De ANÁLISIS DIGITAL

Pasado el mediodía comenzó la audiencia en la Cámara de Casación Penal de Paraná, compuesta por los vocales Hugo Perotti, Rubén Chaia y Marcela Davite. A esta instancia se llegó luego de que el Tribunal Oral de Gualeguaychú decidiera clausurar el debate, al considerar que no se podía citar como testigos a personas que había sido víctimas de los abusos de Broggi sin ser contemplados en la denuncia inicial. En su momento, fiscales y querellantes explicaron que esas víctimas no habían sido contempladas dentro de la demanda porque en sus casos particulares, el delito estaba prescripto. Fue así que tomaron sólo a dos de las víctimas y emprendieron el proceso judicial, tratando de demostrar a partir de las dos denuncias -y sin descartar otros testimonios de personas abusadas-, la Corrupción agravada de menores. “No queríamos estar tres o cuatro años discutiendo la prescripción, como nos pasó con Ilarraz”, comparó este viernes García.

La audiencia fue breve. En menos de una hora, Darío Carraza, Jorge García y Rubén Gallardo dieron sus argumentos a favor de una u otra posición: la clausura y vuelta de la causa a la etapa de investigación preparatoria, o la reanudación del debate oral que dirigía el Tribunal de Gualeguaychú.

Al término de las exposiciones, los vocales de la Cámara de Casación Penal de Paraná informaron que no habrá veredicto, y que la sentencia completa con sus fundamentos será dada a conocer el martes 22 de diciembre.

García habló de “decisión osada”

Para el procurador Jorge García, lo sucedido en el marco del debate oral fue de “gravedad institucional”. Así lo explicó este viernes, cuando reivindicó la actuación del Ministerio Público Fiscal, que delimitó cuáles denuncias llevar a juicio. “Venimos ratificando el escrito casatorio de la Fiscalía”, adelantó a los vocales.

“Este es un caso de gravedad institucional. La doctrina de la gravedad institucional, en lo que hace a la actuación del Ministerio Público Fiscal en representación de las víctimas y coadyuvando con la querella, tiene que ver con esto que en el ámbito constitucional se señala como tutela judicial efectiva”, explicó. Luego agregó que entienden que “es de gravedad institucional porque es en su rol el Ministerio Público el que tiene la representación de las víctimas, y este rol es constitucional -recalcó-. O sea, el tribunal no puede, como en este caso que hay un error marcado hasta en la parte resolutiva donde dice: ‘hacer lugar al planteo de la defensa’, siendo que no hay ningún planteo de la defensa. Es absolutamente de oficio, incluso hubo como un reto a la defensa sobre por qué no decía clausura en vez de suspensión. El tribunal entiende no sé por qué razones y clausura como una cosa totalmente arbitraria en términos de gravedad institucional por afectación a la tutela judicial de las víctimas”.

En la misma línea argumental, García añadió otro punto. Dijo que “hay un cambio cultural” en cuanto a comprender los abusos sexuales a menores. “Cuando las víctimas pueden elaborar, la justicia les dice que ya está, que se acabó el tiempo para denunciar”, manifestó. Asimismo, adelantó que en esta causa se pedirá la aplicación “retroactiva” de la ley impulsada por la senadora nacional Sigrid Kunath -la norma aprobada recientemente por la Legislatura establece que en casos de abuso sexual, la prescripción empieza a correr una vez denunciado el abuso y no antes-.

Defendió la investigación de la Fiscalía y señaló que su actuación estuvo orientada por “un plan estratégico de acusación”. “No íbamos a estar tres o cuatro años discutiendo la prescripción como pasó con Ilarraz. Entonces llevamos dos casos que no prescribieron pero son la punta de un iceberg. Cuando decidimos ir por estos dos hechos, la defensa no lo cuestionó en la remisión de la causa a juicio, sólo planteó un cuestionamiento por la prueba de un allanamiento. Además, cuando se hizo el alegato de apretura, se reiteró que no se trataba de un simple abuso deshonesto. Sin embargo, el segundo día de audiencia el tribunal nos sorprendió con esta decisión osada. Pedimos que se respete la estrategia constitucional, que nos dejen probar la corrupción y acá entra la posibilidad de que otras víctimas puedan declarar”, reclamó para concluir.

Minutos antes, el querellante Darío Carraza también cuestionó la determinación de clausurar el debate. Pero pidió algo más que García, solicitó que el debate continúe con otro tribunal. “En primer lugar porque el Tribunal dice que todos los abusos de Broggi fueron un pan sistemático. Pero nosotros nunca dijimos eso, nosotros sostenemos que cada víctima fue un plan de Broggi”, apuntó. Asimismo, porque “advertimos que el desempeño del Tribunal no se condice con el pedido de justicia de las víctimas”. “Es una decisión de la Fiscalía si amplía o no -la denuncia-”, añadió. También recordó que en la audiencia que se determinó la clausura del debate, la defensa no especificó si quería clausura o suspensión, y eso fue advertido por uno de los vocales, luego de lo cual, “la defensa recogió el guante” y recién se pidió la clausura.

Gallardo dijo que no quiere “80 o 90 juicios” por el mismo delito

En primer término, el defensor de Broggi marcó: “No se trata de niños, sino de dos personas de 17 años”. Señaló que no plantearon la prescripción en instancias anteriores “porque no había desarrollo del caso”.

Luego dijo que no se le “tiró ningún guante” en la segunda audiencia del juicio oral, en Gualeguuaychú. “No vamos a someter a Broggi a 80 o 90 juicios, así que queremos saber con precisión si hubo o no un plan, y en tal caso, quiénes son los afectados”, pidió. “Si un testigo declara delante de un tribunal que fue víctima, claro que pretendemos saber si lo van a volver a denunciar”, acotó.

Se quejó de la cobertura mediática del caso y planteó que como defensor, sólo conoce lo que dice la causa. “Por todo eso estuvimos cuatro horas encerrados sin poder salir”, indicó, en referencia al asedio periodístico.