Por D. E.
(de ANALISIS DIGITAL)

La decisión de la jueza Marina Barbagelata se hizo esperar más de lo debido, pero al fin llegó. Las apelaciones, las chicanas jurídicas y la espera por algunos exámenes médicos provocaron tanta demora. Lo importante es que una de las principales causas de corrupción en Entre Ríos, en los últimos 18 años, sigue su curso y puede terminar con condenas a quienes armaron un entramado inteligente para desviar dineros públicos del Senado provincial cuando el bioquímico crespense, Héctor Alanis, era vicegobernador y lideraba un grupo de familiares y amigos que se dedicaron a ese plan de corrupción que durante años se denunció en absoluta soledad. Alanis y su lugarteniente, Crettón Pereyra, siempre respondieron irónicamente y sonrieron ante cada denuncia, tras la primera embestida de la hoy desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que lideraba Oscar Rovira. Alanis se cuidó de exhibir su crecimiento patrimonial, pero no sucedió lo mismo con el ex director administrativo, Crettón Pereyra, quien hizo fastuosas inversiones en la provincia de Misiones, donde actualmente reside desde fines de 1999 y apenas retornó al territorio que lo vio nacer se ufanaba de repetir entre sus amigos que disponía de “cinco millones de dólares” para gastar e invertir.

De hecho, los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, que defienden al ex vicegobernador Héctor Alanis y a su sobrino Maximiliano –que cumplía funciones administrativas-, como así también el letrado Rubén Efraín Cabrera, quien asiste al ex director del Senado, José Maximiliano Crettón Pereyra, solicitaron a Barbagelata el “sobreseimiento” de sus clientes. Pero la jueza rechazó cada uno de los planteos, al hacer lugar a la contundencia del planteo del procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García y de la fiscal Laura Cattáneo, en el sentido de avanzar en la causa, después de un vergonzoso parate que se extendió por varios años, como consecuencia del cajoneo que adoptó el entonces juez de Instrucción Héctor Toloy, quien nunca se apartó de dicho expediente, pese a haber sido asesor de la Cámara Alta provincial.

Tal como revelara la revista ANALISIS el año pasado, el escrito del Procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en el cual se basó la fiscal Laura Cattáneo al hacer la acusación, criticó duramente a la etapa de instrucción por su “ligereza y falta de rigor analítico” respecto de “un hecho institucional gravísimo”, como lo es que “un vicegobernador y altos funcionarios de uno de los máximos poderes del Estado provincial, el Senado, sustraigan fondos públicos mediante una cuenta fantasma”. García también le apuntó duramente al Tribunal de Cuentas, por mirar para otro lado ante la maniobra fraudulenta. “El yerro silogístico consistió en remplazar la premisa mayor por una conclusión anticipada que es falsa: los acusados auditores dicen que controlaron, sin dar ninguna razón de ello. Ergo: si lo dicen ellos –premisa menor- no pudo existir peculado. Esto es una falacia; es decir, un argumento de apariencia pero falso, que sustituye el análisis riguroso de la prueba pericial, que desde la denuncia se agregara y que coincide con lo afirmado por los peritos oficiales Escales y sobre todo el contador Cozzi, por una afirmación absurda de los acusados, los sobreseídos Cristian Treppo (actual intendente de Seguí) y Pérez”, dijo García.

Según el procurador, “aún cuando los acusados principales Alanis o Crettón Pereyra hubiesen hecho desaparecer todo atisbo de papel, es imposible que ante semejantes montos a auditar, como dice Cozzi, los funcionarios encargados del control in situ no recordasen nombres, cargos, ni guardasen siquiera papeles de trabajo, copias o anotaciones sobre los movimientos y transferencias hacia la irregular cuenta corriente, en el Programa 18. Como se verá, en el cruzamiento contable de los restos o huellas de los delitos cometidos, nunca los auditores (del Tribunal de Cuentas) hicieron un control debido, sino que se limitaron a esperar la mera rendición tardía, dibujada, que les remitieron los acusados”, acotó García.

