sesenta días hábiles respecto del ingreso de los aportes. Los regímenes especiales —docentes, salud, Policía, penitenciarios— no se eliminan ni cambian sus requisitos de edad, pero sus beneficiarios deberán seguir aportando hasta alcanzar la edad de la jubilación común. Se suman, además, mecanismos de retención automática sobre la coparticipación de municipios y comunas y un sistema por el cual el Estado actuará como agente de retención de los aportes en las escuelas privadas subvencionadas.

Cuadro 1. Las principales medidas del proyecto

El proyecto de Frigerio no nace en el vacío. Trece provincias conservan caja propia y no transfirieron sus sistemas a la Nación en los años ´90: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Corrientes y Chaco. Desde la sanción de la ley conocida como Reparación Histórica, y con el telón de fondo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la Nación viene reclamando que esas cajas “armonicen” sus reglas con el sistema nacional. La exigencia abarca cinco parámetros: la edad jubilatoria, el porcentaje de aportes y contribuciones, los años de servicio, el cálculo del haber inicial y la fórmula de movilidad. Son, exactamente, los cinco frentes que toca el proyecto entrerriano. La presión no es retórica: el financiamiento que ANSES gira para cubrir los déficits provinciales quedó atado, en los hechos, al avance de esas reformas.

El espejo más cercano y más reciente es Santa Fe. A fines de 2024, el gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura una reforma que declaró la emergencia del régimen previsional de los estatales por dos años, prorrogables por dos más, con el objetivo de reducir entre un 20 y un 30 por ciento un déficit que ese año se proyectaba en 430.000 millones de pesos. La ley estableció un aporte solidario de entre el 2 y el 6 por ciento sobre los haberes de los pasivos —con excepción de quienes cobran menos de dos jubilaciones mínimas—, dispuso que quien gana más aporta más entre los activos y fijó un tope por el cual nadie cobra más de veinte jubilaciones mínimas, cuando antes había beneficiarios que percibían el equivalente a treinta y dos.

Los resultados que el oficialismo santafesino exhibe son favorables. El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, sostuvo en febrero de 2026 que la reforma “salvó el sistema” y que el déficit de la caja se redujo a la mitad: cerró 2025 en 311.000 millones de pesos cuando, sin los cambios, habría rondado los 650.000 millones. Tan favorable es el balance que la provincia decidió dar de baja el aporte solidario sobre los jubilados a partir de septiembre de 2026, descartando prorrogarlo. Hay, sin embargo, un dato que conviene no pasar por alto a la hora de comparar: Santa Fe no subió las edades jubilatorias. Mantuvo los 60 años para las mujeres y los 65 para los varones. Su mejora vino de las medidas de emergencia —el aporte solidario, los topes y el mayor aporte de los activos—, no del cambio estructural de edad que es, precisamente, la columna vertebral del proyecto entrerriano.

La advertencia de Córdoba

Si Santa Fe es la vidriera, Córdoba es la advertencia. Es la provincia que más lejos llevó la armonización: calcula el haber como el 82% del salario neto sobre las últimas 48 remuneraciones, modificó la movilidad para aplicarla recién cuando ingresan los aportes y elevó la alícuota personal hasta el 22% con la reforma de fines de 2025. Un especialista citado por el sitio de verificación Chequeado describió a Córdoba como “la que más ha hecho regresivo su sistema previsional” en su afán por equipararse al esquema nacional.

Y, pese a todo ese recorrido, el agujero no se cerró. El gobierno de Martín Llaryora debió prever en su presupuesto un déficit de 830.000 millones de pesos para 2026 y, en diciembre de 2025, el oficialismo presentó un nuevo proyecto para declarar otra vez la emergencia de la caja. La conclusión es incómoda para quienes presentan la armonización como una solución mágica: hacer “todos los deberes” no alcanzó para equilibrar el sistema, en buena medida porque la Nación dejó de cubrir el rojo en la proporción de antes. El cuadro siguiente ordena dónde se aplican ya medidas idénticas a las que propone Entre Ríos.

Cuadro 2. Medidas idénticas o equivalentes, según provincia

Más atrás en el tiempo hay otros antecedentes que el proyecto entrerriano recoge sin nombrarlos. Formosa modificó su régimen a partir de 2016 y elevó la edad jubilatoria de los varones de manera escalonada hasta llegar a los 65 años en 2024, manteniendo los 60 para las mujeres y exigiendo 25 años de aportes, con un haber máximo equivalente al 52,5 por ciento del sueldo en actividad. Buenos Aires, en cambio, ofrece el ejemplo del fracaso político: en 2017 la entonces gobernadora María Eugenia Vidal intentó subir la edad de los estatales de 60 a 65 años y reemplazar la movilidad atada al cargo por la fórmula nacional, pero la resistencia gremial frustró la iniciativa. En ese tablero, el piso de 68 años para los nuevos aportantes que plantea Entre Ríos aparece como el dato más agresivo del proyecto: no se registra un antecedente provincial que haya fijado un umbral semejante.

La literatura técnica es clara: la armonización modifica la tendencia del déficit, pero sus resultados no son inmediatos. Si la edad jubilatoria del proyecto entrerriano recién empieza a moverse en 2031 y se consolida en 2046, su efecto fiscal estructural es de larguísimo plazo. Lo que mueve la aguja en lo inmediato son los aportes extraordinarios, los topes y —sobre todo— las transferencias nacionales. El caso santafesino lo confirma: la mejora llegó por la vía coyuntural, no por la estructural.

Hay un dato histórico que desnuda la paradoja. Las provincias que más avanzaron en la armonización —Córdoba, Santa Fe y la propia Entre Ríos— son, al mismo tiempo, las que arrastran los mayores déficits. Armonizar y tener un rojo abultado no son cosas excluyentes: conviven. Un trabajo de la Universidad Católica de La Plata ubica a Entre Ríos, junto con Santa Cruz, entre las provincias donde el déficit previsional tiene mayor incidencia, rondando o superando el equivalente al 10 por ciento del gasto provincial. El cuadro de abajo resume esa fotografía.

Cuadro 3. Medida central y resultado declarado, por provincia

Sobre todo, este esquema pesa una contradicción difícil de sortear. Mientras la Nación exige armonizar para “merecer” el financiamiento, el propio Presupuesto 2026 recorta los giros a las provincias con caja propia. Según el análisis del articulado, la partida prevista para cubrir los déficits previsionales provinciales es de apenas 122.763 millones de pesos —alrededor de la mitad, en términos nominales, de lo contemplado un año antes— y alcanzaría para cubrir apenas un 4 por ciento de lo que ANSES debería transferir. Dicho de otro modo: la variable que efectivamente mejoró las cajas en lo inmediato —la plata nacional— es la que se está achicando.

El propio gobierno entrerriano pone en valor sus gestiones en ese frente: dos convenios firmados con ANSES en 2024 y 2025 que reconocieron a favor de la provincia 26.000 y 48.000 millones de pesos, respectivamente, y acciones judiciales ante la Corte Suprema para recuperar acreencias. Pero esos montos, lejos de equilibrar el sistema, apenas morigeran un déficit que el propio mensaje admite “aún muy significativo”.

La discusión, que recién empezará en la Legislatura entrerriana, no es solo técnica. Es, sobre todo, sobre quién paga el costo de un desequilibrio que se viene postergando desde hace décadas.