El procurador general de la Nación, Esteban Righi, dispuso la creación de una nueva Unidad Fiscal para monitorear y apurar las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura en todo el país, que estará a cargo del fiscal general Jorge Auat -que investiga la Masacre de Margarita Belén-, a fin de agilizar el ritmo de las causas contra represores y ante la campaña de amenazas que se agudizó tras la condena al ex comisario Miguel Etchecolatz, y con el objetivo de colaborar en la protección de testigos. Auat apuntó contra la Cámara de Casación, pero también remarcó que en varias provincias “la constante excusación de jueces que se pasan los casos unos a otros paraliza los juicios”.

“Se hace imperioso adoptar medidas para la coordinación de estrategias a nivel nacional que hagan posible la apertura de los juicios en los plazos más breves posibles”, sostuvo Righi en la resolución que firmó este miércoles a través de la cual se crea la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas durante el terrorismo de Estado.

Si bien en la Procuración General ya existe la Unidad de Asistencia para causas contra represores, que está a cargo de Félix Crous, este sector funcionará en forma autónoma y se concentrará en las megacausas sobre los crímenes cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército y en la ESMA, aunque también asistirá al resto de las investigaciones. La Unidad tendrá un papel clave en la preparación y desarrollo de los juicios orales de esas dos investigaciones que fueron reabiertas tras la anulación de las leyes de impunidad.

Auat viene actuando como fiscal en casos de violaciones a los derechos humanos en Chaco y Formosa. Recibió varias amenazas durante la investigación de la Masacre de Margarita Belén -en la que fueron asesinados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez- y fue blanco de las intimidaciones que sucedieron al juicio a Etchecolatz y la desaparición del testigo Jorge Julio López. Ahora tendrá el desafío de diseñar caminos para destrabar los juicios en todo el país, en especial en el interior.

Righi definió que la Unidad a cargo de Auat tendrá la misión de hacer un “seguimiento y monitoreo de los procesos en trámite en todas las jurisdicciones, mantener actualizada una base de datos y coordinar con los fiscales de todo el país estrategias de investigación que posibiliten la apertura y sustanciación de los juicios” por crímenes del terrorismo de Estado con rapidez. Más aún, señala que debe “realizar toda las acciones necesarias para el avance de los procesos y lograr una respuesta institucional en un plazo razonable”, al tiempo que deberá “colaborar con los poderes del Estado para la protección de actores y testigos”.

En la actualidad hay 256 militares, policías o civiles presos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura -ninguno de ellos en el ámbito de la provincia de Entre Ríos-, pero sólo cinco cumplen condenas. En los tribunales porteños siete expedientes ya están listos para la etapa de juicio oral, aunque no tienen fecha de inicio. En La Plata, la semana pasada fue elevado el caso del cura oriundo de Concordia Christian Von Wernich. En tanto, en el Juzgado Federal de Paraná aún no se ha dado respuesta al pedido efectuado por abogados de las víctimas para citar a prestar declaración indagatoria a 14 militares y civiles imputados, entre ellos Juan Carlos Trimarco y Ramón Genaro Díaz Bessone.

Sin embargo, el gran embudo que genera dilaciones se produce en la Cámara de Casación Penal, donde están estancados más de cien trámites, incluido el que debe resolver bajó que procedimiento se juzgará a los imputados en el “Àrea Paraná”, si bajo el antiguo sistema escrito o mediante el actual régimen oral y público.

Sin embargo, Auat explicó que en algunas provincias se presentan obstáculos incluso anteriores a la Cámara de Casación. “En jurisdicciones chicas, con frecuencia los jueces se inhiben, ya sea por parentesco, violencia moral, amistad o enemistad con los imputados. Las razones varían, pero el resultado es la parálisis de las investigaciones. Esta es una de las problemáticas que vamos a tener que resolver. De nada sirve que impulsemos los juicios si no tenemos jueces. Por eso vamos coordinar acciones entre las fiscalías de distintos lugares del país y porque intentamos evitar la superposición entre investigaciones”, dijo.

Según el fiscal, algunas de las provincias donde se han producido las más serias dilaciones son Formosa -donde está imputado el capitán Marcos Rodríguez-, Salta y Chaco, aunque lo primero que hará será un relevamiento detallado de la situación de los juicios en el país.

Fuente: Página/12.