Con ex funcionarios entre los acusados, inicia el juicio por la tragedia de Once

El proceso estará a cargo de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini, los mismos que condenaron a la ex ministra de Economía Felisa Miceli. La cuarta jueza, que deberá intervenir en caso de ausencia prolongada de algunos de sus colegas, es Ana María D'Alessio, hija del ex juez del juicio a las Juntas y ex procurador Andrés D'Alessio.

La acusación estará a cargo del fiscal federal Fernando Arrigo y las víctimas estarán patrocinadas por cuatro grupos de querellantes que lideran los abogados Gregorio Dalbón, Miguel Ángel Arce Ageo, María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli, y la familia del joven Lucas Menghini.

Encabezan la lista de acusados los ex funcionarios que estuvieron a cargo del área de Transporte del gobierno nacional desde 2003 y los responsables de los controles sobre las empresas: ellos son los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Eduardo Sícaro; Antonio Guillermo Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario, y Pedro Ochoa Romero, ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), informa La Nación.

Por los empresarios, encabezan la acusación los hermanos Sergio y Mario Cirigliano, responsables de TBA, además de los ejecutivos de las empresas controlantes y controladas por el grupo.

Los abogados de los empresarios tienen una estrategia conjunta. Al menos esto era así hasta que uno de ellos, el abogado de Lluch, presentó, por su cuenta, un pedido de probation, para suspender el juicio a prueba para su cliente a cambio de una indemnización y realizar trabajos comunitarios. El tribunal rechazó la petición y Lluch hoy analiza si cambia de abogado. Entre los acusados está Marcos Córdoba, el maquinista que estaba a cargo del tren chapa 16 el día de la tragedia.

Los funcionarios y los empresarios serán juzgados por el delito de estrago culposo y fraude. Las querellas sostienen una acusación más grave pues algunas acusan a los funcionarios y empresarios de estrago doloso, con intención, lo que implica una figura penal mucho más grave.

Puede haber sorpresas en el juicio. Ya sea porque la evidencia agrave las acusaciones de las fiscalía o porque los funcionarios o empresarios en sus declaraciones apunten a otros que no están sentados en el banquillo.

En el juicio se discutirán tres problemas básicos: Si los frenos del tren funcionaban, lo que motivará un duelo de peritos. Hay dos peritajes realizados: en el primero se determinó que los compresores del sistema de frenos de la formación no recuperaban satisfactoriamente el aire que indica el manual del fabricante. En un segundo peritaje, conocido hace una semana, se hicieron simulaciones de desperfectos y de frenado, y se determinó que el sistema debería haber funcionado. Tanto el fiscal como la defensa de Córdoba cuestionan ese resultado, pues se realizó sobre un tren de la línea Mitre en perfecto estado de mantenimiento y no con los compresores del tren accidentado. El peritaje, además, señala que no se pueden extrapolar las conclusiones a la formación que chocó en Once.

El segundo tema por debatir será el destino de los subsidios. Estudios de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la CNRT determinaron que los trenes no estaban en buen estado y que no se aplicaron los subsidios recibidos a su mantenimiento. En esta causa se analizará si los subsidios llegaron a este tren siniestrado y si se usaron para mantenerlo.

No sólo se cuestionarán los montos, sino si los subsidios, una vez recibidos por la empresa, deben ser considerados fondos públicos. La diferencia no es menor: si se consideran fondos del Estado, su uso indebido puede ser cuestionado. En cambio, si prospera la idea de que el subsidio se otorga a la tarifa que recibe el pasajero, se podría argumentar que con la plata se podían pagar regalos, auspiciar autos de carrera o transferirla a empresas del mismo grupo.

Por último, se discutirá si hay un nexo causal entre el accidente y la responsabilidad de los funcionarios. Es decir, si estaba dentro de sus deberes evitar la tragedia y si podrían haberlo hecho. La hipótesis fiscal es que el Estado entregó subsidios y no controló su destino, con lo que se perjudicó el Estado y se produjo por ello el estrago. Se debatirá si los funcionarios tenían la posibilidad de haber intervenido para evitar la tragedia o si, por omisión, fueron sus responsables.

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