En su decisión, la Sala I del Tribunal de Apelaciones entendió que la resolución del Juzgado Federal 5, que dictó las preventivas, "cumple con las exigencias" para tomar esa resolución y ha sido sustentada "en la valoración de las pruebas producidas en la causa y en el análisis de los distintos tipos penales imputados, por lo que resulta una derivación razonada del derecho vigente", según informa Página 12.

Los magistrados consideraron que "se ha comprobado que Salvador Siciliano, junto con otras personas, conformaba el grupo ejecutor identificado como 'número 1', que recibía órdenes de López Rega a través de Conti, como 'enlace'" por lo que sostuvieron que "Conti ejercía poder de mando sobre los grupos a su cargo, entre los que estaban los dirigidos por Yessi y Siciliano".

Según la causa, Conti asumió en octubre de 1974 como subsecretario de Prensa de la Presidencia de la Nación y trabajó en Casa de Gobierno hasta el 20 de abril de 1975, cuando renunció. En la causa pudo "determinarse la existencia de un
aparato organizado de poder, estructurado verticalmente, a través del cual se transmita una orden desde los estratos altos, de manera descendente y sin interferencia, a alguno de los estratos bajos, que son los que cumplen en los términos y límites determinados por ella el papel de ejecutor, extremo esencial para construir este tipo de autoría".

En referencia a Villone, el tribunal dio por probada su participación en el crimen del sacerdote Mugica y otros hechos. Sobre Siciliano se dio por probada su relación laboral en el Ministerio de Bienestar Social desde 1973 y su pertenencia a la "asociación ilícita" y responsabilidad en al menos ocho ataques de la Triple A.

Para los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, hay pruebas para sostener que todos integraron la "asociación ilícita" Triple A, fundada por el entonces ministro de Bienestar Social de la Nación durante el gobierno de Isabel Perón, y participaron de sus crímenes.

La Cámara declaró la "nulidad parcial" de los embargos fijados por 10 millones de pesos a algunos de los detenidos y ordenó fijar nuevos montos. En la resolución se evaluó la responsabilidad de los detenidos en el crimen de Mugica, entre otros asesinatos cometidos por el grupo parapolicial.