Así lo dicen los testimonios que contiene la causa que tramita la jueza Susana María Paola Firpo, quien en noviembre de 2014 asumió el timón de la causa penal que se abrió en septiembre de 2012 en Tribunales. El expediente contiene el testimonio del cura Gervasoni, quien ingresó al Seminario en 1984, y en 1996 ocupó la misma función que Ilarraz: fue prefecto de disciplina. En 1995, cuando el entonces arzobispo Estanislao Karlic ordenó investigar a Ilarraz luego de conocerse las primeras denuncias de abusos, Gervasoni tuvo que declarar.

Dijo en la Justicia que le requirieron su testimonio pero que no le aclararon en el marco de qué causa ni por qué motivos. Que lo hizo por escrito, y que ese escrito, después, lo puso en manos del entonces rector del Seminario, hoy arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari.

Olvidos

Gervasoni llegó con muchos “no sé” a Tribunales, y cuando le preguntaron qué tanto sabía de la investigación sobre Ilarraz, sobre las gestiones de la Iglesia y el rol del arzobispo Puiggari, respondió que poco y nada, y fue durante ese trámite que el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull le recordó que estaba testimoniando bajo juramento de decir la verdad, y que no contar todo lo que sabía lo haría incurrir en el delito de falso testimonio.

Gervasoni dijo que jamás conoció a las víctimas haber soportado abusos, que nunca ningún sacerdote le comentó nada de Ilarraz, y lo recordó como a un cura que acompañaba a los seminaristas en el estudio y en el deporte. Pero otros testigos aseguran que Gervasoni conocía el caso, y bien de cerca, que intervino como intermediario en los encuentros que Puiggari mantuvo con algunas víctimas, y con uno de los querellantes, el abogado Milton Urrutia.

El tema fue abordado por el vocal de la Sala Penal del STJ, Carlos Chiara Díaz, en su voto de rechazo al planteo de prescripción formulado por la defensa de Ilarraz. Chiara Díaz planteó que es “factible asimismo que los límites de esta investigación” no sólo “podrá ampliarse con el aporte de otros damnificados y denunciantes que suministren nuevas evidencias, tal como lo afirman los representantes del Ministerio Público Fiscal, sino que podrá enriquecerse en el aspecto fáctico con el descubrimiento de otros delitos conexos a cargo de otros imputados, partícipes o encubridores, tal cual se insinúa y concreta de lo requerido por el Agente Fiscal de la ciudad de Paraná, Juan Francisco Ramírez Montrull, quien solicitó por ahora a la señora jueza de Transición medidas sólo contra Ilarraz, pero también la remisión de testimonios de algunas declaraciones ante la probable comisión del delito de Falso Testimonio por parte del sacerdote Mario Gervasoni”.

La Cúpula

Chiara Díaz, que en su fallo votó “para que el trámite del debido proceso prosiga en este caso y sea rechazada la extinción de la acción penal pretendida por vía de prescripción en beneficio del encausado Justo José Ilarraz”, también se mostró esperanzado en que “la cúpula de la Iglesia Católica aporte lo que se prometió en una reciente declaración pública por los medios acerca de elementos idóneos para esclarecer los hechos y llegar a la verdad real sobre los acontecimientos” ocurridos en el Seminario.

De momento, lo que surge de la investigación sobre el cura Ilarraz –hoy radicado en Tucumán, y quien mañana deberá ampliar su indagatoria ante la jueza Firpo—es la apertura de una nueva causa en forma paralela, en manos del fiscal Ramírez Montrull que avanzará en la posibilidad de que el secretario privado de Puiggari haya incurrido en el delito de falso testimonio.

En su momento, el fiscal Ramírez Montrull explicó que “hay que tener en cuenta que se configura el delito de falso testimonio por callar la verdad, por no decir lo que se sabe. Él dice que no sabe nada, y surge de distintas declaraciones que sabe, y que estuvo en muchas situaciones relacionadas con la causa”.

El querellante Milton Urrutia aporta un dato relevante: el 27 de junio de 2012, las víctimas presentaron una nota a Puiggari para solicitar una audiencia. Esa audiencia se concretó durante la feria judicial de invierno de ese año. Entonces, se le solicitó al arzobispo que Ilarraz cesara en su estado clerical, pero el asunto no avanzó demasiado, de modo que acordaron un nuevo encuentro. Llegado septiembre, la reunión no había tenido lugar por lo que insistieron ante el obispo. Fue entonces que Gervasoni tomó el teléfono y los citó a un encuentro que tuvo lugar hacia el mes de octubre.

Ese sería uno de los elementos clave que hablan de la cerca relación de Gervasoni con todo lo concerniente a la causa Ilarraz.

Sin resolución

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) todavía no se expidió respecto del recurso extraordinario presentado por el defensor del cura Justo José Ilarraz, el abogado Juan Ángel Fornerón, que quiere llevar el tema de la prescripción a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fornerón sostiene que “los hechos imputados a mi defendido fueron ubicados temporalmente de forma expresa e indubitable antes del año 1992”, y por lo tanto, están prescriptos. “Se observa claramente cómo los hechos que se investigan en estas actuaciones habrían ocurrido más de veinte años antes de promoverse las denuncias, habiendo largamente expirado el plazo de prescripción de la acción penal dispuesta por nuestro ordenamiento”, dice el escrito. En su presentación, Fornerón entiende que el fallo de la Sala Penal del STJ “creó” una “nueva categoría de delitos imprescriptibles”, y sostiene que la sentencia en mayoría firmada por los vocales Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak “obstaculiza la aplicación del instituto de la prescripción de la acción penal” y, “más grave aún resulta la creación de un nuevo paradigma jurisprudencial en mérito al cual cualquier juez puede considerar imprescriptibles cualquier tipo de delito con sólo estimar que en el caso concreto existe una grave violación a los derechos humanos”, publicó El Diario.