La denuncia por el mismo hecho ya se había presentado en 2000 por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Esa presentación inicial hablaba de un desvío de aproximadamente 6 millones de dólares, pero las que se fueron anexando pudieron establecer que éste consistió en más de 20 millones. No obstante, la investigación de marras aparece centrada en el desvío millonario que existió solamente en 1999, ya que lo sucedido en años anteriores estaría prescripto.

Los responsables de la Administración de la Cámara de Senadores –a partir de la llegada de Sergio Montiel y Pauletti- no pudieron encontrar las resoluciones que habrían dispuesto durante 1999 la supuesta contratación de personal, como tampoco los instrumentos de los contratos ni los recibos de percepción de las retribuciones, excepto una “pequeña nómina”. Así fue que los montos supuestamente destinados al pago de contratos no habrían ingresado en el movimiento administrativo y contable; “por lo tanto, habrían sido desviados hacia otros fines totalmente desconocidos con evidente ilicitud y grave perjuicio al Estado, sin que los funcionarios encargados del control de las cuentas advirtieran que las sumas denunciadas como transferidas no ingresaban y, por ende, no se rendían ante el Tribunal de Cuentas que practica una auditoría permanente de control selectivo en el Senado”, continúa diciendo la denuncia.

En la entonces presentación de la FIA, la “operación ilícita” se habría efectuado a través de la apertura de una cuenta corriente bancaria dispuesta mediante decreto de la Presidencia de la Cámara de Senadores, cuyos movimientos “no fueron declarados por los responsables ni tenidos en cuenta por los auditores delegados del Tribunal de Cuentas” al momento de analizar las rendiciones. A través de esta cuenta, los responsables “efectuaron todas las maniobras de extracción de fondos públicos sin que medie comprobante alguno del destino o de lo realizado con dichos importes”. Ese 11 de diciembre de 1999, el entonces director de Administración de la Cámara de Senadores, Crettón Pereyra, al entregar la documentación correspondiente señaló que existía una única cuenta corriente con la cual operaba la Vicegobernación y que, llamativamente, no se trataba de la denunciada.

Después de ser vicegobernador de Jorge Busti en su segundo gobierno, Alanis se transformó en diputado provincial del PJ en la segunda gestión de Sergio Montiel e incluso tuvo un rol crítico en la sesión en que se rechazó el juicio político al viejo caudillo ya fallecido, Posteriormente, Alanis estuvo al frente del área municipal del primer gobierno de Sergio Urribarri y recién a partir del 2011 dejó la función pública.

Dinero público, dinero de todos

Varios de los protagonistas de esta historia se cuidaron bastante con el dinero en esta última década. El ex vicegobernador Alanis, que tiene una clínica con su esposa y mueven un importante caudal de dinero, siempre tuvo un buen pasar. Su sobrino Maximiliano Alanis hizo algunos negocios menores en el norte de Santa Fe, donde residió por casi diez años, aunque ahora retornó y es familiar político del ex gobernador Jorge Busti. Pero quien rompió el molde fue el ya mencionado Crettón Pereyra.

El hábil funcionario volvió a su pueblo, Montecarlo, de donde había partido muy jovenzuelo, como humilde empleado bancario. “Yo tengo más de 5 millones de dólares para invertir”, se ufanaba a fines del ’99, cuando comenzó a reinsertarse, sorprendiendo a propios y extraños. La revista ANALISIS publicó en su momento fotos de su amplia residencia, como así también de su complejo de cabañas, pero nadie quiso avanzar demasiado, pese a las pruebas. Se construyó una mansión y hasta se dio el gusto de, al no verse satisfecho con la construcción, de ordenar su derrumbe y empezar de nuevo. Pero también cuenta con un complejo de cabañas, lleva adelante la construcción de otros proyectos turísticos en la zona de Montecarlo, donde reside, y se mueve en una camioneta 4x4 que cuesta más de 55.000 dólares. Ahora vendrá el momento de rendir cuentas ante la justicia. Cuando cada uno de los protagonistas de esta historia tengan que estar en el banquillo de los acusados.